El Supremo también rechaza el recurso presentado a la desesperada por el Ayuntamiento para salvar el PGO de la capital tinerfeña
Otro capítulo judicial cerrado, y no favorable a los intereses que defiende el Ayuntamiento de la capital tinerfeña, en el camino iniciado por el Plan General de Ordenación (PGO) de Santa Cruz de Tenerife tras su anulación por parte del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en julio de 2017.
Lo que pase con este PGO es muy relevante para la ciudad y para el Cabildo, pues incluso puede complicar mucho la compra inicialmente anunciada por Carlos Alonso de un edificio de oficinas a una empresa de la familia de Antonio Plasencia en Cabo Llanos, para convertirlo en geriátrico del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IASS) de la Corporación insular, entre otras operaciones urbanísticas en curso en la capital tinerfeña.
Como adelanta La Opinión de Tenerife en su edición de este sábado, el Tribunal Supremo (TS) ha rechazado el recurso de nulidad de actuaciones con el que el Ayuntamiento intentaba salvar el PGO del municipio y retrotraer el fallo del TSJC que lo anuló en julio de 2017. “El Ayuntamiento intentó con la presentación de dicho incidente de nulidad de actuaciones, y a raíz de que el Supremo inadmitiese, en septiembre de 2018, el recurso anterior de casación, ganar tiempo. Pero ahora ya solo le queda una última carta sobre la mesa, el recurso de casación autonómica que tanto el Ayuntamiento como el Gobierno canario presentaron en su momento ante el propio TSJC, el que anuló el PGO”, informó La Opinión.
Tras esa decisión del Alto Tribunal, y ya solo a expensas de los recursos de casación ante el TSJC del propio Ayuntamiento y del Gobierno de Canarias, la Gerencia Municipal de Urbanismo (en manos del PP, con Carlos Tarife de concejal responsable) sabe que es una posibilidad muy remota que el TSJC, que anuló el documento en 2017 por carecer de evaluación ambiental, falle en contra de su propio criterio.
Esta casi certeza condujo al intento de que el Supremo aceptase la petición de indefensión planteada por el Ayuntamiento, con el fin de provocar la nulidad de todo el proceso seguido en torno al Plan General.
