Pedro Fernández Arcila no suele asomarse mucho al balcón de los medios de comunicación, incluso todavía menos en los tiempos que corren, en una etapa en la que se halla un poco alejado de la política en su vertiente más pública, ya sin funciones como cargo elegido.
Este abogado de profesión, exconcejal en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife (entre 2011 y 2019), es una de las voces más solventes y autorizadas para hablar de planificación territorial en Canarias y para observar, apuntar y reflexionar sobre algunos de los desmanes cometidos en las islas, y también sobre los que hoy se siguen permitiendo.
En esta entrevista, es justo lo que el abogado y político de izquierdas con base en Tenerife despliega, con el resultado que se lee a continuación. Para empezar, esto bien apetitoso: “La propuesta [del Gobierno de Canarias para poder construir en suelo rústico] tiene altas dosis de improvisación; casi podría calificarse de ocurrencia y es claramente inconstitucional, porque atenta contra los principios básicos de la ordenación territorial”.
El actual Gobierno de Canarias, formado gracias a un pacto entre CC, PP, AHI y ASG, parece que lo tiene claro: si hay que desproteger el territorio, desclasificar suelo o suspender el planeamiento, se hace y punto. Tienen los apoyos políticos y el instrumento veloz del decreto ley. Justo es lo que han anunciado para que pronto se pueda construir, “en determinadas condiciones” -han subrayado- en suelo rústico en Canarias. ¿Qué le parece a usted esta fórmula? ¿No se abre una puerta al abismo en un territorio tan frágil y en determinadas islas tan machacado?
Esa propuesta tiene altas dosis de improvisación; casi podría calificarse de ocurrencia y es claramente inconstitucional, porque atenta contra los principios básicos de la ordenación territorial. Demuestra la poca solvencia de este Gobierno de Canarias para buscar soluciones reales al problema de la vivienda en nuestro archipiélago. Se trata de unas declaraciones que se hicieron antes de una reunión con la asociación de empresarios de la construcción, con lo que queremos pensar que no son fruto de la reflexión y que se realizaron de manera precipitada para adular a los representantes de ese sector. Pero, si lo que se pretende realmente es continuar con esa idea para resolver el problema de la vivienda en Canarias, tal decisión será la expresión más rotunda del fracaso del Ejecutivo autonómico en esta legislatura.
Pese a los duros y dramáticos efectos de la erupción volcánica y la destrucción masiva de primeras y segundas viviendas en el oeste de La Palma, junto con otra infraestructura, ¿cree usted razonable llegar tan lejos en la autorización de construcciones sobre suelo rústico y también sobre las mismas coladas recientes del volcán de Cumbre Vieja, sobre ese patrimonio natural y sin existencia previa de los mínimos servicios? ¿Nos hemos vuelto locos?
La clave de todo este asunto es que han pasado más de dos años sin adoptar iniciativa alguna en materia de planificación, y aún no se vislumbra la elaboración de un Plan de Ordenación de Recursos Naturales adaptado a las nuevas características físicas de la isla. Lo que procede es planificar de manera seria y rigurosa. Para esto, es imprescindible tener en cuenta dos elementos esenciales: la evaluación ambiental estratégica y la participación pública. Nada de esto se está haciendo. En cambio, el Gobierno canario parchea la situación aprobando decretos con mucha carga demagógica y pocas soluciones.
En este 2024, se mantienen algunos contenciosos administrativos y judiciales relacionados con proyectos urbanísticos de orden turístico o residencial muy polémicos y cuestionados por parte de la población. Pasemos a identificarlos. En la isla de Tenerife, al menos dos (que ya luego hablamos de Las Teresitas), con el plan lanzado en las inmediaciones del Puertito de Adeje, la famosa inversión de Cuna del Alma, y con el hotel levantado en su estructura cerca de la playa de La Tejita (Granadilla). ¿Cuál es su opinión sobre esas dos inversiones y dígame si considera que hay posibilidades reales de pararlas por supuestos incumplimientos legales? ¿Cómo ha visto el papel de las administraciones públicas en esos procesos?
En el Puertito de Adeje, existe flora catalogada de protección especial, por lo que, conforme a la ley, no puede ser objeto de traslocación o trasplante. La presencia de esta flora es abundante en ese ámbito urbanístico, lo que significa que, para protegerla, tal y como exige la ley, se requiere revisar los planteamientos urbanísticos propuestos por el Ayuntamiento de Adeje, dado que cualquier desarrollo turístico sería incompatible con lo establecido por la Ley del Catálogo Canario de Especies Protegidas. A esto debemos añadir la presencia de yacimientos arqueológicos, que deben ser objeto de una prospección arqueológica para su conservación.
