El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, ha criticado este miércoles la postura de Visocan, una empresa del Gobierno de Canarias, de la que ha dicho que parece que quiere dejar en la calle a las personas que ocupan de forma irregular una vivienda pública, y le ha advertido de que prefiere ir a los tribunales antes que cortar el agua y la luz a los okupas.
José Manuel Bermúdez ha hecho estas manifestaciones un día después de recibir una carta de la empresa pública Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias (Visocan), dirigida al concejal de Asuntos Sociales, en la que exige al Ayuntamiento de la capital tinerfeña que deje de abonar lo correspondiente al agua y la luz de las personas que carecen de recursos y ocupan de forma irregular inmuebles que pertenecen a la entidad.
En la misiva, el director gerente de Visocan, Víctor González García, denuncia lo que considera un “comportamiento ilícito” por parte del Ayuntamiento tinerfeño y lo acusa de “coadyuvar en la ocupación ilegal” de los distintos inmuebles de titularidad pública, por lo que amenaza con denunciarlo ante la Justicia.
Sobre ello el alcalde de Coalición Canaria (CC) explicó que, desde hace cinco años, “y con alguna incomprensión, cuando una persona entra en una casa, si ya tenía instalada el agua y la luz, nosotros le ayudamos a pagar los recibos. Esto es lo que hemos hecho cuando una persona ha entrado ilegalmente en una vivienda”. La sorpresa, añadió, es que “Visocan defiende que se le corte el agua y la luz”.
Añadió que Visocan debe de negociar una alternativa habitacional con estas personas, “lo que hay que hacer es convencer y no imponer”.
Afirmó que el Ayuntamiento no ha hecho nada ilegal y añadió que “Visocan, cuya presidenta es la vicepresidenta del Gobierno de Canarias, -y representante del PSOE- lo que nos dice es que por hacer bien las cosas van a iniciar acciones legales; pues nos veremos en los tribunales”.
Bermúdez recalcó que el Consistorio “va a seguir ayudando a las personas que por razón equis ha entrado en una casa”, negociando una alternativa mediante la labor de los trabajadores sociales, y recordó que hace unos años el Consistorio puso en marcha un protocolo antidesahucios. “Lo que no puede hacer el Ayuntamiento es exigir a las financieras que apliquen ese protocolo y no aplicarlo en sus propios inmuebles”. El Gobierno, dijo, debería hacer lo mismo.
Por su parte, la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias se ha desmarcado de la iniciativa de Visocan con un comunicado que ha emitido hoy mismo, en el que asegura que el contenido de la carta firmada por el gerente de la empresa pública, Víctor Nicolás González García, es contrario a sus políticas. Así, señala que “uno de sus pilares fundamentales es que ninguna familia sin recursos económicos se quede sin acceso a los servicios básicos, como el agua o la luz”.
La Consejería indica que ni el Consejo de Administración de la empresa pública, ni la consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, ni el director general de Vivienda del Gobierno de Canarias habían sido informados previamente de la intención de enviar esta carta ni de su contenido.
“Es voluntad de esta Consejería revertir las consecuencias que se deriven de su contenido y seguir defendiendo el acceso de la ciudadanía a los servicios básicos, sin menoscabar por ello la defensa del interés del patrimonio público del Gobierno de Canarias”, señala el comunicado.
Además, el Gobierno sostiene que pedirá explicaciones al gerente de Visocan y adoptará las medidas oportunas en defensa del interés general.
A este respecto el alcalde de Santa Cruz de Tenerife afirmó que “me cuesta pensar” que la vicepresidenta del Gobierno no tuviera conocimiento de dicha carta. “Ella sabrá los problemas que tiene dentro de su consejería, y si tiene algún problema de coordinación con su gerente debería de resolverlo”. En todo caso apuntó que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y la ciudad se merecen una disculpa.