Mirian Pantsulaia (75 años) es un currante ya pensionista. Un superviviente de la vida que, aparte de en su país (Ucrania,) se la ha buscado en otros puntos de Europa. De hecho, se fue a Portugal en el año 2000 para trabajar en distintos ámbitos y, en 2014, pasa a Salamanca. Sin embargo, un año después opta por probar suerte en Tenerife y aún sigue en esta isla junto a su mujer, Tamar Janiashvili (61). Ambos tienen la condición de residentes en España de larga duración pero no contaban con una guerra en su país y, desde 2022, su familia se ha reunificado en parte en Canarias tras llegar, como refugiados (en sus permisos de residencia y trabajo rezan como asilados bajo “protección internacional”), su hija, Hana Pantsulaia (47), y su nieto, Stanislav Medvediev (29 años).
Pese a todo lo que se ha dicho de los refugiados ucranianos en España desde la invasión rusa, sobre todo en la comparativa con los heroicos migrantes que arriesgan su vida en el Atlántico hacia Canarias, a esta familia no se le ha ofrecido un hospedaje, según comenta Mirian. Por eso, viven como okupas en el edificio Chasna (número 8), en Costa del Silencio (Arona, Sur de Tenerife), inmueble que, junto al 10, será desalojado este martes por orden judicial, sin que tengan una alterativa habitacional, tal y como le ocurre a las otras 89 familias que serán desahuciadas en unas horas (210 personas en total), salvo que haya un aplazamiento por parte del Juzgado número 3 del municipio.
En declaraciones a Canarias Ahora, Mirian Pantsulaia asegura que se pondrá en contacto con la embajada de Ucrania en España, situada en Málaga, para intentar encontrar alguna solución a este desamparo, toda vez que, como los demás afectados por el desalojo, mucho se teme que tendrán que dormir en la calle (seguramente en una playa de la zona) desde este mismo martes.
Mirian asegura que ni el consulado de su país en las Islas, ni la embajada ni nadie de las administraciones españolas le ha ofrecido hasta ahora una casa pese a la condición de refugiados por la guerra de su hija y su nieto, situación que no se explica.
Lo más curioso es que, en este mismo edificio, que será desalojado en menos de dos días si nadie lo remedia, esta familia vive o, mejor, convive junto a ciudadanos rusos. En concreto, y como muestra la foto que acompaña a estas líneas, junto a Sergey Tsisar y Ocaña Tsisar, así como a otros refugiados ucranianos: Olga Furman y Valentina Kipchuk. Por supuesto, sin ninguna guerra entre ellos en un inmueble número 8 que, de por sí, es un crisol de culturas y nacionalidades entre las 210 personas que lo habitan u okupan, según sea el cristal de los que los definan.
La decisión del desalojo, adelantada el pasado viernes por Canarias Ahora, ha creado un gran impacto y expectación. Muchos medios se han hecho eco de esta situación social, dado que afecta a refugiados internacionales, bebés, embarazadas y mayores de hasta 80 años. Se prevé un considerable despliegue comunicativo este martes en un desalojo que, si bien el portavoz de estos vecinos (muchos de ellos empadronados), Eloy Outerial Miniño, afirma que será pacífico, puede deparar momentos de profunda emoción, dolor y hasta tensión, aunque ojalá que sin ningún incidente reseñable.
Públicamente y mediante varios escritos remitidos en las últimas semanas por su abogada al Juzgado número 3 de Arona, los afectados piden, al menos, uno o dos meses de aplazamiento para poder llevarse todas sus pertenencias de unos pisos que, desde hace unos 8 años, han ido arreglando y adaptando, logrando energía mediante la compra e instalación (con un gasto de entre 1.000 y 3.000 euros) de placas solares. Además, subrayan que estos inmuebles se levantaron hace unos 50 años en suelo rústico y consideran que hay sobrados motivos no solo para el aplazamiento, sino para buscar una salida que no sea tan traumática y que no les deje en la calle, “y más por la condición de gran tenedor de los propietarios”.
Los edificios pertenecen a la familia Tavío, propietaria del puerto de San Miguel de Abona (situado muy cerca) y de Amarilla Golf. Eduardo Tavío, uno de sus integrantes (aunque los edificios pertenecen a unos de sus primos), indicó el pasado jueves a este periódico que el desalojo obedece a la decisión del juzgado por el mal estado estructural de los inmuebles, si bien los actuales ocupantes aseguran que eso solo afecta al 10, no al 8, donde viven. Un informe municipal de 2021 certifica los problemas por aluminosis.
La concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Arona, Ruth Martín, se muestra muy contrariada por esta situación. Lamenta que otras administraciones no hayan podido aportar viviendas alternativas y que, por la ocupación plena que presenta ahora la planta hotelera en su municipio y el Sur tinerfeño, tampoco se pueda buscar una salida provisional con estos establecimientos. Lo peor que puede darse el martes, sin embargo, es que, por ley, los menores que viven con sus familias en este edificio Chasna deberán ser reubicados en servicios públicos porque no pueden quedarse en la calle, a excepción de los recién nacidos, para los que se sí se han conseguido alternativas junto a sus madres.