El problema es que la modificación del planeamiento urbanístico en Cuna del Alma fue objeto de una evaluación ambiental que, curiosamente, no detectó la presencia de esa flora protegida, a pesar de que la Cotmac [hoy Comisión de Evaluación Ambiental de Canarias, desde 2018] le exigió reiteradamente un estudio detallado de la flora protegida. Además, los redactores del estudio de impacto ambiental ocultaron la presencia de yacimientos arqueológicos cuando un equipo de arqueólogos les había advertido de esa presencia.
Todas las administraciones públicas, principalmente el Ayuntamiento de Adeje, deberían estar más preocupadas en respetar la ley y evitar prácticas fraudulentas, como las descritas, que en buscar subterfugios para eludir su cumplimiento. Mi impresión es que los representantes institucionales son muy permisivos a esas irregularidades y no ocultan su deseo incontenido de beneficiar al promotor urbanístico.
En lo que se refiere al hotel de La Tejita, los representantes institucionales de Granadilla tuvieron una actitud parecida a la que ya he comentado para Adeje. En el año 2001, se estableció una delimitación del dominio público que era contraria a la Ley de Costas, al no incluir unas zonas que formaban parte de ese dominio público. Con esa delimitación errónea, se otorgó licencia urbanística, justo cuando se había iniciado una nueva delimitación que trataba de corregir la anterior. Con la nueva delimitación, finalmente aprobada, no se hubiera podido otorgar la licencia urbanística, pero, igual que ocurrió con el Ayuntamiento de Adeje, la Corporación de Granadilla no se enfrentó a las irregularidades de la primera delimitación ni con el sospechoso retraso en las notificaciones de Costas, sino que, como suele ocurrir en esta isla, asumió como propios los intereses del promotor.
También en el sur de Tenerife hay otro asunto que se las trae: la autoconstrucción de viviendas (la creación de un nuevo barrio a la vista de todos) en la zona de Guaza (en la bajada hacia Las Galletas), en suelo protegido, sin servicios básicos previos, con suministro de agua sin supuestos controles sanitarios, no apta, y con algunos gestores públicos locales parece que haciendo la vista gorda. ¿Cómo es eso posible y qué corresponde hacer?
Es inexplicable que, con las normas tan estrictas de las que nos hemos dotado y con tantas administraciones y organismos públicos que hemos creado para vigilar estas infracciones, se sigan dando tales situaciones, como si estuviéramos en el Arona de los años setenta u ochenta.
Después de mucho tiempo y tras múltiples denuncias públicas, la ACPMN [Agencia Canaria de Protección del Medio Natural] lo puso en conocimiento de la Fiscalía, que ha tomado cartas en el asunto por un presunto delito contra la ordenación del territorio y el medioambiente. Esperemos que la responsabilidad se extienda también a las autoridades locales que debieron intervenir y se inhibieron.
Aparte de todo lo anterior, está el reciente anuncio del alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez (justo después de su equivocación con la futura Ley de Amnistía), de que el Ayuntamiento va a tirar pa’lante con la construcción de un hotel en el entorno de Las Teresitas. Se retoma así un proyecto que estaba casi olvidado o sencillamente dormido. En las condiciones actuales, ¿es posible hacer esa edificación, o sea, es viable legalmente? Si así fuera, ¿qué debe ocurrir antes en el plano legal y urbanístico para que ese proyecto tenga vía libre? ¿Yendo todo lo rápido que se pueda, de cuánto tiempo estaríamos hablando para tenerlo en pie?
El Ayuntamiento ha tenido que acudir a una modificación del PGO vigente, lo que requiere una evaluación ambiental estratégica. Esta ya se ha iniciado con una consulta. Estos trámites podrían culminar, según los propios cálculos municipales, a finales de 2025. Me parecen unas previsiones muy optimistas. Además, seguro que el proyecto contará con una dura oposición ciudadana, por lo que parece muy complicado que esa propuesta urbanística salga adelante. De hecho, la construcción del hotel en la playa de Las Teresitas es algo que se repite cada cierto tiempo. El actual alcalde [José Manuel Bermúdez, de CC] lo ha intentado en varias ocasiones y finalmente siempre ha desistido porque es consciente del riesgo político y judicial que supone para él esta iniciativa.
En el caso de esa posible construcción en los alrededores de la playa de Las Teresitas, ¿ve flaquezas legales? ¿Cómo debe plantearse la oposición jurídica y política a ese proyecto, en principio no querido por la población cercana de San Andrés y quizá tampoco por los chicharreros?
