La formación Sí Se Puede advirtió al exalcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez (CC), y a los equipos que constituyeron sus dos gobiernos –con pactos con PSOE y PP–, sobre las irregularidades cometidas en Emmasa, por la empresa adjudicataria del servicio público para la gestión del ciclo integral del agua, Sacyr-Vallehermoso, según dice en un comunicado.
“Desde que entramos en el Ayuntamiento, en 2011, hemos informado al gobierno municipal de los desmanes e irregularidades cometidos por la multinacional desde la privatización de la gestión del servicio público del agua; nadie que haya estado gobernando Santa Cruz entre 2011 y 2019 puede desconocer lo que ocurría allí; hemos llevado el asunto en múltiples ocasiones al salón de plenos, a la Comisión de Control, a los medios de comunicación; y a los tribunales, nadie puede darse por no enterado”, asegura Pedro Fernández Arcila, portavoz de Sí Se Puede en la capital tinerfeña y del grupo municipal ecosocialista en la corporación en los mandatos de 2011-2015 y 2015-2019.
A los millones de euros devueltos ilegalmente a la matriz de la multinacional por la aportación que Sacyr debía hacer al Ayuntamiento en concepto de canon –que han sido cuantificados recientemente por la Interventora municipal en 59 millones de euros–, Sí Se Puede añade otros 45 millones de euros que se deben por inversiones no ejecutadas, 10 millones por reparaciones no realizadas y 17 por subcontrataciones ilegales en base a su investigación de la gestión de Sacyr en Emmasa. Para contabilizar el total de lo debido, la formación dice que es necesario que los servicios técnicos municipales emitan informes tras una auditoría completa de la gestión.
Sí Se Puede denuncia también el presunto delito medioambiental por los vertidos al mar de en torno a 20.000 metros cúbicos diarios de aguas residuales sin depurar durante al menos ocho años en la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Buenos Aires, por el que están procesados el entonces concejal de Servicios Públicos, Dámaso Arteaga, y responsables de las filiales de la multinacional que se encargaban de la gestión de la EDAR.
La formación critica que el rechazo del Ayuntamiento de personarse en la causa como afectada en esta causa, iniciada por denuncias de Sí Se Puede, “ha significado también para el pueblo de Santa Cruz la pérdida de millones de euros en concepto de indemnización por lo que constituye el mayor atentado ambiental de Canarias. ”
Arcila dice que Sí Se Puede exigió a los gobiernos dirigidos por Bermúdez la recuperación de 45 millones de euros por aportaciones debidas por la multinacional en concepto de inversiones a fondo perdido, así como 10 millones de euros del fondo de grandes reparaciones que no fueron ejecutados, obligaciones establecidas en el pliego para la adjudicación del servicio.
A estas cantidades hay que sumar las pérdidas provocadas por la subcontratación de servicios a empresas del mismo grupo empresarial de Sacyr, que, dice el comunicado, ha causado entre 2006 hasta 2015 daños patrimoniales al Ayuntamiento por valor de 5 millones de euros tras contratar presuntamente de forma irregular servicios por casi 17 millones de euros, en base al peritaje judicial encargado por el tribunal que estudia la denuncia interpuesta por Sí Se Puede por este motivo.
El grupo ecosocialista en el Ayuntamiento asegura que advirtió a Bermúdez en numerosas ocasiones que las irregularidades cometidas por Sacyr en la gestión de Emmasa consistían en distintas acciones pendientes de cuantificar en su totalidad. Se trata, en primer lugar, de la contratación –en contra de lo establecido en el contrato de adjudicación del servicio– de empresas del grupo Sacyr-Vallehermoso para la realización del servicio de desalación de aguas y de servicios de mantenimiento y conservación de la red de alcantarillado de aguas residuales y pluviales, depósitos de agua e imbornales.
A ello se suma el incumplimiento del Plan de Inversiones; la realización de subcontrataciones no autorizadas para la ejecución de labores previstas en el convenio como responsabilidad de la multinacional, que han supuesto un enorme sobrecoste; la deriva de fondos para pagos de altos directivos de Sacyr; la no aportación de documentación solicitada por el Ayuntamiento y el presunto incumplimiento del artículo 18 del pliego referido al Fondo de Reversión. Por todos estos incumplimientos, Sí Se Puede ha propuesto en distintas ocasiones resolver el contrato para remunicipalizar el servicio, con el fin de garantizar una mejor atención a la ciudadanía y una gestión honesta y eficaz de los fondos municipales, que aporta la ciudadanía con el pago de las tarifas.
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