El mar es considerado por testigos y familiares de los represaliados del franquismo en Canarias como una “gran fosa común”. Distintos testimonios apuntan al mecanismo de las “sacas”, es decir, sacar a la fuerza a las personas de sus viviendas y pasar a ser consideradas desaparecidas ya que sus familias normalmente no volvían a saber nada de ellos. Primero, estas personas eran conducidas a la prisión de Fyffes o a los barcos prisión y después eran asesinadas y en ocasiones arrojadas al mar. “Mucha gente de la que no aparece es que se la llevaron en los barcos entonces, para el mar”, señala una de las once personas entrevistadas para un reciente estudio encargado por el Gobierno de Canarias y la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Tenerife, que arroja luz sobre 182 de las víctimas mortales de la represión franquista en la isla y sobre distintos lugares que se podrían intervenir próximamente para localizar los restos mortales de desaparecidos tras el golpe de Estado. “Los barcos estaban atracados en la bahía, los sacaban, los metían en bolsa y los tiraban al mar”, se recoge en otro testimonio, pero también apuntan a otros lugares como el cementerio de San Juan, en La Laguna, el de Santa Lastenia, el conocido como Rancho Grande, además de otras fosas en una casa próxima al Casino de La Laguna o en la Fuente Cañizares.
Las investigadoras de este reciente estudio, Nuria Álvarez y Laura Bencomo, han podido elaborar una lista de 182 víctimas mortales relacionadas directamente con la represión en Tenerife, “que se ha subdividido en tres criterios: los desaparecidos, que ascienden a 60; las víctimas de diversa índole, como fallecidos por torturas, asesinados por Falange o la Guardia Civil en diversas circunstancias o aquellos muertos a consecuencia de las enfermedades contraídas en prisión, que ascienden a 35; y, por último, los 68 fusilados en esta isla, probablemente el sector mejor conocido hasta el momento, dado que se conservan las causas militares que los condenaron a la pena de muerte por fusilamiento en la Batería del Barranco de El Hierro, en Santa Cruz”. No obstante, el documento añade que podrían sumarse 40 casos, de los que existen indicios de que podrían tratarse de desaparecidos, pues se encuentran, según las fuentes, en “ignorado paradero”. Para confirmarlo, consideran que sería necesaria la colaboración de familiares o informantes.
El estudio remarca que la Segunda República supuso un momento de conflictividad social sin precedentes en Tenerife, con un movimiento obrero muy numeroso, bien organizado y afín al gobierno republicano “que arrebató de facto el poder político a las oligarquías tradicionales isleñas y se erigió como una seria amenaza a un conjunto de privilegios, valores e instituciones tradicionales”. Por ello, en las elecciones de 1936 estos grupos de poder tradicionales “perdieron el poder político e institucional y se prestaron a destruir violentamente al estado republicano”. El documento refleja que esos sectores conservadores de la clase política, empresarial y de la iglesia católica tinerfeña elaboraron antes del golpe una serie de listas con nombres de miembros activos de las organizaciones republicanas y obreristas, que “debían ser neutralizados en los momentos iniciales del golpe militar, para evitar una posible resistencia popular, como ocurriría en otras partes de España”. Es por ello, que en ese recuento de víctimas que realiza el estudio el perfil que destaca es el de jóvenes de 30 años miembros de organizaciones obreras o partidos republicanos.
De hecho, “la inmensa mayoría de los desaparecidos, las víctimas y sin duda los fusilados, lo fueron por motivaciones políticas”, pese a que también se haga mención en algunas zonas, especialmente rurales, a venganzas personales. Las desapariciones se produjeron fundamentalmente entre octubre de 1936 y marzo de 1937 y la mayor parte de las víctimas constatadas en esa isla fueron tinerfeños, pero también hubo personas de otras islas occidentales (lo que sitúa a Tenerife como isla de centralización de la represión en esas islas), así como peninsulares. Además, refleja que los asesinatos se concentraron en zonas con fuerte tradición republicana u obrerista, como la zona metropolitana, el Valle de La Orotava, la isla baja y algunos municipios puntuales del sur de Tenerife, próximos a Santa Cruz.
Hacia futuras exhumaciones
La viceconsejera de Justicia del Gobierno de Canarias, Carla Vallejo, señala que Tenerife, pese a ser la isla con más oscurantismo durante la etapa franquista es también una isla donde no se ha exhumado aún a ninguna víctima, a diferencia de La Palma, con la exhumación en Fuencaliente o de Gran Canaria, con la apertura de los pozos de Arucas y Tenoya. Por ello, la idea es dar un impulso y avanzar en la investigación y búsqueda de represaliados en esa isla también. En 2011, se procedió a realizar unos sondeos en el cementerio de San Juan, en La Laguna. Sin embargo, según se recuerda en este estudio, en aquel momento no se obtuvieron resultados positivos. No obstante, el testimonio de una de las familias aportado a este documento detalla que donde se investigó en su momento no era la zona correcta y apuntó otro lugar del cementerio que se intentará sondear en un futuro. En concreto, en este lugar los testimonios orales apuntan a que podrían estar enterrados 11 hombres: Manuel Luis Figueredo Rojas, fundador y militante del PCE de La Laguna; Alfonso Martín Power, alias “el chicharrero”; Vicente Hormiga Mederos, afiliado a la Agrupación Socialista de La Laguna; Domingo García Hernández, alias “el petate”; Cecilio Honorio de Armas Fernández, anarcosindicalista; Juan José Martín Escobar, comunista; Domingo Cruz Cabrera, de la Agrupación Socialista de La Laguna; Jacinto Silvera Peña, comunista, anarcosindicalista; Saturnino González Falcón, alias “Nino”; Alfredo Mederos Galán, socialista y Guetón Rodríguez de la Sierra, comunista. No obstante, el texto también añade que muchos familiares de estas personas han defendido la idea de que fueron arrojados al mar.