Es un sinsentido que se pretenda construir un hotel en Las Teresitas. Esta playa tiene que mantenerse como un lugar para el disfrute de la población de Santa Cruz y, sobre esta idea básica, deben realizarse todas las mejoras urbanas que sean necesarias. Se trataría de realizar intervenciones blandas, tales como la mejora del pavimento, accesos adaptados, mejora de los servicios de ducha y vestuario, paseo marítimo, regulación de los sectores de la playa y del entorno para la práctica deportiva, restauración ambiental de la ladera y escarpes, integración de la actividad pesquera tradicional, etcétera.
En la tramitación de esa modificación del PGO, se dejarán ver las ilegalidades de la propuesta. Muchas de ellas ya fueron expuestas por ATAN en las anteriores ocasiones que se intentó sacar adelante ese hotel, a lo que debemos añadir la cuestionable titularidad de los terrenos por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz.
En la capital tinerfeña, hay otros asuntos en marcha, como el desmantelamiento de la refinería de Cepsa y la reconversión de ese espacio aún de uso industrial en un lugar residencial, de ocio y comercial, en el ensanche sur de la ciudad. El Ayuntamiento lo ha bautizado como Santa Cruz Verde 2030. El acuerdo cuenta con el apoyo de la multinacional, el Gobierno de Canarias, el Cabildo y el Ayuntamiento. ¿A quién más beneficia y por qué? ¿La considera una buena solución para Santa Cruz, tal y como está planteada, o el plan es mejorable para atender con más garantías el bien común?
El desarrollo urbanístico de la refinería es imprescindible para Santa Cruz; se trata de una excelente oportunidad para ayudar a cumplir dos de los grandes retos que tiene la ciudad: atender la demanda de vivienda y la creación de importantes espacios que mantengan el carácter verde de la ciudad. Es cierto que se trata de un objetivo a medio plazo y que, previamente, debe llevarse a cabo un proceso de descontaminación de los suelos, pero es de mayor interés que los chicharreros y chicharreras nos sintamos protagonistas de este espacio por construir. Por tanto, es una exigencia la transparencia y propiciar una participación pública real para que todos podamos identificarnos con el modelo urbano que se proyecte en los terrenos de la antigua refinería.
Me parece importante recordar que, durante la etapa en que estuvimos en el Ayuntamiento de Santa Cruz, propusimos desde Sí Se Puede que en ese ámbito se destinara al menos un 40% a la construcción de viviendas de protección oficial, si bien en aquel momento la propuesta fue rechazada por el equipo de gobierno local. Con la importancia de lo que ahora se predica acerca de este asunto y con las novedades legislativas en esta materia, entendemos que debe existir un planteamiento más abierto a esas propuestas.
El área metropolitana mantiene sus graves problemas en saneamiento urbano y aún no ha conseguido resolver todas las cuestiones relacionadas con los vertidos no autorizados al mar de aguas residuales. ¿Cuál es el balance actual y por qué se tarda tanto en resolver estos asuntos, cuando no hacerlo parece que debe frenar la solución definitiva para ordenar el litoral entre el Auditorio de Tenerife y el muelle de La Hondura, entre otras cuestiones?
Emmasa lleva más de veinte años vertiendo al mar la mayor parte de las aguas residuales que genera Santa Cruz. Estos vertidos se realizan sin seguir el proceso de depuración establecido por la ley, por lo que la zona de La Hondura, que es donde se reciben esas aguas residuales, se convierte en el punto más contaminado de la isla y probablemente de Canarias. Si existiera un alcalde con convicciones, estaría reclamando al Consejo Insular de Aguas que impusiera a Emmasa una indemnización por el daño ambiental que esta empresa ha ocasionado a nuestro litoral.
Ahora, con la aprobación de las obras de ampliación de la EDAR de Buenos Aires, deberíamos estar cerca de la solución, que, por otro lado, debió acometerse hace muchos años, salvo que prevalezca el interés económico de depurar solo lo que suponga obtener beneficio por su reutilización, mientras que el resto se vierte sin tratamiento alguno, como así ocurrió durante años en otras depuradoras comarcales del sur, como la de Adeje-Arona. Afortunadamente, este es un asunto donde existe una enorme sensibilidad por parte de la población y de colectivos ecologistas, lo que es una garantía del control ciudadano ante la inactividad de la Administración.
El Gobierno de Canarias actual y el anterior, el del Pacto de las Flores, con PSOE, NC, Sí Podemos y ASG, han mantenido posturas casi idénticas sobre la cuestión de conservar los dos hoteles de la cadena RIU que operan, bajo concesión administrativa del Estado, en el parque natural Dunas de Corralejo, isla de Fuerteventura. El Gobierno estatal tiene claro que hay que derribarlos y rehabilitar ese espacio, pero el Ejecutivo de Canarias apuesta por seguir con ellos en pie. ¿Quién ganará ese pulso y con qué argumentos? ¿Deben tirarse?
