Santiago Pérez subrayó hoy que la “práctica ilegal y corrupta” de Fernando Clavijo y José Alberto Díaz en materia de contratación pública durante sus mandatos como alcaldes de La Laguna convirtió la ciudad en un “paraíso fiscal al margen de la Ley de Contratos del Sector Público”. A su juicio, esa es la esencia que fundamenta la petición de investigación realizada por la Fiscalía Anticorrupción ante los indicios de prevaricación de los anteriores regidores, y de otros concejales y funcionarios, por el llamado caso Reparos entre 2014 y 2018, contenido adelantado ayer por este medio.
Pérez, portavoz de la agrupación de electores Avante La Laguna y concejal de Urbanismo en el actual equipo de gobierno municipal, se refirió al informe presentado por la Fiscalía Anticorrupción el pasado 11 de marzo ante el Juzgado de Instrucción número 4 de La Laguna, que en sus 156 páginas detalla la reiteración de decretos -hasta un total de 118- con los que Clavijo y Díaz levantaban los reparos del interventor y se continuaban contratos municipales vencidos sin licitar nuevos concursos.
La cifra de contratos y pagos reparados por el interventor y posteriormente levantados esos reparos por los dos alcaldes alcanza un importe de casi 47 millones de euros.
En este sentido, Santiago Pérez recalcó que al posible delito de prevaricación se le podría sumar el de malversación de caudales públicos “de manera continuadísima en el tiempo” y con un “millonario” alcance económico. Insistió en que un concurso público debe cumplir las condiciones de libre concurrencia para que la administración elija la mejor relación de calidad y precio del servicio, de lo contrario “no hay ningún control sobre los recursos públicos”.
Destacó Pérez el “deber legal” de informar y denunciar que obliga a cualquier ciudadano conocedor de un posible delito, recogido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, como germen de las denuncias de los hechos sustanciados como caso Reparos, y en los que ha tenido un papel destacado como impulsor de las mismas. Ahora, añadió, “la acusación la llevará el Ministerio Público”, por lo que sopesa echarse a un lado en el seguimiento de la causa “porque mi deber ya está cumplido”.
Quiso el representante de avante hacer un reconocimiento público al interventor general del Ayuntamiento “y a otros muchos jefes de servicio y funcionarios en general que han cumplido siempre con su deber” ante casos como los denunciados. “Para ellos, mi homenaje y consideración”.
Prevaricación
La Fiscalía Anticorrupción expone en su denso informe que en los expedientes administrativos analizados se observa cómo se contrata a empresas bajo unas condiciones, y extinguido el contrato o cumplido el plazo fijado, en vez de respetar lo estipulado en cuanto a su duración, se conceden prórrogas con carácter retroactivo o simplemente se autoriza su continuidad, con lo que se evita volver a sacar la concesión municipal a concurso para adjudicarla nuevamente, manteniendo, o incluso mejorando las condiciones de unas empresas que resultan muy favorecidas con ese proceder.
Por ello entiende el Ministerio Fiscal que de lo actuado se desprenden indicios de un delito continuado de prevaricación por entender que “no estamos ante una simple discordancia de las resoluciones con la normativa reguladora de la cuestión administrativa, sino que existe un plus de contradicción con la norma que es lo que podría justificar la intervención del derecho penal”.
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