Más vecinas de las 358 viviendas de protección oficial en Añaza (Santa Cruz de Tenerife) se han sumado a las protestas contra la empresa de vivienda pública del Gobierno de Canarias (Visocan), que compró los edificios en febrero de este año por casi 25 millones de euros para evitar que se produjeran desahucios por impagos después de que el Banco Santander, propietario de las viviendas, pretendiera vender a un fondo buitre los inmuebles.
Después de que Marta Suárez, que vive con su marido y sus dos hijas con unos ingresos de 750 euros, relatara a Canarias Ahora que le es imposible hacer frente a las condiciones que le impone Visocan (pagar 300 euros al mes y hacer frente al pago de una deuda), Engryd Padrón afirma encontrarse en la misma situación.
Padrón vive con su madre en un ático desde hace 10 años. Ella no trabaja ni cobra ningún tipo de prestación, viven con los 600 euros que cobra su madre como limpiadora a media jornada. Asegura que en 2016 se le caducó el contrato y el Santander, a quien pagaba cada mes unos 412 euros, dejó de cobrarles. Esta situación se produjo con varios vecinos y se generaron conflictos bajo amenazas de desahucios constantes hasta que el Gobierno regional compró los inmuebles. Aunque Padrón aclara que a ella “nunca” la llamaron para renovar su contrato ni le abrieron ningún proceso de desahucio.
Padrón asegura que, cuando fue a la sede de Visocan a preguntar, le aseguraron que le cobrarían una renta de alquiler según sus ingresos y, para ello, le pidieron documentación, como los ingresos, el contrato del piso, declaraciones de Hacienda o el catastro. Pero “hace una semana nos llamaron para que fuéramos a firmar el contrato, que ascendía a 350 euros al mes, más 100 euros de deuda; yo me niego a firmar eso, pagaríamos 450 euros, más de lo que abonábamos al Santander”.
La solución que le ofrecen es reclamar ayudas al alquiler al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, pero sin contrato, no lo puede pedir, “y esa ayuda tarda mucho en llegar”.
En esas viviendas también habitan más de 100 okupas. Una de ellas, que no quiere dar su nombre, explica que vive en Añaza desde hace dos años con sus tres hijas, cobrando solo 300 por la manutención. Decidió habitar en uno de los inmuebles cuando le vendieron una llave porque se vio “sin trabajo”.
“Ningún okupa ha podido firmar un contrato. Yo estoy dispuesta a pagar 150 euros y ya me buscaré la vida para comer, no quiero vivir de gratis, pero quiero un contrato que pueda pagar con mis ingresos”, pero asegura que le han dicho que no y que “en enero o febrero nos iremos a la calle”.
Unos padres con dos hijos, que tampoco quieren dar su nombre, explican que han firmado el contrato porque les llegó una carta, al igual que a Marta Suárez, firmada por el gerente de Visocan en la que les amenazaban con que si no firmaban el contrato el 2 de diciembre, serían desalojados. Han pasado varios meses y no han podido abonar el alquiler.
Cobran 970 euros y deben pagar 300 euros más una deuda de 100 euros al mes, que en total asciende a 1.500, pues cuando entró a su vivienda, en 2012, tuvo que abonar una fianza de más de 1.000 que mitigó la deuda. Defiende que no puede pagar 400 euros hasta que no reciba la ayuda al alquiler del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, que ha solicitado. “Son muchos gastos y cuesta llegar a fin de mes, queremos pagar, pero acorde a nuestros ingresos”. Otra vecina, Nuria Rodríguez, también firmó el contrato a pesar de que solo recibe 500 euros de ingresos y vive con otra persona. No puede hacer frente al alquiler y hasta que no lleguen las ayudas del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, dice que no puede pagar. Además, su casa sufrió un incendio en 2018 y tanto el Santander como Visocan se han desentendido de las reparaciones de la vivienda que habita. Rodríguez reconoce que está en tratamiento por todo lo que ha pasado en los últimos años con la casa, viéndose obligada incluso a dejar su empleo.
Visocan descarta los desahucios
Las nuevas protestas vecinales han provocado que Visocan remita un comunicado en el que “desmiente rotundamente que se vaya a desahuciar a aquellos vecinos que no han contestado a los requerimientos para actualizar su situación”. La empresa pública sí reclama a los inquilinos que “aporten cuanto antes la documentación” para “conocer con toda claridad” sus demandas y necesidades.
En la nota, añade que “desde febrero” ha notificado a los vecinos “su nuevo estatus” y les ha pedido información para actualizar sus datos. En marzo se les informó “de los nuevos importes de los alquileres, único para las 358 viviendas”. Visocan critica que “en estos nueve meses varios inquilinos de viviendas han hecho caso omiso a todas esas peticiones de información para regularizar los datos sobre su situación familiar o personal. En algunos casos, incluso han dejado de pagar los alquileres”.
En referencia a la circular firmada por el gerente de la entidad, en la que se amenaza con el desalojo, Visocan dice que se limitan a “avisar de que tienen que regularizar sus datos de manera inexcusable para atender de forma debida y orientarlos sobre las ayudas que tienen derecho a pedir”.
“Visocan, por su naturaleza, no puede dar ayudas al alquiler, pero sí buscar otras opciones a las familias con dificultades para abonar las rentas y/o deudas, coordinándose con el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y con el Icavi para activar algún apoyo temporal a través del programa Canarias + vivienda por familia de la Comunidad Autónoma”, concluye.
Desde el Instituto Canario de la Vivienda han explicado a Canarias Ahora que “legalmente a esas viviendas no se les puede aplicar el régimen público, se gestionan como una VPO privada” al haber sido compradas con vecinos ocupándolas con anterioridad. Añaden que “en ningún momento se está contemplando el desahucio” y tratarán de “estudiar caso a caso de manera personal para adaptar los contratos”. En el caso de los okupas, dicen que “estudiarán las opciones” dependiendo de “cada circunstancia”.