Patricia Hernández, sobre Las Teresitas: “Han movido el dinero de un lado a otro y solo había ingresados 100 euros de una deuda de 100 millones”
La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha emitido un auto con incidente de embargo inmobiliario sobre dos edificios propiedad de Antonio Plasencia, uno de los empresarios condenados por el caso Las Teresitas, con el fin de que sirvan de garantía para afrontar la pena.
Así lo ha anunciado este miércoles en rueda de prensa la alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife, Patricia Hernández, quien ha señalado que las propiedades se corresponden con la actual sede de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias --por la que se pagan 300.000 euros al mes de alquiler-- y otro edificio ubicado en Cabo Llanos, próximo a la ermita de Regla y que el Cabildo intentó comprar la pasada Legislatura para reconvertirlo en centro sociosanitario.
Hernández ha valorado que se “haya podido demostrar” en el proceso de incidente de ejecución de sentencia que la emprera Carlacand está vinculada a Promotora Punta Larga y por tanto, pertenecen al “entramado societario” de Inversiones Las Teresitas, sociedad que acometió el frente de playa anulado por el Tribunal Supremo.
La alcaldesa ha comentado que con la resolución de la Audiencia “se bloquean” los dos inmuebles y uno de ellos, el correspondiente a la Consejería de Educación, cuenta con una opción de compra superior a los 40 millones --el Ejecutivo regional ha reservado más de 9 millones en los presupuestos del próximo año--.
Además, ha apuntado que los condenados “han movido bienes con la intención de confundir” y por ello, ha advertido de que “si no ingresan el dinero”, el Ayuntamiento pasará “de las acciones civiles a las penales, y será pronto”. “No vamos a parar”, ha agregado.
En esa línea, ha destacado que los condenados “han tomado el pelo a la justicia y los ciudadanos intentando no pagar la deuda durante años”, algo que “les ha sido fácil” porque el Ayuntamiento [entonces dirigido por Coalición Canaria] no pidió la ejecución de sentencia cuando procedía.
“Mientras los condenados movían dinero, el Ayuntamiento miraba para otro lado”, ha apuntado, resaltando que cuando tomó posesión como alcaldesa “solo había 100 euros” en las arcas municipales relacionadas con el caso Las Teresitas y “no se había pedido todo”, de ahí que critique “el colmo del cinismo” que algunos representantes de Coalición Canaria digan ahora que la sede de la Consejería de Educación es de Plasencia.
Quedan 97 millones por recuperar
El Ayuntamiento ha logrado recuperar ya unos dos millones de la sentencia pero aún quedan otros 97 millones, dado que al no afrontar el pago, los intereses por demora siguen aumentando, cantidad que se puede lograr, en parte, con ambos inmuebles, pues el de Educación tiene un valor superior a los 40 millones de euros y el de Cabo Llanos, en torno a las 30 millones, según las estimaciones del consistorio.
Hernández ha comentado también que el Ayuntamiento está estudiando algunos “negocios jurídicos de los condenados que pueden ser constitutivos de delito” pues han movido bienes “con la intención de confundir”, y lamentado que el anterior equipo de gobierno “estuviera quieto”. “No hicieron ninguna acción y el Ayuntamiento tiene el deber de investigar”, ha señalado.
Sobre el pago de la parte de la condena que corresponde al empresario Ignacio González, fallecido en la cárcel la semana pasada, ha indicado que el Ayuntamiento va a proseguir con las acciones y vigilará su herencia.
