Las Teresitas, entre angelotes y corrupción
La playa de Las Teresitas está a unos siete kilómetros de Santa Cruz de Tenerife y, si bien durante los últimos días se habla de ella porque en su orilla viven angelotes, que son una especie de tiburón que está en peligro de extinción, desde hace años se asocia a casos de supuesta corrupción.
El barrio de San Andrés acoge esta playa que saltó a los medidos de comunicación la semana pasada cuando el jugador del CD Tenerife Marc Crosas mató a una cría de angelote, algo por lo que el futbolista ha pedido disculpas y ha reconocido que cometió un error.
Tras el suceso, la teniente de alcalde de la ciudad, Zaida González (PP), anunció que se abría un expediente sancionador al equipo de fútbol por la muerte de un escualo pacífico, que figura en la “lista roja” de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza como especie en peligro crítico de extinción, que es el paso previo a la desaparición de todos los ejemplares en libertad.
El suceso del angelote ha sido utilizado recientemente por el portavoz del grupo municipal socialista, José Ángel Martín, para resaltar la importancia de la playa como hábitat de una especie en peligro de extinción y para “venderla” como algo alejado de la corrupción.
Durante la rueda de prensa en la que comentó la importancia que Las Teresitas tiene para el angelote, el portavoz socialista criticó el plan de ordenación que para la playa ha presentado el grupo de gobierno, formado por Coalición Canaria y Partido Popular.
En el plan se prevé iluminar la playa, algo que, como dice José Ángel Martín, los expertos consideran un error porque con la luz los angelotes no entrarán en Las Teresitas.
En cuanto resto del plan, reconoce que está de acuerdo con gran parte del mismo, pero no con que se incluya un hotel con 400 camas y con que se mantenga el llamado mamotreto, un edificio de aparcamientos que debe derribarse por sentencia del Tribunal Supremo.
El derribo ha sido ordenado por sentencia judicial después de las denuncias que presentaron los concejales socialistas José Ángel Martín, Gloria Gutiérrez y José Manuel Corrales, así como la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN) y Amigos de la Playa de Las Teresitas.
Pero el derribo no se ha ejecutado, si bien el pasado 22 de julio el pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife aprobó una moción para culminar a la mayor brevedad posible los trámites para su demolición total.
En la moción se señala que el coste de la demolición deben abonarlo las personas condenadas por su construcción por el Juzgado de lo Penal número 5 de Santa Cruz de Tenerife.
El mamotreto se levantó con motivo del proyecto del arquitecto Dominique Perrault para urbanizar la playa, y a su construcción se oponían tanto el PSOE como el PP y Ciudadanos de Santa Cruz, mientras que estaban a favor CC y el Centro Canario Nacionalista (CCN).
José Ángel Martín está convencido de que el mamotreto se levantó con rapidez para que cuando llegase el juicio del otro caso de supuesta corrupción ligado a la playa de Las Teresitas, la compra venta de los terrenos, los hechos estuvieran consumados.
El otro caso de presunta corrupción fue denunciado por José Ángel Martín desde el colectivo Insula Viable y en mayo de 2007 el Tribunal Supremo declaró ilegal la compraventa de los terrenos de Las Teresitas.
La compra de los terrenos se realizó por 52 millones de euros a pesar de que la arquitecta municipal los había valorado en menos de la mitad de ese precio.
Una de las conclusiones del juicio, que comenzará el próximo 9 de septiembre, afectará al plan presentado por el gobierno municipal, pues el juez tendrá que decidir si los terrenos eran del ayuntamiento, con lo que la corporación habría pagado 52 millones por algo que era de su propiedad, o si los propietarios son varios empresarios.
Así, mientras se decide el futuro de los angelotes, el 9 de septiembre comenzará el que, a juicio del portavoz socialista, será el “macrojuicio más importante contra la corrupción” en Canarias y en el que la Fiscalía Anticorrupción solicita penas de cárcel para trece procesados, entre los que está el entonces alcalde de la capital tinerfeña y exsenador de Coalición Canaria, Miguel Zerolo.
Piden ocho años de prisión para Zerolo y para concejal de Urbanismo en esa época, Manuel Parejo (CC), así como cuatro años a los también exediles Emilio Fresco (PSOE) y José Emilio García Gómez (PP).
La misma condena, cuatro años de cárcel, propone el ministerio fiscal para los empresarios Ignacio González y Antonio Plasencia, que la justicia dirá si eran los propietarios de los terrenos, así como para sus hijos Carlos Plasencia y Pedro González.
También solicita la Fiscalía Anticorrupción cuatro años para el exsecretario general municipal, Eugenio de Zárate, y para el exgerente de Urbanismo, José Tomás Martín, así como a los funcionarios Antonio Messia, Víctor Reyes y José Luis Roca.
Imputa el ministerio fiscal a los funcionarios y cargos públicos presuntos delitos de prevaricación, por lo que pide inhabilitación especial, y de malversación de caudales públicos, que conllevan las penas de prisión.
A los empresarios, el Ministerio Fiscal les atribuye presuntos delitos de malversación de caudales públicos.
