Si Coalición Canaria (CC) y los integrantes de este partido en el Consejo de Gobierno querían ocultar el reparto según el criterio de la triple paridad (el equivalente al porcentaje de escaños elegidos por islas para el Parlamento regional) para las cantidades asignadas a la línea 2 del programa Fdcan en 2016 y 2017, parece que no lo han conseguido ni por asomo, y a las pruebas documentales hay que remitirse. En la línea 2 se reparten 120 millones por ejercicio (el 75%) de 160 totales, todos ellos provenientes del perdonado pago por Canarias al Estado a cuenta del extinto IGTE (Impuesto General de Tráfico de Empresa).
En la sesión del Consejo de Gobierno del lunes 28 de noviembre, la conocida como del portazo de los aún cuatro consejeros del PSOE en el Ejecutivo autonómico (se ausentaron para no votar lo que algunos consideraron una burda maniobra de CC), el presidente del Ejecutivo de Canarias, Fernando Clavijo, puso sobre la mesa una tabla de reparto de la cantidad global destinada a la línea 2, la de infraestructura (120 millones de euros por año) con destino a las siete islas, que calcaba el denominado criterio de la triple paridad (pese a que el modelo de reparto negociado entre los socios del Gobierno y el recogido en la convocatoria no fue ese), esto es, que asignaba el 25% (15 diputados) de esos 120 millones a Tenerife, otro 25% a Gran Canaria (15), otro 25% a Lanzarote (ocho) y Fuerteventura (siete) y el 25% restante a las islas de La Palma (ocho), La Gomera (cuatro) y El Hierro (tres).
Así quedó aprobado, sin el respaldo socialista, y así mismo se refleja, más o menos, en la tabla de asignación de los apoyos que aquí se acompaña para el ejercicio de 2016 y las líneas 1 y 2, aunque con la notable salvedad de que hubo islas, o sea, cabildos, como ocurre con los casos de La Palma y El Hierro, que no fueron capaces de presentar inversiones realizadas este año, a partir del 1 de enero de 2016 (se atendían planes en curso para poder justificarlos dentro de plazo en el actual ejercicio), que llegaran a sumar la cantidad global en ayudas aprobada o resuelta por el Consejo de Gobierno en aquella jornada.
¿Cómo se explica esa situación? De manera muy sencilla. Pese a que no había acciones inversoras para alcanzar en ayudas los umbrales que el cálculo a través de la triple paridad concedía a La Palma y a El Hierro, esos niveles máximos se aprobaron, y ello pese a que no debió hacerse, según señalan algunas fuentes conocedoras del proceso, porque no había cuantía inversora para alcanzar tales topes.
Esto demuestra, y a la vez ratifica, que se forzó el reparto de los fondos de la línea 2 aplicando la triple paridad, que quizá fue lo que más encabronó a los consejeros del PSOE en aquella reunión del Gobierno de Canarias y lo que también motivó la desbandada de estos en tan señalado día.
Según el documento oficial del reparto, El Hierro solo pudo acumular proyectos para ser subvencionados con los 120 millones de 2016 que les permitía llegar a un apoyo de 1,14 millones, pero el Consejo resolvió conceder a esa isla casi cinco más, hasta completar con las dos líneas, la 1 y la 2 (la tres no se repartió sino que se aprobó con la gestión centralizada a través del Servicio Canario de Empleo), 6,054 millones de euros, con solo unos 99.000 euros para planes integrados en la línea 1 (dotada en general, para todas las islas, con cinco millones de euros). Esos 6,054 millones son en torno al 5% de los 120 millones, lo que se le tiene que otorgar según el reparto que emplea el criterio de la triple paridad (los tres diputados herreños son el 5% de 60).
Pero ese no es el único ejemplo que da la razón al PSOE. También se hizo lo mismo con los proyectos presentados por el Cabildo de La Palma, cuya isla solo aportó planes dentro de la línea 2 que sumaban una asignación en ayudas de 9,9 millones de euros y al final se resolvió por casi 16,5, de ellos 59.000 euros para la línea 1. Los 15,9 millones, o sea, sin la partida señalada para la línea 1, representan el 13,3% de los 120 millones, justo el porcentaje que corresponde a La Palma para la línea 2 si se aplica el criterio de la triple paridad. Este define que ocho diputados son el 13,3% de los 60 que hay en el Parlamento de Canarias.
A esas dos islas, el PSOE añade como otra prueba la de Lanzarote, en la que también dicen que ocurre algo parecido, aunque el ajuste en este caso no ha tenido que ser tan descarado.
Tras la resolución adoptada por el famoso Consejo de Gobierno, se les dio un plazo de cinco días hábiles a los mencionados cabildos para que estos pudieran completar la documentación necesaria y así llegar a los niveles de apoyo que se recogen en ambos casos como resultado de la triple paridad. Se entiende que, en el supuesto de que no puedan justificar esos niveles de ayuda, no quedará más remedio que reasignar las cantidades sobrantes. Si así fuera, ¿también se hará según el criterio de la triple paridad?
Desde el PSOE también se indica que todos los cabildos, o quizá seis (el de Gran Canaria no apoyaba ese sistema de reparto y de alguna manera actuaba como díscolo), conocían con anterioridad a la celebración de las reuniones definitivas del comité de selección de proyectos y del citado Consejo de Gobierno, las cantidades que iban a recibir con cargo a las líneas 1 y 2 para el año próximo, de manera especial las de infraestructura (las más potentes), lo que posibilitó que todas esas entradas fueran consignadas en los proyectos insulares de presupuestos para 2017, antes incluso de que se aprobara la resolución de concesión por parte del Consejo de Gobierno del lunes 28 de noviembre, en el que se ausentaron los consejeros socialistas.