El Ayuntamiento de Arona afirma estar trabajando a contrarreloj para evitar el desahucio programado para este martes de 90 familias y un total de 210 personas del edificio Chasna, en Costa del Silencio (en el sur de Tenerife), ante la debilidad estructural y riesgo de desplome del inmueble a medio construir en el que residen.
Por el momento, esas gestiones de la corporación local para encontrar una alternativa habitacional para estas personas no han tenido éxito.
Tal y como adelantó Canarias Ahora el pasado viernes, las 90 familias que ocupan 44 viviendas del edificio, entre ellas mayores, bebés y mujeres embarazadas, serán desalojadas en torno a las 9:30 horas de mañana por orden del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Arona, una orden judicial que, según cuenta a EFE la concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Arona, Ruth Martín, “no ha tenido en cuenta los informes de vulnerabilidad por primar la seguridad de las personas”.
Martín asegura que trabajan “in extremis” para buscar una solución, por lo que han intentado buscar apoyos en Cáritas y Cruz Roja e, incluso, en la Subdelegación del Gobierno para ver si se podían habilitar plazas en los campamentos de migrantes de Las Raíces, pero por ahora no se ha conseguido nada.
Preguntada por los contactos con el Gobierno de Canarias, el Instituto Canario de la Vivienda y el Cabildo de Tenerife, confirma que estas instituciones tampoco han podido aportar solución por “estar todos los recursos saturados”.
Y la ayuda tampoco vendrá de los hoteles, albergues, pensiones y hostales, porque Martín añade que “no hay plazas, porque estamos en plena temporada turística de invierno, temporada alta”, por lo que hasta finales de marzo “estamos prácticamente a un 100% de ocupación en todos los alojamientos turísticos”.
Añade que el equipo de Servicios Sociales de Arona valoró la opción de habilitar algún espacio, una idea que se ha desestimado por poder “asentar un precedente”: “¿Por qué habilitamos ahora un pabellón si no lo hicimos la semana pasada con las dos familias que se quedaron en la calle?”, se pregunta.
Ruth Martín explica que el caso del edificio de Chasna ha trascendido a los medios de comunicación por la cantidad de personas desahuciadas, pero el municipio de Arona, advierte, enfrenta “cada día” esta situación, pues la comarca notifica entre 10 y 12 desahucios al mes.
La situación en el sur está “desmadrada”
La responsable del área de Servicios Sociales tiene “la esperanza” de encontrar alguna solución, pero a su vez espera que esta “desgracia” sirva para “despertar conciencias” sobre el “gran problema que tenemos en Canarias”.
“Tenemos poblados chabolistas, urbanizaciones de caravanas y remolques, muchísima gente viviendo en coches, cuevas y casetas. La situación en el sur de Tenerife está desmadrada, sobre todo en el municipio de Arona”, señala Ruth Martín.
A su juicio, esta emergencia habitacional tiene su origen en la Ley de Vivienda que entró en vigor en 2021 y que, explica, pretendía proteger a los inquilinos de problemas económicos sobrevenidos tras la pandemia de la COVID-19.
“La ley ha provocado la psicosis del propietario y la mayoría de ellos han retirado viviendas del mercado residencial y las han llevado al vacacional”, por considerara este última como “más segura”.
Agrega que las “pocas” viviendas residenciales que han quedado en el mercado residencial han subido los precios “una barbaridad” y tienen requisitos “muy altos”, como “ingresos muy altos, sin niños y fianzas de tres o cuatro meses”. “Aunque trabajes, actualmente no se puede afrontar el pago de un alquiler en el sur de Tenerife”, advierte la concejal.
Pese a reconocer la gravedad de la situación, el Ayuntamiento de Arona, ni ninguno de Tenerife, se declarado zona tensionada.
Además de tiempo, los habitantes del edificio de Costa del Silencio se han quejado de la imposibilidad de empadronarse; un hecho que la concejal confirma y sobre el que añade que no les supondrá un perjuicio para, por ejemplo, solicitar una ayuda de emergencia municipal, para la que “bastaría con empadronarse en los servicios sociales”.
En relación con este aspecto, argumenta que el área del Padrón del Ayuntamiento de Arona decidió hace una semana bloquear este proceso ante el desahucio “inminente” de las familias de un edificio que “se va a demoler”, y que en la actualidad tiene un total de 65 vecinos empadronados.
“Tengo la esperanza de que podremos buscar una solución para las familias”, afirma Ruth Martín, que al mismo tiempo recuerda que en esa alternativa se priorizará a los colectivos más vulnerables que viven en el inmueble.
Medidas “extraordinarias”
Por su parte, el PSOE, partido en la oposición en el Ayuntamiento, ha pedido este lunes al consistorio que adopte medidas extraordinarias para evitar el desahucio y ha propuesto, entre otras acciones, la expropiación o adquisición de edificios sin terminar, como ha anunciado el municipio vecino de Granadilla.
José Julián Mena, que fue el alcalde de Arona en el anterior mandato, ha pedido al grupo de gobierno municipal (Partido Popular, Coalición Canaria y Más por Arona) que reconsidere su rechazo a tramitar la declaración del municipio como zona tensionada desde el punto de vista del alquiler ante la situación “crítica” que se está viviendo con este lanzamiento.