La Viceconsejería de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias ha concluido los trabajos de elaboración del catálogo de vestigios franquistas de Santa Cruz de Tenerife, entre ellos los monumentos al Caudillo y a los Caídos, y cuyo objetivo es proceder a su “inmediata retirada”.
El documento cuenta con casi 3.000 folios y registra “de forma exhaustiva y rigurosa” unos 80 elementos en la capital tinerfeña, y que ahora debe ser aprobado por la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, tras ser informado por la Comisión Técnica de la Memoria Histórica.
La investigación ha estado liderada por la catedrática de Historia María Isabel Navarro, junto a los expertos Ricardo A. Guerra Palmero y Yolanda Peralta Sierra, ha informado la Viceconsejería en un comunicado este martes.
El catálogo comprende símbolos, calles, monumentos y menciones franquistas del municipio de Santa Cruz de Tenerife, tal y como establece la Ley de memoria histórica de Canarias y de reconocimiento y reparación moral de las víctimas canarias de la guerra civil y la dictadura franquista.
Juan Márquez, viceconsejero de Cultura y Patrimonio Cultural, insiste en que “todas las administraciones públicas tenemos la obligación de cumplir la ley autonómica y estatal” y subraya que en “el reconocimiento y reparación de las víctimas del franquismo todas las personas demócratas debemos comprometernos”.
El catálogo de la capital tinerfeña incluye una colección de casi 80 fichas relativas a monumentos, esculturas y objetos, menciones franquistas aplicadas a denominaciones del callejero, espacios y elementos urbanos, así como edificios y una relación de honores y distinciones concedidos en distintos momentos de la historia de la corporación municipal.
En la realización de este documento se ha tenido en cuenta la investigación acometida por encargo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y entregado a esa administración el 2 de julio de 2019, para orientar las acciones municipales debido a la causa iniciada contra la corporación en 2017 y ratificada en mayo de 2018 por incumplimiento de la Ley de Memoria Histórica de 2007.
El Catálogo es la herramienta que permite actuar con cada caso en concreto y para su elaboración se ha realizado una investigación documental en archivos de las administraciones locales, de las administraciones autonómicas, administraciones del Estado y archivos militares, entre otros.
En cuanto a los conceptos definidos en la catalogación, se ha propuesto una identificación de vestigios presentes en el término municipal consistentes en monumentos; esculturas y objetos; lápidas, placas e inscripciones; denominaciones de calles, denominaciones de espacios y elementos urbanos, denominaciones de edificios y honores y distinciones.
Cada ficha posee datos de interés referentes al año, la denominación, el tipo de vestigio, la localización, el plano de situación, el organismo u entidad, la inscripción, una descripción, documentación gráfica, el contexto histórico, una justificación, las fuentes y observaciones.
En este último apartado se argumenta la retirada de los casi 80 vestigios que aún se conservan relacionados con el franquismo.
Entre los vestigios que deben ser retirados de forma definitiva del espacio público están monumentos como el Monumento a los Caídos (1947) y el Monumento al Caudillo (1966), esculturas como el busto a Joaquín Amigó de Lara (1986) u objetos como la hélice del Crucero Canarias, inscripciones como las placas del Instituto Nacional de la Vivienda (1957) o la lápida a los Caídos de Igueste de San Andrés (1975).
En cuanto a las denominaciones, figuran vías como el puente General Serrador (1943), la calle Calvo Sotelo (1936) y el paseo Francisco Aguilar y Paz (1994), además de barrios como el barrio y plaza de la Victoria y centros educativos como el CEIP Fray Albino (1944), entre otros, mientras que los honores y las distinciones incluyen a más de 130 personas.