Bermúdez y la delegada del Gobierno buscan soluciones para más de 80 migrantes sintecho que viven en la capital tinerfeña
El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, de CC, aprovechó la rueda de prensa convocada este martes para anunciar la construcción de 44 viviendas de protección oficial en el municipio para además trasladar su opinión respecto a la reunión mantenida hace poco con la delegada del Gobierno español en Canarias, Elena Máñez (PSOE), con el fin de analizar el impacto actual de la migración irregular en la capital tinerfeña. El alcalde mostró su “incertidumbre” en cuanto a los logros de la cita, aunque la calificó de “positiva”.
Según advirtió Bermúdez, existe un “ambiente de preocupación social” por las entre 80 y 100 personas sin hogar y migrantes que en los últimos cuatro meses han estado por la capital santacrucera buscando un lugar donde vivir tras salir del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Hoya Fría, el único operativo en Canarias, después de no haber sido repatriadas por las autoridades del Estado.
El problema, tal y como describió Bermúdez, está en los trámites burocráticos que existen entre España y Marruecos a la hora de la repatriación de migrantes irregulares, principalmente porque casi el 98% de ellos tienen ese origen.
Bermúdez aprovechó la ocasión para recordar que en Tenerife está el único CIE en activo de todo el archipiélago, tras la clausura del de Fuerteventura y las “obras eternas” del de Gran Canaria, para las cuales aún no existe una fecha concreta de finalización.
En la reunión con Máñez, el alcalde de Santa Cruz de Tenerife manifestó su respaldo al Gobierno de España en la resolución de este problema y consideró que “no se puede hacer nada sin el apoyo del Estado”.
Asimismo, planteó a la delegada del Gobierno una propuesta del Ayuntamiento, denominada Comisión Técnica de Convivencia Intercultural de Santa Cruz de Tenerife, con el objetivo de ayudar a esas personas a integrarse en la sociedad y a poder ofrecerles un futuro, aunque “es difícil ayudar a personas que se encuentran sin papeles, porque así no podemos ofrecerles un futuro”, sentenció el alcalde.
Bermúdez aclaró que no vincula a ese centenar de personas migrantes y sin hogar con actitudes delictivas: “Me niego a hacer coincidir inmigración y delito”. Sin embargo, sí reconoció que la presencia de estas personas ha supuesto una problemática para algunas comunidades de vecinos, las mismas que les han trasladado su malestar dado que algunos de ellos han buscado refugio en edificios de la capital.
El Gobierno de España se ha comprometido a estudiar la oferta del Ayuntamiento de Santa Cruz y ha dado un plazo de 15 días a un mes para contestar a la propuesta formalizada por el alcalde Bermúdez.
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