El Grupo Parlamentario Popular no apoya tampoco la toma en consideración de la proposición de Ley del Cabildo tinerfeño que pretende la ordenacioÌn de Los Barrancos de GüiÌmar, pero que varias fuerzas políticas ya la consideran como una argucia legal para que sean las arcas públicas, y no los empresarios condenados por delito ecológico, las que paguen la restauración de ese espacio.
Así lo ha asegurado la diputada y vicepresidenta segunda de la Mesa del Parlamento, Cristina Tavío, tras recordar “que ya estuvimos en contra hace años, en su primer intento, y nuestro grupo en el Cabildo también se opuso entonces y ahora”.
Sin embargo, Tavío centra su oposición en el objeto de la propuesta y no tanto en la posible jugada legal que entraña, pues “no tenemos los suficientes datos para saber si se busca que no paguen los condenados” o, como apuntan los representantes legales de la acusación contra los empresarios, si la tramitación de la ley se dilata 'sine die' quedaría prescrita la ejecución de la sentencia y los condenados quedarían liberados de pagar la restauración pasados cinco años, es decir, en 2021.
Con todo, apunta al hecho de que “no se debe tramitar ninguna ley que no lleve adjuntada su impacto económico” y recuerda que el propio Gobierno ha considerado “preocupante” que no esté claro el hecho de “quien paga unos derechos adquiridos si la ley los arranca de cuajo”.
Pero para Tavío, lo importante es que “como ya dijimos en su momento, esta Ley no es el procedimiento más adecuado para ordenar un espacio, lo es el planeamiento insular, y que declararlo Paisaje Protegido impide el desarrollo de Güímar, que es todo lo contrario a lo que quieren los vecinos y el ayuntamiento”.
“Un Paisaje Protegido es incompatible con los usos agrícolas y ganaderos, así que no entendemos qué desarrollo quiere el Cabildo para el municipio”, concluye.