“La camaradería ha sido siempre más apariencia que realidad, porque aquí es difícil fiarse de nadie y menos decir lo que se piensa con tantos cuchillos afilados”. Así resume un agente el miedo, la desconfianza y la incertidumbre latente en la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife al valorar el ambiente de trabajo en una institución siempre bajo la lupa.
Máxime tras el episodio de la fiesta celebrada en su sede principal de la Avenida Tres de Mayo en pleno estado de alarma por pandemia, por el desprestigio causado al Cuerpo y la apertura de expediente disciplinario a la propia jefa, la comisaria Carmen Delia González Martín. Lo ocurrido, además, ha destapado el conflicto de fondo, cada vez menos soterrado, entre los fieles a Coalición Canaria y los que desean cambios en la forma de gestionar el área de Seguridad municipal.
El clima de tensión en el seno del Cuerpo no es de ahora. Los problemas de organización, falta de recursos y conflictos internos se han acumulado y hasta enquistado con el tiempo, muchos como resultado de una particular forma de mandar, dejar hacer y deshacer característico de ATI-CC en décadas de poder municipal (1983-2019), y el consiguiente reflejo en una institución de disciplinada jerarquía como la policial.
El 15 de junio se cumple el primer año del PSOE a las riendas del Ayuntamiento de Santa Cruz (frente a 40 años de UCD-ATI-CC), con Patricia Hernández como alcaldesa y Florentino Guzmán delegado a cargo de la Policía como concejal de Seguridad, Movilidad y Accesibilidad. En este tiempo, una de las prioridades ha sido recomponer las relaciones internas con la plantilla -crispadas especialmente en el último mandato de CC y PP-, con “menos injerencias y más trato profesional”, según expresión manejada a modo de consigna entre los desafectos con el mando policial.
Para cumplir este desempeño, de trazo fino, el equipo de gobierno buscó un perfil de marcado carácter técnico antes que político y escogió a Francisco Javier Rodríguez del Castillo, director general de Seguridad Ciudadana de la Corporación desde el pasado marzo. De hecho, Rodríguez del Castillo fue hasta el pasado verano responsable de Función Pública en el Ejecutivo nacionalista de Fernando Clavijo, aunque algunos dicen con sorna que en el trato “no se le nota”.
Diversas fuentes sindicales bendicen los pasos y plazos manejados por la Alcaldía en este proceso de transición. “No los cambio por los anteriores ni loco”, enfatiza una de estas voces, pero admiten dificultades para que esos “nuevos aires” alcancen la Avenida Tres de Mayo.
Este medio conoce de recelos y diferencias encontradas en la plantilla al momento de posicionarse entre lo conocido o un cambio sobre lo presente, incluso en el ritmo o intensidad de esa renovación. Otra cosa sería impensable “después de 40 años de monogamia” de Coalición Canaria, apuntan, “tiempo más que suficiente para meter muchos peones” en el área de Seguridad municipal. Esa orientación política y la capacidad de presión y seguimiento es reconocida en la cúpula del Cuerpo compuesta por la comisaria González y el subcomisario Blas Hernández.
En este sentido, González Martín no es una jefa cualquiera. Funcionaria del grupo A1 y comisaria principal en funciones. Su trayectoria se ha forjado en la estela de CC. Entró a la Policía de Santa Cruz al mes de la primera reelección de Manuel Hermoso como alcalde, en 1983 –transmutado ya en líder de la formación insularista de centroderecha Agrupación Tinerfeña de Independientes (ATI) y llegó a ser la primera mujer al mando de una Policía Local de capital de provincia, en 2006. Después tuvo unos años de protagonismo político, siempre nacionalista, como directora general de Seguridad y Emergencias en el primer Gobierno de Paulino Rivero y más tarde portavoz y concejal de Seguridad en el primer equipo de José Manuel Bermúdez en el Consistorio santacrucero.
La jefatura de González en sus dos etapas (2006-2007 y desde 2014 hasta ahora), se define por un férreo control de la disciplina y la jerarquía en el Cuerpo. Unos destacan su preparación académica y capacidad de dirección, que incluye distinciones y reconocimientos en distintos foros. Otros subrayan su proceder arbitrario, con favoritismos y discriminaciones; “la reina de los expedientes”, dicen de ella, por su diligencia al amenazar con sanciones y “abrir procesos como herramienta de intimidación”.
Todavía se recuerda en la plantilla el caso de Domingo Orosa, quien fuera subinspector de la Policía, y de los primeros que sufriera en sus carnes la llegada de González al mando “y su soltura para incoar expedientes encadenados que se quedaban en nada, solo para amedrentar”.
A raíz de ello, no son pocos –y cada vez lo expresan más alto- los que deseaban que la comisaria “probara de su propia medicina”, aplaudieron la incoación de un expediente disciplinario y confían en una renovación de la cúpula policial que facilite la llegada de ese aire fresco demandado.