En un Estado de derecho, no hay otra que cumplir la ley. El Gobierno central ha motivado su decisión en razones de peso, a raíz de incumplimientos constatados de las condiciones de concesión por parte de la cadena RIU, algo que nadie discute. Por ley, estas infracciones deberían llevar al derribo de los hoteles. Como ya hemos dicho en esta entrevista, es una constante en Canarias que, ante esas situaciones, los representantes políticos dirijan sus esfuerzos a ver cómo logran saltarse la ley más que a exigir su cumplimiento.
Canarias cerrará el año 2023 con registros históricos en llegada de turistas, con la superación de la marca récord de 2017 (16 millones de visitantes totales) y con un gasto de los extranjeros también antes nunca visto: por encima de los 19.000 millones de euros en ese año. El turismo parece que va bien, al menos para algunos, pero no hay reflexiones serias y profundas acerca de la capacidad de carga de islas y comarcas, de la actual presión urbanística y de la sostenibilidad futura. A esto se une un sálvese quien pueda en la cuestión del alquiler vacacional, que ahora se pretende volver a regular. El tiempo pasa y los cambios son mínimos. ¿Cuál debe ser el camino, según su opinión, si de verdad Canarias quiere apostar por la sostenibilidad integral en su principal industria?
Tenerife ha superado con creces su capacidad de carga y lo que procede es revertir esa situación de manera inmediata. Para ello, como primera medida, deben reclasificarse como suelos rústicos espacios que actualmente figuran como de uso turístico en el sur de la isla y debe iniciarse una revisión de la planificación insular atendiendo a esa realidad, y que finalmente esta concluya con el establecimiento de un límite al crecimiento turístico en la isla. No podemos ignorar nuestra realidad insular y que nuestros recursos son limitados. Es fundamental tener presente nuestros condicionantes territoriales y hacerlos compatibles con nuestras vidas, de manera respetuosa con el entorno en el que vivimos.
Algo parecido puede decirse de la totalidad del archipiélago. Recientemente, se ha ofrecido el dato de que entre el año 2000 y el 2019 la población canaria se ha incrementado el 32%. A esto tenemos que añadir que el turismo que sigue viniendo a nuestras islas alcanza cifras récords, superando los 16 millones anuales. Desde un punto de vista ambiental, esta situación es inasumible, pero es que además, desde un punto de vista social, todo ese incremento no hace sino redundar en desigualdades entre las personas de nuestras islas y quienes con mayor poder adquisitivo llegan al archipiélago. No hay más que ver en el ranking de compra de viviendas por extranjeros que Canarias aparece a la cabeza, por encima del 30%, duplicando la media estatal y por delante de comunidades autónomas como Baleares o la Valenciana. Esto provoca un encarecimiento que imposibilita al canario acceder a un derecho básico: la vivienda.
El acaparamiento de los recursos naturales por el sector turístico y las desigualdades sociales que genera esta actividad colocan a la población canaria en situación de ciudadanos de segunda en su propia tierra. Ante esto, tenemos que buscar los mecanismos legales y políticos para cambiar ese modelo suicida para nuestro pueblo.
Usted, que conoce muy bien el municipio de Santa Cruz de Tenerife, ¿no se ha asombrado con el proyecto, también ahora resucitado, de carril bici desde el centro de la ciudad hasta la playa de Las Teresitas? ¿Por qué, pese a las iniciativas de grupos políticos como Sí Se Puede en mandatos anteriores, ahora un partido fuera de la Corporación, eso no se ha hecho? ¿Cómo lo ve?
Ese carril bici es una de las infraestructuras más demandadas por la ciudadanía. Su culminación sería un éxito, sin ningún tipo de discusión, y una vía de esparcimiento familiar que conectaría con la zona de ocio por excelencia: la playa de Las Teresitas, además, sin sufrir atascos y sin necesidad del estrés de los aparcamientos, con un trayecto cómodo y sin pendientes. Cuando te encuentras con propuestas tan necesarias para la mejora urbana de Santa Cruz, como esta de la que usted pregunta, por qué existe este desinterés del equipo de gobierno municipal para impulsar la obra.
Una primera apreciación que puede explicar esa desidia es simplemente la incapacidad del alcalde para impulsar, en general, proyectos de ese tipo, que, obviamente, tienen un cierto grado de complejidad en la gestión, pero que se solventan con dedicación y capacidad. Esto queda demostrado si observamos los escasos logros de Bermúdez desde que inició, hace trece años, su andadura como alcalde. En el caso concreto del carril bici, creo que lo que lo mantiene en el limbo es el escaso interés que transmite el alcalde al resto de las administraciones implicadas, sobre todo a la Autoridad Portuaria, acerca de la importancia que supone este proyecto para Santa Cruz.