La Mesa de Contratación creada por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife (gobernado por CC-PP) para el concurso del servicio de limpieza viaria, recogida y transporte de residuos urbanos (el más importante del municipio por su coste) ha propuesto adjudicar a la empresa Valoriza, filial de Sacyr (como lo es Emmasa, la entidad privada que gestiona el agua en la ciudad), ese contrato por casi 142 millones de euros en ocho años, a pesar de que un informe técnico del Consistorio local advierte de forma tajante de que la oferta presentada por esa multinacional no puede asegurar el cumplimiento de los objetivos de calidad del servicio.
Esto puede ser así, se argumenta en un informe técnico, al haber superado esa firma concursante “en el 60%” el tope de rebaja (del 50% máximo al 80%, con 30 puntos de diferencia), lo que es “anormal o desproporcionada”, según lo previsto en el pliego que rige el concurso público, el de mayor importe de todos los que convoca el Ayuntamiento capitalino.
Ese órgano de contratación, que preside el concejal de Servicios Públicos, Dámaso Arteaga (de CC), en una reunión celebrada el 18 de septiembre pasado, desestimó la advertencia de tres técnicos del Ayuntamiento que señalaron que con el plan de Valoriza “no es posible alcanzar el nivel de aseguramiento de la calidad a la que se obliga en su propia oferta”. Además, se dice que, “como consecuencia de la reducción del 80% [frente al 50% considerado tope] de Valoriza a aplicar a los valores en los intervalos de los indicadores del servicio, el aseguramiento de la calidad no puede ser cumplido”.
Sin embargo, la Mesa de Contratación no tuvo en cuenta el criterio de esos técnicos municipales al considerar que “carece de elementos de juicio objetivos” para concluir que la oferta de Valoriza “hace inviable la ejecución del contrato”.
El artículo 152 de la Ley de Contratos Públicos estipula que, si ese órgano “estimase que la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de valores anormales o desproporcionados, la excluirá de la clasificación y acordará la adjudicación a favor de la proposición económicamente más ventajosa”.
En la puntuación total del concurso, Valoriza (filial de Sacyr, la compañía que controla la gestión del agua en la capital tinerfeña, a través de Emmasa) obtuvo 94,81 puntos, seguida de FCC, con 89,58; Ascan-Acciona, con 86,22; Urbaser, con 83,76, y OHL, con 80,41. Este ranking implica que, si a la ahora ganadora no se le tuvieran en cuenta los 13 puntos obtenidos en el apartado de objetivos de calidad, por haberse considerado una baja temeraria [en indicadores de calidad], Valoriza hubiera sido superada por FCC (las restantes empresas recibieron todas 8,3 puntos, al ajustarse al límite del 50% de rebaja en el capítulo de objetivos de calidad).
El informe desfavorable a Valoriza está realizado por el jefe del Servicio Técnico de Gestión y Control de Servicios Públicos, Javier Ignacio Fernández Rodríguez, y la jefa de la Sección de Mantenimiento de la Ciudad, María Flores González-Moro, más el arquitecto técnico Darío López, adscrito a esta sección.
Estos técnicos ponen de relieve que, en las condiciones de este concurso, se destaca como “objeto del contrato la mejora de los niveles actuales de calidad en la prestación del servicio”, los cuales se miden a través de indicadores concretos.
El pliego del concurso público se considera forzado
En este aspecto, cada empresa que se presentó al concurso planteó una disminución aplicable (la del 50%) a los valores en los intervalos de aquellos indicadores de calidad. “El pliego de condiciones establece que el porcentaje de reducción que se aplicará a los valores que definen los intervalos de no conformidad con la calidad exigidos es anormal o desproporcionado cuando supera el 50%” y “Valoriza ofertó el 80% de disminución” (30 puntos más del tope), subrayan estos técnicos municipales, quienes previenen de que esto se traduce en “un incremento en las exigencias para el aseguramiento de la calidad que supera ampliamente las estimaciones que se deducen de la experiencia en la explotación este servicio”.
Los tres empleados públicos del Ayuntamiento fueron llamados a una reunión con la Mesa de Contratación en junio pasado para que dieran aclaraciones sobre su informe, que incluye las alegaciones de Valoriza, las cuales, en su gran mayoría, le fueron rechazadas. También se convocó a los tres técnicos del informe el pasado 18 de septiembre, con voz pero sin voto, a la reunión en la que la Mesa resolvió la propuesta, dejando constancia en el acta de que “tras un intenso debate” se decidió por unanimidad admitir la oferta de Valoriza.
