El monumento a Franco de Santa Cruz de Tenerife está más cerca de ser retirado, aunque no exento de polémica. Ni la demanda del abogado Eduardo Ranz de hace cinco años por incumplir la Ley de Memoria Histórica aprobada desde 2007, ni un contundente estudio de la Universidad de La Laguna (ULL) o las peticiones de las asociaciones de memoria histórica han sido suficientes para que en estos años la escultura, inaugurada en 1966 en honor al caudillo, sea retirada o resignificada.
Este martes, la Dirección General de Patrimonio del Gobierno de Canarias ha confirmado la finalización del catálogo de vestigios de la ciudad, en el que se incluye este monumento junto a unas 80 representaciones o exaltaciones del régimen franquista que perviven aún en sus calles incumpliendo la Ley y que deberán ser retirados “inmediatamente”. El alcalde José Manuel Bermúdez (Coalición Canaria) rápidamente ha reaccionado anunciando que recurrirá este catálogo de vestigios porque “solo” señala a esta ciudad y no a otras del Archipiélago. “No es asumible que aparezca solo Santa Cruz de Tenerife en ese catálogo, ¿es que no hay vestigios franquistas en el resto de municipios de Canarias?”, se cuestiona en un comunicado donde apunta que es una “estigmatización”.
El Gobierno de Canarias, tras la aprobación de la ley regional de memoria histórica en 2019 (al final del mandato de Coalición Canaria), tenía la obligación de elaborar un catálogo de vestigios regional para que fuera garantista la retirada de determinados elementos en los que pudieran existir dudas. La viceconsejera de Justicia del Gobierno de Canarias, Carla Vallejo, había explicado a este periódico que muchos ayuntamientos ya tenían su catálogo realizado y habían depurado las huellas del franquismo. Sin embargo, uno de los casos más polémicos ha resultado precisamente el monumento a Franco de Santa Cruz de Tenerife, que contaba con dos informes favorables de la Academia de Bellas Artes y del Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio que reivindicaban su valor patrimonial sin atender a que ensalza la figura de un dictador.
Nunca fue declarada Bien de Interés Cultural
Otro informe de la ULL sí concluyó la ilegalidad de la estatua, que nunca fue declarada Bien de Interés Cultural. Por ello, desde la Viceconsejería de Patrimonio solicitaron toda la documentación al consistorio para poder agilizar su retirada. La idea, según señaló entonces Vallejo, era poder aprobar el catálogo por fases, de manera que no fuera necesario contar con el documento completamente elaborado con los 88 municipios de Canarias para poder retirar ese monumento.
Santa Cruz de Tenerife anuncia ahora que recurrirá el catálogo dado a conocer este martes y lo hace después de que su socio de Gobierno, el concejal Guillermo Díaz (PP), haya asegurado que pretende restaurar dicha estatua, en la que, a su juicio, no aprecia “sentido político” y que considera “un atractivo turístico”. Unas declaraciones que han causado críticas por parte de otras fuerzas políticas como Unidas Podemos. “El concejal del PP vino a decir que, si la gente se ha olvidado de Franco, pues entonces es como si el monumento no fuera de Franco. En realidad, un argumento tan cínico nunca se había usado para defender la permanencia de un monumento al dictador”, destacó el concejal Ramón Trujillo.
La postura de esta tarde del Ayuntamiento choca además con la del alcalde esta mañana. Antes de darse a conocer que la Dirección General de Patrimonio ya había finalizado el catálogo de vestigios, Bermúdez afirmó en la Cadena Ser que cuando sea publicado ese listado del Ejecutivo procederá a retirar el monumento. Además, adelantó que su idea es sustituirlo por un monumento a las Islas Canarias. Horas después, la Viceconsejería de Patrimonio era contundente al afirmar que entre los vestigios que deben ser retirados de forma definitiva del espacio público se encuentra el Monumento a los Caídos (1947), el Monumento al Caudillo (1966), esculturas como el busto a Joaquín Amigó de Lara (1986) u objetos como la hélice del Crucero Canarias, inscripciones como las placas del Instituto Nacional de la Vivienda (1957) o la lápida a los Caídos de Igueste de San Andrés (1975).
Las huellas franquistas de la ciudad
Por otro lado, el estudio menciona vías como el puente General Serrador (1943), la calle Calvo Sotelo (1936) o el paseo Francisco Aguilar y Paz (1994) además del barrio y la plaza de la Victoria o centros educativos como el CEIP Fray Albino (1944), entre otros. Así mismo, los honores y las distinciones incluyen a más de 130 personas. Sobre esta última cuestión también se pronunció el Cabildo de la isla recientemente. En un pleno del pasado mes de noviembre Tenerife retiraba los honores y distinciones que recibió el dictador en la isla el 20 de agosto de 1936, entre ellos el de hijo adoptivo de la ciudad.
“100.000 personas llegadas de toda la isla canaria se concentran en Santa Cruz de Tenerife frente al monumento que conmemora la partida del generalísimo Franco cuando, capitán general de Canarias, salió de aquí para acaudillar el movimiento nacional. Esta obra original de Ábalos fue costeada por los tinerfeños por suscripción popular. En los discursos de las autoridades provinciales y del ministro de Comercio fueron glosados los episodios de aquella jornada. El acontecimiento culminó con una plural ofrenda”. Así introduce el Nodo de 1966 la inauguración del monumento a La Victoria o el llamado monumento a Franco que se sitúa en la Avenida de Anaga en su intersección con La Rambla de la capital tinerfeña. Una prueba que evidencia el motivo de esta estatua.
La Viceconsejería de Cultura y Patrimonio insiste en que el objetivo es la “inmediata retirada” de estos vestigios y remarca que este documento de más de 3.000 folios ahora será trasladado a la Comisión Técnica de la Memoria Histórica para su aprobación. La investigación, que recurrirá el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, ha estado liderada por la catedrática de Historia, Maisa Navarro, junto a los doctores expertos Ricardo A. Guerra Palmero y Yolanda Peralta Sierra y para su elaboración ha contado con las propias investigaciones encargadas previamente por el Ayuntamiento tras la demanda del abogado especializado Eduardo Ranz, encargos con los que logró eludir responsabilidades en el juzgado, que entendió que no se había producido inmovilismo por parte del consistorio.