Santiago Pérez amplía en 14 millones su denuncia sobre irregularidades en La Laguna
El grupo municipal Por Tenerife-Nueva Canarias (XTF-NC) ha ampliado su denuncia a la Fiscalía sobre la prórroga presuntamente ilegal de contratos públicos en el Ayuntamiento de La Laguna por 14 millones de euros más, con lo cual la suma total del valor de los contratos “al margen de la legalidad” superaría los 32 millones, según esta formación política.
Santiago Pérez, portavoz de XTF-NC, ha señalado en rueda de prensa que la nueva documentación aportada a la Fiscalía por el que denomina “caso prórrogas” en todos los casos cuenta con advertencias de ilegalidad por parte de la Intervención General.
La documentación corresponde a la prórroga de contratos extinguidos de servicios públicos para darles continuidad, algunos de ellos millonarios, que fueron suscritos tras el levantamiento por decreto de los reparos de legalidad de la Intervención General. Esta advertía que esa práctica es contraria a los pliegos de los concursos y a la Ley de Contratos del Sector Público.
Según informa XTF-NX en un comunicado, Santiago Pérez indicó que por este método se dio continuidad a 14 contratos de servicios, trece de ellos a empresas a las que ya se le había prorrogado entre 2015 y 2017, con un coste de dinero público de 14,5 millones de euros.
Desde marzo de 2015 a febrero de 2017 se levantaron 48 reparos con un coste de 18 millones de euros y entre esa fecha y el final de 2017 otros 23 repartos por 14,5 millones, detalló Santiago Pérez.
Alguno de los contratos extinguidos se extendió hasta por 44 meses y varios superaron los treinta meses, con lo que se permite “que determinadas empresas continúen gestionando servicios públicos después de que se acaben los contratos, es decir, a dedo”, indicó Pérez.
El portavoz afirmó que el principal responsable de los decretos es el alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz, aunque firman también el concejal de Deportes, Agustín Hernández, y la concejala Mónica Martín, que lo hace como responsable de Medio Ambiente y como alcaldesa accidental en el levantamiento de un reparo en septiembre de 2016 para que la UTE Interjardín-Tegalpa preste un servicio con efecto retroactivo.
“En algún caso incluso se llega a aprobar el decreto de continuidad del servicio un mes después de que éste hubiera sido prestado”, explicó Santiago Pérez, y señaló que, según los reparos del interventor, se perseguía una prórroga contraria al ordenamiento jurídico.
Además, el interventor considera que en algunos casos estas autorizaciones deberían derivar en una declaración de nulidad.
