Seis meses después, el edificio Chasna 8, anexo al número 10 y ya en la hemeroteca como el del mayor desahucio colectivo en Tenerife, vuelve a tener okupas en buena parte de sus pisos, creados a principios de los años 70 del pasado siglo, nunca terminados del todo y abandonados casi 50 años. Este inmueble de Costa del Silencio, en el municipio sureño de Arona y en la linde con San Miguel de Abona (en la zona costera de Montaña Amarilla), fue desalojado por decisión del Ayuntamiento aronero, respaldada por un auto judicial, el pasado 12 de marzo, lo que afectó a 210 personas de 90 familias, con menores, mujeres (alguna embarazada), mayores, discapacitados y hasta ucranianos en condición de asilo en España por la invasión rusa.
Aquel martes 12, los días previos y posteriores, múltiples periódicos, televisiones y radios se hicieron eco de la noticia en medio de un gran despliegue policial que, finalmente, contrastó con la ausencia de incidentes graves, aunque sí hubo consignas y protestas verbales. Pese a la petición de suspensión y de medidas paliativas inmediatas, el desahucio se produjo, parte de los afectados se reubicaron en alojamientos ofrecidos por el Gobierno regional y el Cabildo, sobre todo los que tenían menores o más necesidad, y a otros se les prometieron 3.000 euros para alquiler que nunca recibieron, según comenta a Canarias Ahora uno de los afectados, que prefiere en estos momentos el anonimato.
Parte de esas 210 personas decidieron protestar, crearon una asociación, una media de 30 acamparon en frente del edificio 8, presentaron recurso contra la decisión de la jueza que respaldó el desahucio al entender que se fundamentó en informes municipales insuficientes, mal justificados o que confunden el inmueble 8 con el 10 y siguen su batalla judicial porque consideran que se prevaricó. El número de los acampados fue decreciendo, pero algunos han seguido en las casetas y coches pese a los encontronazos con los trabajadores de seguridad que la familia Tavío, propietaria del edificio, contrató. Además, batallaron por el suelo de su acampada, que los dueños querían vallar, pero que, tras investigar, descubrieron que pertenecía al Estado (Ministerio de Carreteras) y las casetas y vehículos siguen en el mismo sitio en medio de un vallado que, en las últimas semanas, ha ido perdiendo piezas porque vecinos y otras personas las han ido quitando.
Para ello, ha sido clave el hecho de que ya no hay miembros de ninguna empresa de seguridad y esto ha propiciado, asimismo, la vuelta de okupas al edificio 8, el que presenta mejores condiciones, pues el 10 sí evidencia problemas visibles de estructura y mayores riesgos para quien lo pise. La vuelta se nota, sobre todo, en algunos pisos que exhiben ahora un aspecto claro de uso, con elementos en el balcón para tapar la claridad y el frío nocturno, así como otras pruebas de que se vive habitualmente en ellos.
Múltiples y distintas motivaciones para okupar
Aunque hay personas que se mantienen en las casetas, el mayor número ahora se encuentra, de nuevo, en el edifico 8. Según relatan algunos acampados y testigos, hay okupas que ya vivieron ahí antes del desalojo masivo, otras personas nuevas por pura necesidad por su falta de alternativas en medio de una evidente emergencia habitacional, algunas que simplemente ejercen la okupación por convicción existencial y vital y otras de distintas condiciones, motivaciones y circunstancias.
No obstante, el tiempo que permanezcan es una incógnita, pues el auto judicial de desalojo por la aluminosis sigue vigente y basta con que los propietarios actúen o que lo haga de oficio el juzgado o el consistorio. Eso sí, el problema de la vivienda, especialmente crítico en muchos núcleos del sur de Tenerife por su condición de zona turística, sigue y se agrava cada día, con precios de compra o alquiler simplemente quiméricos para gran parte de la población, incluso para trabajadores con contrato fijo desde hace años.