Once años viviendo en casas apuntaladas o en mal estado: La Laguna desbloquea el conflicto de Las Chumberas

Once años llevan esperando los vecinos y vecinas del barrio de Las Chumberas, en el municipio tinerfeño de La Laguna, por una solución a sus viviendas. Se trata de inmuebles que tuvieron que ser poco a poco apuntalados porque muchos de ellos estaban afectados por aluminosis (alteración del hormigón que lleva a su pérdida de resistencia). El actual gobierno municipal ha empezado a desatascar el conflicto, enquistado desde que en 2008 se detectaron los problemas, y espera que a principios de octubre se desalojen totalmente diez de los bloques para después poder licitar y que una empresa realice los tapiados.

Los diez bloques que se encajan en la primera parte de la reposición, en total 160 viviendas, están prácticamente desalojados. No obstante, aún quedan personas viviendo en los edificios. En su mayoría no son propietarios y, por tanto, no tienen derecho a ser realojados, sino que se trata de inquilinos que pagan alquileres asequibles y no pueden permitirse uno más elevado. Por ello, desde Servicios Sociales del consistorio lagunero se ha valorado caso a caso estos meses para dar una solución a cada familia.

La Sociedad Municipal de Viviendas de La Laguna (Muvisa) utilizará fondos de la cuenta de Las Chumberas, unas partidas que proceden de un convenio suscrito para realizar estos desalojos y los posteriores tapiados. Este dinero solo puede ser empleado, de momento, para cuestiones de seguridad (apuntalados, desalojos, tapiados…), como es el caso. El siguiente paso será que el Gobierno estatal apruebe que el dinero del convenio pueda ser empleado para las demoliciones, algo que puede ratificar aunque se encuentre en funciones. La previsión es que el próximo año, al fin, se inicien estas demoliciones.

Informes desfavorables y la sombra del caso Corredor

El conflicto de Las Chumberas se remonta al año 2008. Hay vecinos que dejaron de vivir en esos bloques después de que el ayuntamiento les asegurara que las obras empezarían inmediatamente. En 2011 se suscribió un convenio en el que el Ministerio de Fomento participa con el 50% de la financiación de las actuaciones, la Comunidad Autónoma de Canarias con el 35%, el Cabildo Insular de Tenerife con el 10% y el Ayuntamiento de La Laguna con el 5%.

La reposición se ha ido dilatando. En 2018 se declaró desierto el concurso, al que solo se presentó una empresa y cuya propuesta económica ofertada era al alza; es decir, superior al precio máximo de licitación establecido en los pliegos del procedimiento. De hecho, estaba por encima de los 17 millones, cuando el precio máximo de licitación eran unos 15. Sin embargo, unos días después, el Ayuntamiento volvía a licitar ahora por 17,7 millones, la primera fase del proyecto de reurbanización de Las Chumberas. Posteriormente, se produjo un problema con la adjudicación ya que no se disponía del acta de ocupación.

A finales de 2018, el exalcalde de La Laguna José Alberto Díaz acudía a Madrid a exigir al Ministerio de Fomento que suscribiera el nuevo convenio para estos edificios. La oposición pedía explicaciones al gobierno de CC, que pecó de falta de transparencia en todo el proceso. El bloque progresista, que hoy gobierna en el Consistorio, llegó a reprobar al exalcalde y a tomar el control de Muvisa y de las cuentas de Las Chumberas con el fin de descubrir qué estaba ocurriendo con el dinero.

El interventor del Cabildo de Tenerife se pronunció en numerosas ocasiones en contra de abonar a La Laguna su parte del convenio hasta que no justificara el dinero recibido hasta ahora. Esos informes también evidenciaban que no se había realizado una valoración socioeconómica de las familias para determinar si podían ser beneficiarias de inversiones públicas en vivienda.

Así mismo, la sombra del caso Corredor también ha recaído sobre Las Chumberas. Según otro informe de intervención del Cabildo de Tenerife, La Laguna llevó a cabo actuaciones contempladas en el convenio de Las Chumberas antes de que se firmarse el acuerdo de financiación en 2011 con el Estado, una fecha que coincide con las actuaciones que se destaparon en la pieza 22 de este caso. Se refiere a que en 2010 se tramitó el realojo de vecinos afectados por aluminosis en sus casas, pero las escuchas de la Policía reflejaron cómo la entonces concejala de Bienestar Social, Blanca Pérez advertía al entonces alcalde Fernando Clavijo de que se podría estar incurriendo en un delito de prevaricación por la forma de tramitar las subvenciones. Sin embargo, esta pieza del caso se terminó archivando en 2016, después de que la Fiscalía Anticorrupción solicitara la nulidad de las intervenciones telefónicas practicadas desde el 21 de septiembre de 2010 en adelante por un defecto formal en la instrucción.

El largo recorrido de los vecinos de Las Chumberas no finalizará hasta que se lleve a cabo todo el proyecto previsto en la zona. Es decir, no solo lo que a la primera fase se refiere, también queda pendiente la fase b, es decir, la construcción de 80 viviendas nuevas y sus correspondientes locales comerciales y la reurbanización, así como las medidas de seguridad que se requieran para la totalidad de Las Chumberas.