Comisiones Obreras advierte de posible prevaricación en la contratación de seguridad privada en el Parque Nacional del Teide

El sindicato Comisiones Obreras ha avisado de que la contratación de seguridad privada en el Parque Nacional del Teide supondría “un grave error y la comisión de una acción ilegítima, por lo que se podría hablar de un acto de prevaricación”.

A través de una nota, el sindicato acusa a Tragsa y al Cabildo de Tenerife de “mantener a los trabajadores en una situación de incertidumbre y malestar, ante la inseguridad de su futuro laboral”, y vuelve a lamentar que hasta la fecha “no se hayan atendido las peticiones de reunión lanzadas meses atrás ante la gravedad de la noticia de pretender sustituirles por seguridad privada”.

Comisiones Obreras critica que la única información proveniente de Tragsa y Cabildo que llega a los trabajadores y a sus representantes “es la que están publicando los medios de comunicación, vulnerándose el derecho de información y por tanto impidiéndoles ejercer las acciones necesarias para la defensa de sus intereses”.

CCOO señala que estos trabajadores “llevan muchos años desempeñando una labor de vigilancia e información en el Parque Nacional del Teide, adquiriendo formación y experiencia en su trabajo” y añade que incluso “se vieron obligados a obtener la condición de guardas rurales a petición de la dirección del Parque, para lo que Tragsa les proporcionó el acceso a la formación y las pruebas para obtener la habilitación profesional, por lo que están perfectamente capacitados para desempeñar las funciones de apoyo a la Vigilancia, a los medios propios del Parque Nacional”.

Los trabajadores, continúa el sindicato, “han seguido siempre las indicaciones tanto por parte de la empresa, como del Cabildo insular, o de la propia dirección del Parque, realizando una labor intachable”, por lo que consideran “aún más injusto que decidan prescindir de ellos, sin la menor base legal, en lo que parece ser una decisión errática que, careciendo de objetivos, pudiera estar ocultando otro tipo de intereses”.

La organización sindical entiende que, de consumarse la decisión, constituiría “un grave error y un paso atrás en cuanto a la gestión de este espacio natural protegido, Patrimonio de la Humanidad”.

“La función de protección de la integridad de su gea, fauna, flora, vegetación, aguas y atmósfera, así como sus valores arqueológicos, y en definitiva de los ecosistemas del Parque Nacional, en razón de su interés educativo, científico, cultural, recreativo, turístico y socioeconómico, es completamente ajena a la seguridad privada. Como también le es ajena la labor de información para promover la educación ambiental y el conocimiento público de los valores ecológicos y culturales del Parque y su significado, actividades que durante años han venido realizando los trabajadores de Tragsa”, indica el sindicato.

Agrega que la Ley de Seguridad Privada “define de manera indubitada que el Parque Nacional del Teide no entra en el ámbito de actuación del personal de seguridad privada, cuyos fines son garantizar la seguridad de las personas, de sus bienes y el desarrollo de sus actividades”, y cree, por tanto, que estos servicios “no pueden ser prestados en terrenos del dominio público, en el que las personas y sus actividades están predeterminadas y reguladas por sus leyes específicas de protección y conservación”.

Para Comisiones Obreras, “todo lo acontecido evidencia la necesidad de proveer de herramientas y recursos adecuados, como un reglamento que desarrolle el PRUG que permita ejercer las acciones adecuadas, con más personal que informe, eduque y advierta, realizando una importante labor disuasoria, función que ya desempeña con bastante efectividad el personal de Tragsa”.

CCOO sostiene que la solución “pasaría por dotar de más y mejores medios al personal auxiliar actual, aumentar el número de efectivos de apoyo que además prestaría la fundamental labor de información más educación ambiental y a la vez una vigilancia disuasoria con presencia constante y aumentada durante las 24 horas, sin olvidar el necesario y obligatorio respaldo de las fuerzas de orden público, cuestión que puede incentivarse desde las propias instituciones públicas, ya que otros parques nacionales con menos visitantes tienen su propio destacamento del Seprona de la Guardia Civil”.