La primera intervención de 2011 en el cementerio de San Juan fue realizada al lado de la capilla principal del cementerio, en la zona conocida como “Jardín”. En ese espacio se encontraban los restos humanos no identificados de los dos grandes accidentes aéreos en el aeropuerto de Los Rodeos. “Si se hubieran encontrado los restos de los desaparecidos en esta parte del jardín tendrían que haberse localizado entre los restos de los accidentes aéreos y los cuerpos situados en la base del cementerio. No fue así. Es por ello que se descartó este espacio como el lugar destinado para el reposo eterno de los represaliados” señala el informe. La tercera zona y última intervenida en el cementerio fue la fosa común o “volcán”, junto al baño, pero estaba colmatado de restos humanos no reclamados y la búsqueda se volvió compleja por falta de tiempo y por la dificultad que implicaba. Las investigadoras añaden una reciente entrevista con una familiar de uno de los desaparecidos que apunta que la fosa estaría en el jardín en frente de la entrada de la capilla principal, “en un lugar que el historiador Alfredo Mederos y otros muchos también señalaron”. Según cuenta esta mujer, en los años 60 con la ampliación de la pista del aeropuerto de Los Rodeos (donde las fuentes orales afirman que mataron a muchas personas tras el golpe de Estado), aparecieron unos cuerpos que fueron trasladados al cementerio de San Juan.
No es el único punto en el que puede haber represaliados del franquismo, según el informe, que también menciona el Rancho Grande, una construcción “que no cabe duda que tuvo que tener una implicación en la represión de La Laguna, pues diversos informantes lo nombran y lo describen como un espacio donde asesinaron a personas o al menos las retuvieron durante y tras la Guerra Civil”. Con la colaboración del Ayuntamiento de La Laguna las investigadoras obtuvieron información más concisa sobre este edificio como quiénes eran sus propietarios, dimensiones, entre otros. Pero lo que llamó “poderosamente la atención es la existencia de un pozo en uno de los laterales de la construcción”. También se habla de una casa próxima al Casino de La Laguna de color azul que una de las entrevistadas en el estudio apunta que era de un franquista y apunta a que pudieron haberse encontrado huesos hace años. Tras las indagaciones en el Ayuntamiento de La Laguna, se pudo corroborar que la casa perteneció en el pasado a un franquista, pero se hace necesario seguir indagando. Hay fuentes que también apuntan a la Fuente Cañizares, sobre la que también habría que profundizar.
Las investigadoras concluyen pues que son dos los puntos con altas probabilidades de encontrar los restos de algunos de los desaparecidos: la nueva localización en el cementerio de San Juan y la casa colindante al casino ya que las fuentes orales lo respaldan. Con este proyecto se abren además dos nuevas vías de investigación; una relacionada con la localización de los fusilados en el Barranco de El Hierro y otra relacionada con Rancho Grande, pues el descubrimiento de un pozo o aljibe en los alrededores de un edificio con alta implicación en la época de la represión franquista hace pensar que quizás fuera usado para hacer desaparecer a personas, pero recuerdan que se trata de una hipótesis y que hay que seguir investigando.
El estudio remarca que el fenómeno de las desapariciones mediante sacas fue un método empleado de manera masiva y sistemática en Tenerife, lo que no implica que no pudieran producirse asesinatos puntuales en la zona de Las Cañadas del Teide (donde se cree que pudo ser enterrado el último alcalde republicano de Santa Cruz de Tenerife, José Carlos Schwartz, abuelo de la presidenta la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Tenerife), en pozos o en cárceles municipales. Del análisis de todos los datos se deduce la importancia de los pozos como lugar de desapariciones. Estaban ubicados en grandes fincas y son citados por las fuentes orales, fundamentalmente en el sur de la isla. Sin embargo, hoy en día no ha sido posible contrastar estas informaciones. Para profundizar en todo ello también remarcan que es necesario seguir investigando caso por caso. Así mismo, el estudio destaca que la represión franquista no sólo supuso en la isla el asesinato de centenares de personas, sino que impactó en un grupo de población muchísimo mayor, generando indefensión en las familias de los represaliados. “Parece indudable la vinculación entre el fenómeno de emigración a Venezuela y a territorios americanos, fundamentalmente, ante la perspectiva de una vida de acoso y precariedad en Tenerife”, recuerdan. Por ello, sostienen que no es de extrañar que los informantes de estos hechos tras haber pasado ya 85 años de la guerra civil, aún mantengan actitudes de miedo y cautela a la hora de hablar sobre lo sucedido, que marcó perdurablemente sus vidas.