El Gobierno de Canarias ha llegado a un acuerdo con el Banco Santander para comprar por 24,9 millones de euros 358 viviendas de protección oficial (VPO para alquiler social) ubicadas en el barrio de Añaza de la capital tinerfeña, con lo que evita que sean adquiridas por un fondo buitre. A una entidad de este tipo el citado banco tenía avanzado transferir esos inmuebles. Una operación que se anuncia después de meses de negociación, pero sin que se haya sometido a concurso público, lo normal en estos casos.
La compraventa la anunció este miércoles el propio presidente del Ejecutivo autonómico, Fernando Clavijo, y se formalizará en breve, cuando concluya el proceso de tramitación de la operación, a través de la empresa pública Visocan, SA, adscrita a la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, de la que es titular Cristina Valido (CC).
El presidente canario hizo esas declaraciones, informó la agencia Efe, tras mantener una reunión con representantes de los vecinos afectados en el mencionado barrio, muchos de ellos con procesos de desahucio en curso que se han ido paralizando.
A la cita en Presidencia con los residentes en los dos edificios acudieron Fernando Clavijo; el presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso; la consejera Cristina Valido, y el alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, todos ellos cargos de CC. También estuvo Inma Évora, persona vinculada a la Plataforma Antidesahucios (PAH) y ahora contratada por Visocan para, entre otros asuntos, poner en orden la situación de esas viviendas protegidas de alquiler tras la compra anunciada.
Clavijo ha destacado la actuación de los vecinos para evitar una “tremenda injusticia” y ha señalado que en España no hay un ejemplo similar a este, en el que las administraciones se hayan unido (hasta tres distintas: Ejecutivo autonómico, Cabildo y ayuntamiento) para impedir que un fondo buitre se quede con tantas viviendas.
La consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Cristina Valido, ha reconocido que el hecho de pagar todo de una vez ha facilitado bajar el precio de los 29 millones de euros de la tasación del banco a los casi 25, y ha comentado que una vez se firme el acuerdo se analizará la situación de cada familia, de cada morador.
Entre esas 358 familias hay algunas que no podían pagar porque no les daban los recibos y también las hay que están en situación de ocupación, por lo que se analizará cada caso, señaló la consejera. También apuntó que algunas de las últimas citadas podrán pasar a una situación regular. Para esta tarea Visocan ya ha contratado los servicio de Inma Évora.
La previsión es que antes del 15 de enero el dinero se transfiera a la empresa pública Visocan y, según el presidente de Canarias, lo “razonable” sería que antes de dos meses se formalice el contrato para comprar todas esas viviendas.
En nombre de los vecinos habló la ahora asesora técnica de Visocan Inma Évora (antes del acuerdo apoyaba a los vecinos afectados por los desahucios en curso), que dijo que con este acuerdo ninguna de las 358 familias se quedará en la calle y destacó la necesidad de que en Canarias haya un parque de viviendas públicas para facilitar el acceso a las personas con pocos recursos económicos.
La consejera de Vivienda comentó que el Gobierno regional también comprará los trasteros y garajes, y destacó la coordinación de los vecinos para evitar que viviendas públicas terminen en manos de un fondo buitre.
El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez indicó que, de no haberse llegado a este acuerdo, la mayoría de esas familias se hubiera ido a la calle. Ahora, una vez se firme la compra por parte de Visocan, las viviendas formarán parte del patrimonio público.
Cuando se formalice la compra al Banco Santander por parte de la pública Visocan, hay que poner al día la situación de todos los pisos VPO destinados a alquiler social. El objeto de esta primera actuación, tras consolidarse la “más difícil”, que es la adquisición de las viviendas, es “ordenarlo todo” para “empezar de cero”, subrayó la consejera de Vivienda.