Costuras que crujen
A todas estas, lo cierto es que la realización y difusión del acto festivo y los acontecimientos posteriores han conformado un nuevo panorama en el Cuerpo.
La notoriedad del singular episodio, publicado el 6 de mayo por TenerifeAhora, hizo “crujir muchas de las costuras mal cosidas” en la institución policial, apunta desde la barrera un antiguo funcionario con estrechos contactos en esa casa.
Un país confinado, sin fases ni desescaladas a la vista, fijó su atención en un agasajo en el que policías y personal administrativo rompían las normas de control del virus en un ágape que incumplía las medidas de protección (sin mascarillas ni guantes) y de distancia social (con besos y abrazos). Los veladores de la seguridad la vulneraban y el testimonio clave eran unas imágenes tomadas y difundidas en redes por la propia jefa de la Policía, presente en el acto. Un incomprensible tiro en el pie.
El relato siguiente anotó el 7 de mayo la apertura de un expediente de información reservada por decisión del concejal de Seguridad para esclarecer lo referido a esa fiesta. A resultas de esa investigación se acordó incoar un expediente disciplinario centrado en exclusiva en la figura de González Martín y del que se podrían derivar sanciones por incumplimiento del régimen interno de la Policía.
A la vez, el Consistorio dio traslado a la Subdelegación del Gobierno de todas las actuaciones practicadas sobre estos hechos por si entendieran vulnerados (y sujetos a eventuales sanciones) algunos de los preceptos contemplados en materia de seguridad ciudadana para la contención de la pandemia.
Probablemente en su peor momento profesional, ausente del trabajo por baja médica desde el mismo 6 de mayo, González parece caída en desgracia. En los reales de la Tres de Mayo hablan de su reputación como principal lamento y una suerte de ostracismo mientras se desvanecen muchos de los que parecían amigos.
De manera accidental el jefe es ahora el subcomisario Blas Hernández, durante muchos años mano derecha, amigo y persona de la máxima confianza de Carmen Delia González. La comisaria ya lo embarcó con ella en su etapa como directora general de Seguridad y Emergencias para el proyecto de la Policía Autonómica, donde Hernández ocupó la Jefatura Provincial, y después lo recuperó para la municipal cuando González ocupó la Concejalía de Seguridad en la capital tinerfeña.
La comisaria también ayudó a Hernández a regatear un probable expediente tras un engorroso capítulo en 2016, poco antes de las elecciones municipales, al protagonizar una polémica arenga a sus subordinados desaconsejando el voto a Podemos, de la cual quedó grabación. Uno de sus últimos encuentros públicos fue en la ya mencionada fiesta en la sede de la Policía, donde en una de las instantáneas de aquel día, en un posado grupal junto a la mesa con las viandas, se atisba la cabeza de Hernández por detrás de la comisaria González, como la sombra de la comisaria que siempre fue.
Situaciones enquistadas
Así y todo, varias problemáticas enquistadas inciden en la realidad de la Policía Local santacrucera, en la que la fiesta y los expedientes sobresalen como la gota que colma el vaso. Hay una situación casi endémica de sobrecarga laboral en la institución, con una plantilla de 323 agentes de los que casi un centenar no son unidades operativas de calle (patrulleros o motoristas que atienden las llamadas al 092).
La propia relación de puestos de trabajo anota 112 vacantes sin cubrir. Con esos números (sin descontar los turnos y bajas) difícilmente se pueden atender los habituales requerimientos del servicio, peor si cabe con la cadena de acontecimientos en la capital en los últimos seis meses: campaña navideña, fenómeno extraordinario de calima, carnavales y el estado de alarma por el coronavirus.
Cumplir esa exigencia implica acudir a las horas extras, remedio habitual en la institución durante años, que sin embargo repercute en la salud y la frescura en el grado de prestaciones de los policías, y por añadidura fuente de conflicto por supuestos favoritismos en la asignación de esos turnos extra.
También viene de lejos, ese malestar de los agentes, sobre todo en los escalafones inferiores, ante situaciones de maltrato y acoso provocadas por los altos mandos, sin que los diferentes responsables políticos a lo largo de los años (alcaldes o concejales delegados al efecto) hayan resuelto este fenómeno.
De hecho, todos los sindicatos con representación en la Policía se unieron en 2016 como plataforma única para denunciar la “militarización” del Cuerpo y a la escala de mando como responsable directa de la situación. Denegación de permisos de forma arbitraria, limitación de derechos consolidados de los policías, bajadas de sueldo, modificación de horarios de trabajo y aperturas de expedientes de suspensión de empleo y sueldo como instrumentos de coacción y miedo, eran algunas de las situaciones denunciadas, que contaban, y así lo corroboraban los hechos, con la anuencia del alcalde y de la concejala de Seguridad de entonces, José Manuel Bermúdez (CC) y Zaida González (PP), respectivamente.
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