A raíz de la demanda laboral interpuesta por el sindicato CNT en los juzgados de lo Social de Santa Cruz de Tenerife en representación de Inma Évora y por esta considerar que su despido en Cáritas Diocesana de Tenerife es nulo de pleno derecho, la trabajadora y cara visible de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en esa isla ha decidido acampar frente al Cabildo de Tenerife hasta que el presidente Carlos Alonso atienda sus quejas.
La extrabajadora de Cáritas, que fue contratada para desarrollar el proyecto Base 25, impulsado por el Consejo Insular de Vivienda del Cabildo insular, fue despedida el pasado día 12 de diciembre como técnico de intermediación en Cáritas, entidad que no ha querido dar sus explicaciones sobre este caso.
Según explica Évora, en la carta de despido se alega que la conocida activista “ejerce de coordinadora de intermediación hipotecaria y que participa activamente con plataformas sociales como la PAH o la Plataforma contra el Maltrato Animal”.
Otra de las razones que sostiene Cáritas para su despido es que “la trabajadora cuenta con una baja laboral, pero simultáneamente ejerce labores relacionadas con el activismo”.
En la tarde de este lunes, la activista tomó la decisión de acampar y pasar la noche en las inmediaciones del Cabildo insular, tras pedir una reunión con el presidente del Cabildo y el vicepresidente y consejero de Cooperación Municipal y Vivienda, Aurelio Abreu, el primero de CC y el segundo del PSOE.
Aunque durante la mañana de este martes, a las 11.00, fue recibida por la consejera de Acción Social, Coromoto Yanes (CC), la activista ha decidido continuar acampada frente al Cabildo hasta que la reciban el presidente insular.
Évora considera que la Corporación insular fue la “inductora de su contratación por parte de Cáritas y, posteriormente, de su despido”. La activista ha advertido de que no va a abandonar las inmediaciones de la sede insular hasta que sus peticiones sean escuchadas por el propio Carlos Alonso, ya que entiende que existe “responsabilidad moral” del Cabildo en el desarrollo de ese proyecto.
La trabajadora, que participaba desde 2015 en mesas de trabajo del Consejo Insular de Viviendas debido a su trayectoria como activista en la PAH, fue contratada en 2017 por Cáritas Diocesana de Tenerife, donde prestaba su experiencia de forma similar y desarrollando el proyecto Base 25.
Évora comprende que las verdaderas razones de su despido son las discrepancias que mostraba “ante la forma en la que se estaba desarrollando el proyecto por parte de Cáritas”, que, según cuenta Évora, se sostiene con la financiación del propio Cabildo y llega a sumar hasta “una cuantía de 300.000 euros”.
La misma fuente ha resaltado a los medios de comunicación que tampoco se ha contratado nuevo personal para el desarrollo del proyecto, pese a contar con financiación pública.
Las discrepancias que propiciaron el despido de Évora tienen que ver, según dijo la propia afectada, con que para poder participar en el proyecto “las personas atendidas o la unidad familiar tenían que contar con unos ingresos mínimos, algo que excluía a las personas con bajos recursos”.