El concierto de Juan Luis Guerra en el Carnaval de Tenerife se pagó el mismo día que se encargó
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife pagó la mitad del precio del concierto conjunto de Juan Luis Guerra y Orishas en la última edición del Carnaval, con un desembolso de 501.194 euros, el 14 de febrero de 2019, el mismo día en el que la concejala de Fiestas Gladis de León (Coalición Canaria) firmaba el contrato con el intermediario de los artistas, Alfredo Moré Silva, durante una mañana frenética en la que se tramitó casi todo el expediente. Ese abono de 250.597 euros correspondiente al primer pago fraccionado, cuyo importe líquido fue de 215.301 euros, se llevó a cabo el último día de tramitación administrativa, a pesar de que en el pliego de cláusulas se establecía que el desembolso del dinero se tenía que realizar “a la presentación de factura” por los vuelos internacionales, seguros de viaje, visados, alojamientos y otros gastos relacionados con la dieta de los contantes.
Como ya ha informado este periódico, e l Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife pagó 501.194 euros por las actuaciones de Juan Luis Guerra y Orishas en la última edición del Carnaval chicharrero, cuando el área de Fiestas estaba en manos de Coalición Canaria y faltaban tan solo 76 días para las elecciones locales. El procedimiento de contratación se gestionó mediante la fórmula de un negociado sin publicidad por la vía de urgencia entre el 6 y el 14 de febrero de 2019. El precio que se abonó por las dos horas que estuvo en el escenario el afamado cantante de merengue dominicano fue de 427.837 euros, una cuantía que no coincide con el coste establecido en el pliego de prescripciones técnicas que obra en el expediente: 339.021 euros. El concierto se celebró con entrada libre en pleno corazón de la ciudad y ante la presencia de 400.000 personas, según fuentes oficiales.
A primera hora del 14 de febrero de 2019 en el que se llevó a cabo el pago de 250.597 euros aún no estaba cerrada la contratación de los artistas y quedaban varios actos administrativos por resolver. Según consta en el expediente, al que ha tenido acceso este periódico, el interventor emitió su conformidad esa misma mañana a las 09:16 horas. A las 10:07 horas, el entonces gerente del Organismo Autónomo de Fiestas, José Ángel Alonso, envió la invitación para concursar al que se presentaba ante la institución como representante de los artistas. Tan solo 16 minutos después, a las 10:23 horas, entraba en la sede municipal la documentación del que decía representar a Juan Luis Guerra y Orishas, aportando en ese acto su declaración responsable y aceptando las condiciones del contrato. A las 10:30 horas, la técnica de Gestión Jurídica firmaba la aprobación de los pliegos y la autorización del gasto, que rubricó la concejala a las 10:57 horas. Cinco minutos antes, a las 10:52 horas, la misma funcionaria había presentado la propuesta de resolución del procedimiento, que formalizó y firmó la entonces edil también a las 10:57 horas.
Fechado el 14 de febrero consta un documento firmado por el gerente en el que se informa de la resolución del procedimiento, aunque no figura la hora porque no está registrado digitalmente, pese a estar foliado. Lo siguiente que aparece en el expediente es la firma del contrato, que también es una de las condiciones fijadas para el primer abono, y donde tampoco aparece registrada la hora. Hay constancia de que, al menos, hasta las 14:37 horas de ese intenso jueves se realizaron gestiones relacionadas con la adjudicación, ya que en el expediente obra un correo interno remitido a la técnica de Gestión Jurídica en el que se da cuenta de que Alfredo Moré “está al corriente” con la hacienda municipal. En este contexto, y a pesar de los requisitos fijados en el pliego de cláusulas administrativas, se ordenó la transferencia bancaria del primero de los pagos.
