El monumento a Franco que aún sobrevive a la demolición en Tenerife

“100.000 personas llegadas de toda la isla canaria se concentran en Santa Cruz de Tenerife frente al monumento que conmemora la partida del generalísimo Franco cuando, capitán general de Canarias, salió de aquí para acaudillar el movimiento nacional. Esta obra original de Ábalos fue costeada por los tinerfeños por suscripción popular. En los discursos de las autoridades provinciales y del ministro de Comercio fueron glosados los episodios de aquella jornada. El acontecimiento culminó con una plural ofrenda”. Así introduce el Nodo de 1966 la inauguración del monumento a La Victoria o el llamado monumento a Franco que se sitúa en la Avenida de Anaga en su intersección con La Rambla de la capital tinerfeña. Esta semana ha vuelto a ser noticia ante la retirada de una estatua del dictador en Melilla. “¿Y este monumento, qué?” se pregunta Mercedes Pérez Schwartz, presidenta de la Asociación para la Memoria Histórica de Tenerife y nieta del último alcalde republicano de la ciudad. Aunque no lleva la cara del dictador sí que conmemora su partida en el Dragon Rapide para iniciar el golpe de estado en julio de 1936, por lo que lamenta que se insista en que en el de Melilla era el último. 

El monumento “incumple” la Ley de Memoria Histórica. Y así lo concluyó un último informe encargado en 2018 por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife a la Universidad de La Laguna (ULL). Las personas que participaron en la investigación liderada por la catedrática de Historia, Maisa Navarro, también detallaron otros vestigios franquistas que se mantienen en la capital tinerfeña. “El estudio ya está hecho, no hay excusas para que no lo retiren”, insiste Pérez Schwartz que entiende que la pandemia haya paralizado muchas cuestiones pero señala que la retirada de este monumento se lleva pidiendo muchos años e incumple una ley de 2007. Recuerda que no es un Bien de Interés Cultural (BIC), ni patrimonio. “Es patrimonio de los fascistas y de la derecha española: ¿ese es el patrimonio?”, lamenta. 

Años de lucha para retirarlo

¿Por qué se ha producido este retraso? El abogado Eduardo Ranz, experto en memoria histórica, requirió al ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife la retirada de esta escultura en el año 2017. Entonces, dio tres meses al consistorio para que contestara y ante la falta de respuestas acudió al juzgado. En su primer escrito, que presentó el mismo día del aniversario de la muerte del caudillo (el 20 de noviembre), recordaba que este símbolo vulnera la Ley de Memoria Histórica y el Código Civil ya que “los honores y distinciones tienen eficacia jurídica mientras haya vida, en el momento del fallecimiento deben ser retirados”. No obstante, el ayuntamiento (conformado entonces por CC y PP con el actual regidor José Manuel Bermúdez al frente) logró eludir responsabilidades alegando que había encargado un informe que determinara si el monumento tenía valor artístico o cultural y si incumplía con la Ley.

Fue durante la Alcaldía de la socialista Patricia Hernández (PSOE) en 2019 cuando se dio a conocer el resultado del estudio. No obstante, se alegó que constaba de 26 tomos que debían ser analizados. Se creó entonces una mesa de partidos para decidir qué hacer después de la retirada del monumento y analizar los detalles. Sin embargo, la pandemia volvió a retrasar el proceso y en la actualidad, con la vuelta de José Manuel Bermúdez (CC) a la Alcaldía, después de una moción de censura, desde el consistorio afirman que “se va a cumplir la ley” y que “se continúa trabajando para tomar una decisión respecto a ese monumento en cuestión”. 

El monumento que homenajea el inicio del golpe de estado no solo vulnera la norma estatal sino la ley de memoria histórica de Canarias, que nació en 2018 después de que Rajoy dejara la estatal sin ficha financiera. Entre sus objetivos se encuentra el de crear un catálogo de vestigios regional, que podrá incorporar el trabajo que ya han ido realizando muchos municipios del Archipiélago, no solo el de Santa Cruz de Tenerife. La viceconsejera de Justicia del Gobierno de Canarias, Carla Vallejo, reactivó a finales del año pasado el desarrollo de esta ley de memoria histórica, con la constitución de la Comisión Técnica de Memoria Histórica que este viernes celebrará su segunda reunión. Vallejo explica que la a elaboración de este catálogo corresponde a la Dirección General de Patrimonio y se prevé que se apruebe por partes para no tener que esperar al catálogo completo de Canarias para la retirada de monumentos como este. 

El propio PSOE de Canarias insistía esta semana en un comunicado en que el Archipiélago está a la cola del Estado en memoria histórica al mantener dicho monumento. “Coalición Canaria y el Partido Popular no pueden seguir escondiéndose ni respaldando ni permitiendo que Santa Cruz de Tenerife ostente el título de ser el único lugar de España en el que permanece un monumento en honor a un dictador y en conmemoración y exaltación de la sublevación militar, la Guerra Civil y la dictadura franquista”, ha asegurado el responsable de la Secretaría de Memoria Histórica de la dirección regional socialista, Hugo Báez. Al mismo tiempo, han vuelto a surgir voces a favor de la obra. La Asociación para la Investigación y Protección del Patrimonio Histórico San Miguel Arcángel defiende los valores artísticos y patrimoniales del monumento y ha recalcado que la Real Academia Canaria de Bellas Artes solicitó en 2019 su declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) y el Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio (Cicop) dictaminó en 2018 que los valores artísticos de la obra de Juan de Ávalos. 

No obstante, este último es un informe que obviaba que el monumento ensalza la victoria del dictador. “Hacer un informe sobre un monumento franquista sin indicar que es un monumento franquista es papel mojado”, recordaba a esta redacción el abogado Eduardo Ranz en 2018 después de publicarse estas conclusiones. Además, cabría recordar otra de las frases que incluye el Nodo de 1966 referente a la inauguración de la escultura: “el acto constituyó una cordial prueba de adhesión de los isleños a la figura de nuestro jefe de Estado”.