El portavoz de Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Ramón Trujillo, ha afirmado que el Consistorio permite que Sacyr, empresa adjudicataria de la gestión del ciclo del agua, incumpla el compromiso de inversión con fondos propios por el que se le adjudicó el servicio.
Sacyr, la empresa que ganó la gestión privatizada del agua durante 25 años, se comprometió a invertir 45 millones de euros, con fondos propios, en el municipio, ha precisado este sábado en un comunicado el portavoz de Unidas Podemos.
Sin embargo, en la Comisión de Control del pasado jueves, Dámaso Arteaga, concejal de Infraestructuras, afirmó que la inversión de esos 45 millones está condicionada a “los rendimientos y al flujo de caja”, que son inferiores a lo que el portavoz de Unidas Podemos ve como “exageradas previsiones iniciales”.
Trujillo afirma que el gobierno municipal ha planteado ejecutar 33,9 millones de los 45 previstos y que, dadas las afirmaciones públicas del concejal de Infraestructuras, “es obvio que se ha asumido otro incumplimiento de lo acordado y anunciado con respecto a la desastrosa gestión privatizada del agua” en Santa Cruz.
Unidas Podemos apunta que ya ha transcurrido el 64% del tiempo de la concesión de la gestión privatizada del ciclo del agua y que, como mucho, sólo se ha invertido el 26% de lo que se acordó que se invertiría con fondos propios.
“Está claro que, tanto el retraso en ejecutar estas inversiones como la reducción de su cuantía, retrasan los incrementos de productividad que podrían producirse y, por lo tanto, implican un perjuicio económico indeterminado”, afirma Trujillo.
Asimismo, el portavoz municipal de Unidas Podemos señala que el gobierno municipal ha permitido que los 165 millones de inversiones adicionales, que debía financiar la sociedad mixta, se quedarán en 106 millones y, además, para llegar a esa cuantía, se computan los 33,6 millones que Sacyr debe devolver a EMMASA por haberlos cobrado indebidamente.
Esto quiere decir que el incumplimiento es aún mayor de lo que parece, añade Ramón Trujillo, que apunta que la gestión privatizada del ciclo del agua sólo aporta graves perjuicios al municipio y que la negativa del alcalde, José Manuel Bermúdez, a que el Ayuntamiento se persone en la causa penal, impulsada por Unidas Podemos, sobre el cobro indebido de 33,6 millones, “sólo contribuye a debilitar la posición de los intereses municipales frente a Sacyr”.