El consejero de Obras Públicas, Transporte y Vivienda del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, y la alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife, Patricia Hernández, han pedido a las familias de las 119 VPO de Añaza, en la capital isleña, “tranquilidad”, porque están intentando solucionar un problema “serio” que han “heredado” y que “no habrá desahucios”:
Hernández ha afirmado que las rentas de 300 euros impuesta por la empresa pública de vivienda de Canarias (Visocan) desde noviembre a las familias se debe a que el Ejecutivo regional y el Consistorio capitalino de Coalición Canaria diseñaron mal la adquisición de viviendas al utilizar una promoción privada, según recoge Efe.
Las cosas se hicieron “de aquella manera, con prisas, sin analizar el perfil de cada unidad familiar”, asegura Hernández, a pesar de que en febrero de este año, cuando el Gobierno de Canarias oficializó la compra por parte de Visocan de las viviendas de Añaza (tres meses antes de las elecciones) el entonces presidente del Ejecutivo regional, Fernando Clavijo, aseguraba que a esas VPO tendrían acceso las personas “que tienen derecho y lo necesitan” y que analizarían “cada circunstancia y eso implicará modificaciones de los contratos de alquiler”.
Sin embargo, nueve meses después, los inquilinos de esas viviendas, muchos en situación de vulnerabilidad, aseguran que les han impuesto a todos un alquiler de 300 euros además del pago de una deuda por los meses en los que no abonaron el importe correspondiente; en algunos casos, una cifra superior a la que pagaban cuando las viviendas estaban en manos privadas.
Visocan comunicó a varios vecinos esta medida por carta, en la que se les amenazaba con el desalojo si no firmaban el contrato. El gerente de la empresa pública, Víctor González, remitió posteriormente un comunicado en el que desmentía “rotundamente” que vaya a tomar esta medida y añadía que los vecinos que no pudieran sufragar los 300 euros de alquiler, tenían la opción de pedir al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ayudas.
Pero las familias aseguran que, si no firmaban el contrato, no podían solicitar esas ayudas. Así lo ha reconocido el Consistorio capitalino, que achaca esta situación a que Visocan gestiona las VPO de forma privada. Y para poder otorgar las ayudas, el Ayuntamiento debe cerrar antes el alquiler con la empresa pública, algo para lo que tienen dificultades, reconoció la alcaldesa.