El director del Instituto Canario de la Vivienda, José Gregorio Pérez, ha achacado a “un exceso de celo” la carta enviada por el gerente de la empresa pública Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias (Visocan) a los ayuntamientos de Santa Cruz de Tenerife y La Laguna, en la que exige que se deje de abonar el agua y la luz de las personas que ocupan de forma irregular viviendas que pertenecen a esta entidad.
El director general, que le correspondió este miércoles explicar la posición de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, que preside la vicepresidenta del Gobierno de Canarias, Patricia Hernández, con respecto a la carta, dijo que este departamento ha desautorizado el contenido del comunicado que el gerente hizo llegar a los ayuntamientos de Santa Cruz de Tenerife y La Laguna, ambos en la isla de Tenerife, puesto que tal y como se indicaba en el comunicado emitido por la mañana, “no concuerda con la filosófía” de la Consejeria.
“Por eso tenemos que circunscribir la acción del gerente a un exceso de celo a la hora de defender el patrimonio de la empresa pública Visocan a través de una carta de la que no tenía conocimiento ni la consejera ni el consejo de administracion de Visocan, ni yo mismo”.
Indicó que la Consejería es consciente de que cuando se ha ocupado una vivienda de manera irregular, se debe de iniciar los procedimientos para recuperar esa vivienda, “pero siguiendo unos protocolos”. En primer lugar, “la negociacion con la familia que ha tomado la medida desesperada de ocupar esa vivienda, y solo si esa negociación no tiene resultados positivos, iniciar los procedimientos legales establecidos para la recuperación”, apuntó, “pero nunca utilizar como medida de presión que las familias afectadas pudieran ser privadas de los servicios básicos”.
Manifestó sentirse “sorprendido” por la reacción de la responsable de Vivienda del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Carmen Delia Alberto, que según dijo ha dado difusión a la carta en los medios de comunicación en lugar de dirigirse a Visocan o a la Consejería para aclarar este asunto, como así hizo el Ayuntamiento de La Laguna.
La iniciativa del gerente de Visocan y su carta fue duramente críticada este miércoles por parte del alcalde de la capital tinerfeña, el nacionalista José Manuel Bermúdez, y sobre ese aspecto el director general apuntó que “si bien la carta estuvo equivocada la respuesta por parte de los gestores municipales se ha sobredimensionado”.
Pérez recalcó que ninguna familia que carezca de los recursos suficientes será privada de los servicios esenciales, esto es vivienda, agua y luz, “porque pudiera darse el caso de que esas unidades familiares tengan menores a cargo o personas dependientes, y entendemos que sería una acción desproporcionada”.
En el caso de Santa Cruz de Tenerife son cinco las viviendas ocupadas de forma irregular y tres en el municipio de La Laguna, cuyo Ayuntamiento “sí tomó la determinación de llamarnos, le hemos explicado la situación y cuál es nuestra posición”, apostilló.