Las familias de acogida, una de ellas de Santa Cruz de Tenerife, de las jóvenes de origen saharaui Darya Embarek Selma, Nahjiba Mohamed Belkacem y Koria Badbad Hafed, tras agotar las vías de negociación y el tiempo de espera para su liberación, han presentado este lunes tres denuncias ante el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU con el fin de “poner de manifiesto el incumplimiento del Gobierno de Argelia y del Frente Polisario de su obligación de proteger, salvaguardar y garantizar los Derechos Humanos de las tres mujeres mayores de edad que llevan entre 3 y 6 años retenidas contra su voluntad por sus familias biológicas en los campamentos saharauis de Tinduf (Argelia), privadas de libertad y obligadas a vivir una vida que ellas no han elegido”. Así lo han expresado las familias este miércoles a través de un comunicado.
Según el documento, las denuncias, que están dirigidas y canalizadas a través del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias del Alto Comisionado de DD.HH. de la ONU, responden a la “insistente y reiterada argumentación” esgrimida por los representantes del Frente Polisario que alude a que “las chicas no han denunciado a sus familias biológicas”, desoyendo así “una y otra vez” las declaraciones de las tres jóvenes en las que piden ayuda para recuperar su libertad y poder ejercer sus derechos sin coacciones ni presiones.
Por este motivo, estas familias han presentado personalmente los formularios oficiales de sus respectivas denuncias en la sede de la organización en Ginebra, para que el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias intervenga de acuerdo con sus procedimientos e investigue en profundidad la complicidad y connivencia del Frente Polisario y del Gobierno argelino en la violación de Derechos Humanos de Darya, Nadjiba y Koria.
En dichas denuncias, la familia tinerfeña Déniz Hernández (por Darya Embarek Selma), la onuvense Contreras Calvo (por Nadjiba) y la alicantina Mañogil Campillo (por Koria) han hecho hincapié en los derechos vulnerados de las tres jóvenes retenidas contra su voluntad y recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, especialmente aquellos que se les conculca y que están referidos al reconocimiento de la identidad jurídica, la libertad de movimiento y la capacidad de pensamiento, opinión, expresión y comunicación.
Cabe señalar que Darya, Nadjiba y Koria no pueden decidir dónde, cómo y con quién quieren vivir, pese a que todas han expresado en reiteradas ocasiones su deseo de regresar a España. Asimismo, las familias están arropadas en su lucha por las de otros 50 casos de mujeres mayores de edad retenidas contra su voluntad en los campamentos, en similares circunstancias, que temen represalias si salen a la luz pública, si bien el hecho de que sean, al menos, medio centenar anula el argumento del Frente Polisario de que “son casos aislados”. En opinión de los denunciantes, “ queda demostrado que tampoco se trata de problemas entre familias, como los califica el Polisario, sino de un problema político y de derechos de primer orden”.