El Gobierno de Canarias ha formalizado este lunes la compra al Banco Santander de las 358 viviendas de protección oficial (VPO) del barrio de Añaza (dos edificios) que estaban afectadas por órdenes de desahucio o en negociaciones para ser vendidas a un fondo buitre. La adquisición se ha cerrado por un precio de 24,8 millones de euros.
A partir de ahora, las viviendas son titularidad de Visocan -la empresa pública del Ejecutivo regional- y se iniciará un proceso de análisis, caso por caso, para definir a los inquilinos, informó la agencia Europa Press. Para ello se abrirá una oficina en ese barrio con el fin de facilitar esos trámites, un servicio en el que jugará un papel central Inma Évora, hasta ahora activista de la PAH y persona contratada por Visocan para desarrollar esa tarea.
Tras la firma de la compraventa, en una asamblea con los vecinos celebrada en la sede de Presidencia del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife, Fernando Clavijo ha destacado la “valentía” de los afectados por “protestar” cuando empezaron las primeras órdenes de desahucio y por “escuchar” a los dirigentes políticos.
Asimismo, ha destacado el “liderazgo y compromiso” del alcalde de Santa Cruz y del presidente del Cabildo, José Manuel Bermúdez y Carlos Alonso (ambos de CC), respectivamente, y de la activista social Inma Évora, que ha servido de enlace entre los vecinos y las administraciones. En el acto, al menos en posiciones estelares, no hubo ningún cargo público del PSOE, el partido que gestiona el área de Vivienda en el Cabildo tinerfeño.
Clavijo admitió que la negociación con el banco “ha sido muy dura” porque inicialmente se fijó un precio de venta “muy alto” -la tasación rondaba los 29 millones- y dejó claro que la voluntad del Ejecutivo canario ahora “no es generar problemas” sino que todos los inquilinos puedan seguir en sus casas si cumplen con las condiciones.
“Buscaremos alternativas a los okupas si no se dan las condiciones” para que sigan en esos pisos, agregó el presidente canario, que resaltó que “a nadie se le va cuestionar su contrato de alquiler”.
Bermúdez ha comentado que la firma de la compraventa “es una gran noticia” que demuestra que, cuando hay un “trabajo conjunto” de las administraciones, “se logran cosas”, al tiempo que ha resaltado la labor de Évora como “nexo de unión”.
Ha señalado que durante toda la negociación hubo “momentos delicados” que obligaron a “dar un puñetazo en la mesa”, como la retirada de los fondos bancarios del Ayuntamiento y el Cabildo, insistiendo en que “no es fácil” hacer una operación de este tipo en “tan corto periodo de tiempo”.
El Gobierno regional ha optado por afrontar la operación en un pago único para evitar el abono de intereses. “Nunca habíamos tenido entre las manos un cheque con tanto dinero”, ha ironizado sobre los casi 25 millones que ha costado el conjunto de viviendas.