El órgano contratador lo preside Dámaso Arteaga como concejal del área, y lo integran el director de Bienestar Comunitario y Servicios Públicos, Juan Domingo Cabrera Delgado; el jefe del Servicio de Gestión y Control de Servicios Públicos, Pablo López Arma; el interventor general, José Isaac Gálvez Conejo, y la abogada Maria Isabel Molina Moreno.
Para los técnicos que informaron de forma desfavorable, Valoriza, tras presentar alegaciones, no ha acreditado que pueda cumplir los objetivos de su oferta en indicadores como la limpieza de hierbas; desborde, limpieza y mantenimiento de contenedores y su entorno inmediato; residuos voluminosos (enseres) y escombros o número de incidencias del servicio.
Pero para la Mesa de Contratación, aunque afirma que no cuestiona en ningún momento el informe técnico negativo, sostiene que la conclusión de los tres técnicos “se refiere a una actuación futurible del contratista”, es decir, “que este no va a poder cumplir su oferta”.
Gana la oferta que menos personal aporta
Aparte de lo expuesto, reseñaron que Valoriza fue, de las cinco ofertas presentadas, “la que menor cantidad de medios personales adscribe al servicio y la segunda mejor en suficiencia de medios materiales”.
Además, subrayan que si al importe ofertado por el Ayuntamiento por ese servicio se le aplicaran las deducciones a modo de sanción por no alcanzar el nivel de calidad en las cuantías que se plantea la propia empresa, “del 9% o del 7,2% [sobre el precio total del contrato], o incluso el que determina para el mejor de los escenarios, el 6,24%, la cantidad que percibiría” Valoriza “estaría superando el valor del 15% que los pliegos [de condiciones del concurso] determinan como baja económica anormal o desproporcionada”. Hasta el 18,11% llega ese porcentaje en el peor de los supuestos.
A este criterio no da relevancia la Mesa de Contratación, al considerar que en el pliego de cláusulas administrativas particulares que rigen la concesión ya se prevé esa contingencia, y añade que “la única consecuencia directa del incumplimiento de la oferta en este punto es estrictamente económica”, por lo que “habrá que ponerla en relación con el resto de la oferta presentada por Valoriza, que ha resultado ser la más ventajosa para la Corporación”.
El precio resulta determinante, aunque se prometió la calidad
El órgano que preside Dámaso Arteaga también argumenta que, si se tiene en cuenta “el criterio objetivo más relevante, el precio, la oferta de Valoriza se sitúa en una baja del 10,01% del presupuesto de licitación (la más baja de las presentadas), alejado en prácticamente cinco puntos porcentuales del 15% establecido por el pliego para su consideración como desproporcionada”. En concreto, Valoriza ofrece llevar el servicio por 17.748.424 euros al año, apenas 1.972 euros menos que la segunda mejor oferta, la de Ascan-Acciona.
También sostiene ese órgano que “la oferta de Valoriza, si no hubiera incurrido en desproporción en el criterio de aseguramiento de la calidad” y hubiera presentado una oferta igual al resto de licitadores, ajustada al porcentaje establecido en el pliego como frontera para apreciar la temeridad (50%), hubiera resultado igualmente la oferta más ventajosa para la Administración“.
La argumentación de la Mesa de Contratación contrasta con los objetivos que se marcó en 2017 el Ayuntamiento al anunciar este concurso público, pues, en nota de prensa del alcalde y del concejal de Servicios Públicos, remarcaron: “En los criterios de adjudicación tendrá una mayor preponderancia el carácter objetivo del servicio. El precio que oferte cada compañía pierde valor respecto al anterior concurso, obteniendo ahora una mayor puntuación la calidad en la prestación del servicio e incorporando supuestos de flexibilidad y adaptación constante a las necesidades de la ciudad”.
El concejal Dámaso Arteaga explicó al anunciar la propuesta de adjudicación de la Mesa de Contratación que el procedimiento ha sido muy complejo, dada la propia naturaleza del servicio, y destacó que la Mesa también se ha servido del asesoramiento de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Gobierno de Canarias, en aras de una mayor garantía y seguridad jurídicas.
Arteaga explicó que a partir de ahora continúa el procedimiento administrativo con la adopción, por parte de la Junta de Gobierno municipal, del acuerdo que proceda. “A partir de ese momento y tras el periodo preceptivo de posibles recursos, se prevé la puesta en marcha del nuevo servicio durante el primer trimestre de 2019”, comenta el concejal.