La Audiencia de Santa Cruz de Tenerife comenzará el 9 de septiembre -tres días antes de lo que inicialmente se había anunciado- el juicio del “caso de Las Teresitas”, el presunto pelotazo por el que el Ayuntamiento de la ciudad compró por 52 millones de euros terrenos en la playa del mismo nombre que el propio Consistorio había valorado en la mitad.
Según ha informado este lunes el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, la Audiencia Provincial ya ha programado 33 sesiones del juicio, que se prolongará, en principio, hasta el 4 de noviembre.
En este proceso penal, la Fiscalía Anticorrupción solicita penas de cárcel para los trece procesados, entre los que figura el alcalde de la ciudad cuando se cerró esa operación urbanística, Miguel Zerolo, exsenador de Coalición Canaria.
La Fiscalía Anticorrupción pide ocho años de prisión para Zerolo y para el concejal de Urbanismo en aquellas fechas, Manuel Parejo (CC), así como cuatro años a los también exediles Emilio Fresco (PSOE) y José Emilio García Gómez (PP).
La misma condena, cuatro años de cárcel, propone para los empresarios Ignacio González y Antonio Plasencia, así como para sus hijos Carlos Plasencia y Pedro González.
El Ministerio Público también solicita cuatro años para el exsecretario general municipal, Eugenio de Zárate, y para el exgerente de Urbanismo, José Tomás Martín, así como a los funcionarios Antonio Messia, Víctor Reyes y José Luis Roca.
Anticorrupción imputa a los funcionarios y cargos públicos presuntos delitos de prevaricación, por lo que pide inhabilitación especial, y de malversación de caudales públicos, que conllevan las penas de prisión.
A los empresarios, el Ministerio Fiscal les atribuye presuntos delitos de malversación de caudales públicos.
En su escrito de cargos, la acusación pública relata el proceso presuntamente urdido por los procesados para que en 2001 el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife comprara por 52 millones de euros terrenos situados en primera fila de la playa de Las Teresitas a la sociedad Inversiones Las Teresitas SL, propiedad de Plasencia y González, a pesar de que la arquitecta municipal del Consistorio los había valorado en 19,2 millones de euros.
El Ministerio Fiscal acusa a los imputados de “comportamiento arbitrario y postura antieconómica e irracional en la fijación del precio pagado a los empresarios”, que obtuvieron un lucro final de 39,4 millones de euros a costa de “las arcas municipales y en definitiva, al pueblo de Santa Cruz”.
La Fiscalía afirma que el alcalde Miguel Zerolo y el concejal de Urbanismo, Manuel Parejo, dieron instrucciones para que se acomodara “la actuación completa de la administración municipal” para llevar a efecto lo que estaba pactado previamente con los empresarios, aunque se beneficiaba “única y exclusivamente a la parte privada a costa de un grave perjuicio a las arcas municipales”.
Agrega que de los 109.420 metros cuadrados de los terrenos que pensaba adquirir el Ayuntamiento, 63,700 ya habían sido cedidos gratuitamente al municipio en 1986, mientras que 9.076 estaban dentro de la línea de deslinde marítimo-terrestre, lo que, según las conclusiones de la Fiscalía, ya había sido advertido por la arquitecta municipal.
La operación de compra de esos terrenos fue anulada años más tarde por el Tribunal Supremo.