La Fiscalía de Valencia denuncia ante el juzgado a Renovalia por trocear una macroplanta fotovoltaica para sortear controles administrativos

La Fiscalía provincial de Valencia envía al juzgado las diligencias para investigar a la empresa Renovalia por trocear un macroparque fotovoltaico en la comarca de Los Serranos y tratar de sortear los controles ambientales más estrictos. La Fiscalía aprecia indicios de delito medioambiental y prevaricación y envía la información, que parte de una denuncia ciudadana, al Juzgado Decano de Llíria para incoar el procedimiento penal contra la empresa de renovables.

Según la denuncia, presentada por la plataforma Defiende tu pueblo, la empresa presentó 19 proyectos fotovoltaicos con nexos comunes, como las vías de evacuación y las estaciones de servicio. Los proyectos presentados a través de diferentes mercantiles de Renovalia, siempre según la denuncia, rozaban el límite de potencia para que fueran evaluados por la Generalitat Valenciana y no por el Ministerio de Transición Ecológica, llevando así a informes de impacto ambiental individuales en lugar de una panorámica completa. La Fiscalía advierte en su escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, de posibles irregularidades en la tramitación de evaluaciones ambientales presentados por el mismo promotor en los municipios de Villar del Arzobispo, Llíria, Andilla y Casinos.

La denuncia se refiere a cuatro proyectos fotovoltaicos a desarrollar en Villar del Arzobispo, que forman parte de una macroplanta en las comarcas de Los Serranos y El Camp de Túria, comprendiendo otros cuatro municipios. Las cuatro plantas denunciadas obtuvieron un informe favorable de la dirección general de Calidad y Evaluación Ambiental de la Conselleria de Transición Ecológica, pese a contener errores en su formulación. Según apunta el Ministerio Fiscal en su primer estudio, se advierte de que la calidad de los informes es “poco rigurosa” y presenta “muchos errores de base que el órgano ambiental competente no debería haber pasado por alto”. La Fiscalía Provincial está a la espera de obtener un informe de la unidad de agentes forestales y delitos ambientales de la Fiscalía General del Estado que complemente las pesquisas.

“Un conjunto que no es independiente”

Los esquemas de autorización de la planta, apunta la Fiscalía, se relacionan con otras mediante las subestaciones eléctricas, las líneas de alta tensión aéreas y subterráneas, siendo que “unas se necesitan a otras, formando un conjunto que no es independiente”. El esquema explicativo, sostiene el órgano público, difiere del estudio de impacto ambiental y la declaración de impacto ambiental, errores que tampoco detectó el órgano competente. Así, el texto advierte de la existencia de posibles irregularidades administrativas “derivadas de la falta de competencia de los organismos de la Comunidades Autónomas” a la hora de autorizar las evaluaciones de impacto ambiental y considera que la Administración estatal presenta mejores garantías.

El Ministerio Fiscal incide en que los proyectos individuales rozan los 50 megavatios, límite de potencia para que el proyecto pase a ser evaluado por el Ministerio de Medio Ambiente y no por la comunidad autónoma. El órgano insiste en que estos proyectos deben evaluarse de manera conjunta.

La plataforma ciudadana lamenta la falta de transparencia de la Generalitat Valenciana durante todo el proceso de tramitación. Los vecinos de las tierras expropiadas pidieron amparo al Síndic de Greuges, que se posicionó a su favor, y han recurrido al Consell de Transparencia. Este diario ha tratado de recabar la versión de Renovalia, pero, al cerrar esta edición, no ha obtenido respuesta.