El senador del PSOE por la Comunidad Autónoma Julio Cruz exigió este miércoles a CC “que no engañe más” a los ciudadanos, pues, en su opinión, no se ha alcanzado compromiso alguno con el Gobierno central en convenios bilaterales ni en financiación autonómica, en alusión a los 400 millones que ha dicho el presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, y la propia consejera de Hacienda, Rosa Dávila, que tendrá Canarias de más en los presupuestos estatales de este año, si se aprueban. De ambos políticos dijo que se limitan “a vender humo”.
Julio Cruz realizó esa advertencia en una rueda de prensa en la que hizo balance de los primeros cien días de gobierno del PP en el Ejecutivo central y subrayó que se han logrado diez compromisos gracias a la oposición “útil y constructiva” del PSOE, que ha logrado “torcer el brazo” al Ejecutivo estatal.
Sin embargo, el senador autonómico consideró que en esos cien días no hay nada nuevo para Canarias ni las islas se han beneficiado de medidas en concreto, pues, argumentó, al contrario de lo que defiende el Ejecutivo regional, no hay compromisos en firme con el Ministerio de Fomento ni con el resto de departamentos del Gobierno de Mariano Rajoy.
Cruz dijo que la consejera de Hacienda no concreta “nada”, ni cantidades ni fechas, porque no hay nada garantizado ni en los convenios de infraestructuras “vigentes” ni en el Plan Integral de Empleo de Canarias. Retó a la consejera de Hacienda a que diga qué acuerdos tiene con el PP porque sus políticas para las islas son, añadió, similares a las de los últimos cinco años, “un castigo permanente” para el archipiélago.
En cuanto al decálogo de propuestas que el PSOE ha logrado arrancar del Gobierno junto a otros partidos de la oposición y que Cruz resumió en “diez hitos”, este aludió al incremento en el 8% del salario mínimo interprofesional, la supresión de la reválida, el reintegro de las cantidades correspondientes a las cláusulas suelo y la imposibilidad de cortar la luz a familias en situación vulnerable.
También se refirió a la propuesta de asegurar un ingreso mínimo vital, de igualar las condiciones laborales de los empleados de subcontratas, el pacto de Estado contra la violencia de género y el sistema de garantía juvenil, además de la rebaja del porcentaje de déficit permitido a las comunidades autónomas y la dotación de unos 4.000 millones de euros a estas para que se destinen a educación, sanidad, dependencia y servicios sociales.