La Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife no disfrutará de ningún precio especial a la hora de abonar la factura del agua. Y es que desde hace años el organismo estatal se queja de la elevada tarifa que tiene que pagar que en algunos casos ha llegado a sumar 7 millones por ejercicio. Por ello dispuso de una tarifa especial que fue anulada en 2011, razón por la cual acudió acudió al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que ahora ha fallado en su contra. En concreto el organismo estatal argumentó que se debía reconocer su especial situación dada la actividad que desarrolla y el ser un gran consumidor de este recurso. Criticaba que el Ayuntamiento sí disponga de una tarifa especial que a ellos se les retiró
Lo cierto es que hasta 2011, la Autoridad Portuaria disfrutó de un tratamiento especial con el fin de que fuera más competitiva. Sin embargo, tras la privatización de Emmasa se tuvo que eliminar esta bonificación de la ordenanza y en ese ejercicio incluso se le aplicó el incremento del 1%. Estos precios tan elevados dan lugar, por ejemplo, a que los cruceros se nieguen a abastecerse en el puerto de Santa Cruz, dado que estasembarcaciones suelen tener una demanda de cerca de 30 toneladas de agua. En cuanto a la tarifa especial de la que dispone el Ayuntamiento y el organismo autónomo de jardines, según el TSJC viene justificada porque la Corporación local era la anterior gestora única de la empresa Emmasa de la que luego ha pasado a ser socia.
BICE
Por otro lado, Puertos también ha perdido ante el Ayuntamiento la batalla por el pago del Impuesto de Bienes de Características Especiales (BICE) del año 2010 y por ello tendrá que desembolsar algo más de 1,7 millones de euros por ocupar 12 kilómetros de la costa de Santa Cruz. El TSJC considera que la valoración hecha por la Corporación local fue válida ya que se basó en los parámetros ofrecidos por el Catastro que en aquellos ejercicios fueron notablemente elevados. Los bienes de características especiales suponen unos ingresos anuales para el Ayuntamiento de casi 4 millonesde euros. El 85% de este capítulo lo ocupan la Refinería y el Puerto. En el caso de la Autoridad Portuaria, las diferencias surgieron al entender el organismo estatal que no debe pagar por la ocupación de un suelo que está dentro de la zona de dominio público y que porlo tanto no es propiedad municipal.
El enfrentamiento llegó al punto de que la Corporación local amenazó con embargar las propiedades de Puertos. Incluso se hizo una relación de los bienes que poseía. Así se determinó que el principal valor en manos del organismo estatal son las obras de abrigo realizadas, que alcanzan un valor patrimonial de casi 131 millones de euros. El tira y afloja entre Puertos y el Ayuntamiento se remonta al año 2005, momento en el que la Corporación local reclamó el pago de 341.500 euros, de los que sólo se abonaron 47.0000. Un año más tarde se debían algo más de 348.000 euros, de los que se pagaron 48.000. Pero la mayor diferencia se produjo a partir de 2008 cuando de pronto el Ayuntamiento reclamó el pago de 1,7 millones de euros de los que Puertos sólo se avino a desembolsar 22.000. Desde 2011 el Ayuntamiento ha decidido firmar la paz fiscal con Puertos y se ha rebajado el canon para hacer al puerto más competitivo.