La propuesta de mandamiento del pago es un acto administrativo complejo que tiene que pasar por varias manos antes de formalizarse, hasta el punto de que en el documento aparecen cuatro firmas, de las que se pueden identificar las de la concejala de Fiestas, el interventor general y el técnico de fiscalización de los organismos autónomos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
La transferencia tiene un importe inicial de 250.597 euros, pero se le aplica un descuento de 35.295 euros, de ahí que la cantidad líquida abonada sea menor. El movimiento bancario se realiza a nombre del propio Alfredo Moré, al igual que el segundo de los pagos, que tiene fecha contable de 13 de marzo, cuatro días después de los conciertos de Juan Luis Guerra y Orishas.
La celeridad con la que se tramitó la contratación, mediante un negociado sin publicidad por la vía de urgencia, se evidencia en la cantidad de actos administrativos que se llevaron a cabo en una sola mañana, casi sin tiempo de reacción entre unos y otros. Hasta el 14 de febrero no había nada cerrado, aunque existía un acuerdo entre las partes anterior a la tramitación del procedimiento, como admite el representante de los cantantes en las cartas de exclusividad que remitió al Organismo Autónomo de Fiestas. Tal es así que no fue hasta un día antes del vendaval de resoluciones de la última jornada cuando el interventor informó de que se había subsanado la única deficiencia que detectó en la tramitación, relacionada con la falta de un informe de viabilidad presupuestaria que se incorporó posteriormente al expediente.
Una situación que contrasta con una de las cláusulas que establece el pliego administrativo cuando expone que los pagos se realizaran “contra factura, expedida de acuerdo con la normativa vigente, debidamente conformada por la unidad que reciba el trabajo o, en su caso, por el director del mismo”. Es decir, para llevar a cabo el abono dentro de la legalidad, Alfredo Moré tuvo que haber presentado, el mismo día en que aún faltaban varios trámites administrativos para garantizar la contratación, entre ellos la propia invitación para que participase en el procedimiento, las facturas por los gastos de los vuelos, alojamientos, viáticos y seguros de viaje, entre otras. Y siempre después de la firma del contrato, que también se produjo en la misma fecha.
La velocidad con la que se tramitó el procedimiento y la cantidad de actos que se realizaron el 14 de febrero son una muestra más de las sospechas que envuelven a la contratación, después de conocerse la existencia de dos pliegos de prescripciones técnicas con precios contradictorios. El que obra en el expediente, y por tanto el oficial, arroja un coste 90.000 euros inferior al medio millón de euros que se pagó por ambos conciertos.
El segundo pliego, que no consta entre los documentos del procedimiento ni fue firmado digitalmente, estaba en posesión del exgerente de Fiestas, que lo aportó para justificar el desfase entre ambos precios. La versión oficial que ha trasladado Coalición Canaria a los medios de comunicación se apoya en el argumento de que todo se debió a un “error humano”.
Entre ambos pliegos técnicos, además del precio, existen otras diferencias significativas. El que se encuentra foliado en el expediente está fechado el 6 de febrero, con firma digital, mientras que el entregado por el exgerente data del día después. También se modificó el encabezado para sustituir al beneficiario del contrato, que pasa a ser Alfredo Moré, en sustitución de la empresa Radio Club Canarias, perteneciente al grupo Prisa. En ambos casos se justifica la adjudicación por tener la “representación exclusiva”.
Los únicos documentos que se encuentran en el expediente que sostienen la supuesta representación exclusiva del beneficiario, un hecho destacado porque es lo que provoca que se adjudique de forma directa y sin publicidad, son dos cartas aportadas por el propio Alfredo Moré en las que informa de que posee tal condición. También existe en el procedimiento un escrito firmado por la directora de Prisa en Canarias, Lourdes Santana, en el que se avala la solvencia económica del agente de los artistas.
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ya ha anunciado que revisará el expediente para aclarar si se han cometido las presuntas irregularidades recogidas en las informaciones periodísticas publicadas estos días. El concejal Ramón Trujillo, de Podemos-IU, también ha anunciado que llevará la polémica a la comisión de control municipal, aunque no descarta trasladar los hechos a la Fiscalía.
