El exgestor cultural del Auditorio Teobaldo Power lleva a la Fiscalía su denuncia pública por la falta de plan de seguridad

A la Fiscalía. Miguel Ángel Hernández, exgestor cultural y único técnico de este área de 2007 a finales de 2022 en el Ayuntamiento de La Orotava, el municipio de más extensión de Tenerife y de mayor población del Norte de la Isla (42.000), ha decidido recurrir al sistema judicial para denunciar lo ocurrido de siempre con el Auditorio Teobaldo Power, que ha carecido de plan de seguridad desde que sirvió de cine de 1957 a 1989 y, desde 1991, como principal sala sociocultural de la localidad tras adquirirlo el consistorio.

Justo después de exponer a Canarias Ahora sus denuncias verbales y escritas al gobierno local en los últimos lustros, tal y como se publicó el pasado viernes, Hernández remitió sendos correos con su versión y documentación a la Fiscalía en Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, si bien este miércoles ha optado por presentarlo presencialmente en las dependencias de la capital tinerfeña. Según sostiene, la reforma del Teobaldo Power anunciada la semana pasada por sorpresa por el Ayuntamiento orotavense y el Cabildo de Tenerife de un auditorio que llevaba esperando por estas obras durante décadas obedece o se ha precipitado, en realidad, por lo ocurrido en Valencia con la DANA del 29 de octubre, entre otras cosas porque había programación ya prevista para lo que queda de 2024 y conciertos en 2025 para los que ya se estaban vendiendo entradas.

Hernández dice que, al conocer el anuncio de los trabajos, no pudo más que vincularlo a la trágica, destructiva y mortal riada en la periferia de la capital valenciana y recuerda que, aparte de sus múltiples advertencias verbales al gobierno local, ya avisó por escrito en 2017 de la falta de plan de seguridad en esta sala y en otros espacios que albergan programación sociocultural del municipio. La reforma requiere, como mínimo, 3 años de obras por unos 13 millones de euros, a sufragar en un 80% por el Cabildo tinerfeño y el resto, por el consistorio, si bien Hernández teme que sea por mucho más tiempo.

El 25 de octubre de 2017, este abogado de formación especializado luego en la gestión cultural presentó un informe en el consistorio, escueto (de un folio) pero contundente, en el que advirtió por escrito de lo que llevaba años verbalizando y siguió denunciando después. Según señaló entonces, en lo que considera que constituye una dejación de responsabilidades por parte del gobierno local (CC) porque no se tomó prácticamente ninguna medida en favor de la seguridad de la sala, “a día de la fecha, el Auditorio Teobaldo Power, así como el resto de instalaciones municipales donde se programa la actividad cultural, carecen de planes de evacuación y emergencias, con el consiguiente riesgo para las personas en caso de accidente o cualquier otro suceso que se pudiera producir”. 

Ante eso, solicitaba a la Alcaldía que, “a la mayor brevedad posible, se redacten los planes oportunos de seguridad y evacuación para poder continuar con la programación cultural sin incidencia, tal y como establece la Ley 7/2011 de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicas y otras medidas administrativas complementarias, así como el resto de legislación al respecto”.  

Sin embargo, la programación cultural ha seguido, si bien otras fuentes conocedoras de cómo se ha obrado en este área local durante lustros recalcan que esa actividad dependía básicamente de quiénes y cuándo solicitaban el Teobaldo Power, que no había un proyecto cultural planificado ni programado de por sí, sino que se iba rellenando el calendario anual de actos según disponibilidad de la sala y sin pedir aportaciones económicas para sentir el supuesto apoyo del consistorio.

Incumplimiento de la ley 7/2011 de Espectáculos Públicos

Hernández, originario del barrio local de La Perdoma, considera que el Consistorio orotavense ha estado incumpliendo la ley de 7/2011 de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos durante décadas al desarrollar todo tipo de actos, desde conciertos de Alfredo Kraus, Montserrat Caballé, Ana Belén, Michel Camilo, la Sinfónica y otras muchas estrellas o grupos estelares a cualquier obra de teatro de aficionados o actividades escolares. Además, recuerda que, en 2013, tras el incendio de la fantasía de Saida Prieto en la gala de la reina de Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, el alcalde entonces, Isaac Valencia (CC), y el secretario municipal, Juan Carlos De Tomás Martín, tenían firmado el decreto para cerrar y reformar este auditorio, pero se opuso el edil de Cultura y actual máximo mandatario, Francisco Linares (también diputado regional ahora), para no frenar la actividad cultural en la sala, lo que ha seguido igual hasta que, a su juicio, todo se precipita al comprobar los efectos de la DANA en Valencia.

El exgestor siempre temió sufrir en sus carnes la responsabilidad de lo que pasó, por ejemplo, en el Madrid Arena. A su vez, denuncia la escasez de técnicos culturales en un municipio como La Orotava en comparación con otros muchos más pequeños de la comarca u otras islas y alerta de los muchos riesgos de la sala. Entre otros, el corcho de los laterales para mejorar la acústica, pero que puede ser un gran peligro en el caso de un incendio, la estrechez de las entradas y salidas para una sala con 700 plazas (ahora, con la reforma, se quiere elevar a mil para el “Auditorio Insular del Norte de Tenerife”); que el escenario tenga, en su parte inferior o pozo, numerosos puntales de obra sosteniendo la ampliación de 1991 para desarrollar el Festival de Música de Canarias, que la concha acústica presente unas planchas grandes de madera atadas con sogas y no con cable homologado, las goteras y humedades existentes o la “uralita cancerígena del techo, desde donde se sostiene el escalonado con una verga e hilos de yeso, pero se puede caer en cualquier momento”. 

Según su versión, y más allá del “frío que pasaban”, esta situación y la falta de un plan de seguridad hizo que la Sinfónica de Tenerife se negara a actuar más en el Teobaldo y, a su juicio, puede representar irregularidades sostenidas en el tiempo, por lo que ha decidido trasladarlo a la Fiscalía para que obre en consecuencia, en caso de entenderlo igual que él.

Hasta ahora, el gobierno orotavense se ha limitado a remitir a este periódico a la nota de prensa en la que anunció la reforma de tres años junto al Cabildo.