El PSOE y sus aliados han rechazado este martes en la Junta de Portavoces del Congreso poner fecha al debate de la comisión de investigación planteada por el PP sobre el llamado caso Mediador y las actividades del exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, que tuvo que dejar el escaño al ser investigado por la Justicia.
A cambio, los socialistas han pactado con sus socios que en las comisiones ordinarias del Congreso, la de Interior y la de Calidad Democrática, se analicen los contratos de obras de la Guardia Civil, ahora que la Justicia está investigando irregularidades en adjudicaciones a determinados empresarios (caso Cuarteles).
El portavoz de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, ha anunciado este martes que se alcanzó un principio de acuerdo con EH Bildu y el Partido Socialista para crear una comisión de investigación sobre los casos de supuesta corrupción que afectan a la Guardia Civil y superar así la propuesta del PP sobre el Caso Mediador.
“Les anuncio que lo que hemos negociado es que se haga una comisión específica en torno a las corruptelas publicadas aparentemente en torno a la Guardia Civil de casernes, en la que puede venir el Guardia Civil que está involucrado en Mediador y que las principales caras visibles en ese supuesto caso de corrupción vengan a algunas de las comisiones ya existentes como puede ser la de Interior o la de Calidad Democrática”, ha dicho Rufián en rueda de prensa.
De entrada, el PSOE ofrece la presencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de la directora de la Guardia Civil, la socialista María Gámez, para informar de las adjudicaciones del Instituto Armado.
Las comparecencias en una comisión de investigación son obligatorias, hay interrogatorios y mentir es delito. En una comisión ordinaria, el exdiputado Fuentes Curbelo o el Mediador no tendría ninguna obligación de acudir al Congreso.
Algo parecido ocurre con la petición de documentación, que si vienen de una comisión de investigación deben ser atendidas. Y, además, una comisión de investigación acaban con unas conclusiones exigiendo medidas y que se depuren responsabilidades.