Los socialistas reclaman al alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, que recupere la gestión pública del agua “al menor coste posible”, y aseguran que ha llegado el momento de resolver el contrato con la Empresa Mixta de Aguas (Emmasa) por los “incumplimientos” por parte de la concesionaria, Sacyr.
Así lo han expresado este martes el portavoz del grupo municipal socialista, José Ángel Martín, y el concejal Andrés Martín Casanova, acompañados en la rueda de prensa por la concejal Elena Mateo.
José Ángel Martín indico que tras diez años de privatización, “el servicio no ha mejorado, sino que ha empeorado”, y se ha demostrado que Emmasa “no es un aliado, sino un enemigo con afán recaudatorio”.
A ello se suman la “nefasta” gestión de Emmasa y su “falta de transparencia”, añadio Martín, quien recordó que en el anterior mandato, en el que el grupo de gobierno lo formaban el PSOE y Coalición Canaria (CC), la hoja de ruta pasaba por una auditoría a la gestión de Sacyr, que dio como resultado la intervención de la empresa.
El concejal señaló que los informes técnicos realizados como consecuencia de la intervención que ha llevado a cabo el Ayuntamiento, constatan actuaciones “muy graves” por parte de la concesionaria, “como las subcontratas con otras empresas, algunas del mismo grupo, o el desvío al plan de pensiones de nueve millones de euros destinados a reparaciones de emergencia”.
Asimismo, negó que los técnicos avalen la continuidad del contrato entre Emmasa y el Ayuntamiento, como afirmó la semana pasada el grupo de gobierno. “En todo caso el que sí lo hace es el director general de Servicios Públicos, un cargo directivo”, dijo el portavoz del PSOE, quien recalcó que “las sanciones por los incumplimientos de Sacyr no corresponden a los técnicos, es algo que compete a los políticos”.
Por su parte, Andrés Martín Casanova, que defenderá la moción de los socialistas en el próximo Pleno para que el Ayuntamiento recupere la gestión de Emmasa, hizo hincapié en la reclamación que hace el PSOE, “tras conocerse que Sacyr ha recibido nuevas sanciones y tras conocerse nuevas irregularidades que, según los técnicos, están en torno a unos 20 millones de euros”.
“Santa Cruz debe ser titular de un servicio que nunca debió de dejar de ser público”, apostilló.