Continúan las obras en la nave propiedad de Cicar en Arona pese a la denuncia de la Agencia de Protección del Medio

Como si nada, quizás porque aún no les ha llegado la resolución de la Agencia de Protección del Medio, pero los trabajos en la nave industrial de Guaza, en el municipio de Arona, el de mayor población del sur de Tenerife, continuaban en la mañana de este martes como si no estuvieran paralizados por el órgano regional de disciplina urbanística desde el pasado 16 de este mes, si bien la firma de la directora ejecutiva de dicha Agencia es del día 13.

Como muestran las fotos de esta mañana que acompañan a estas líneas, los operarios siguen con sus faenas diarias en un inmueble de la compañía de coches de alquiler Canary Island Car (Cicar) comprado al empresario Diego Cano, el mismo promotor del centro comercial de El Camisón que desató una crisis que rompió el gobierno de mayoría absoluta del PSOE aronero en 2020, que propició el surgimiento de Más por Arona (cuatro ediles en mayo de 2023) y el equipo gobernante alternativo de esta formación surgida de los ediles críticos con el exalcalde socialista José Julián Mena junto al PP y CC.

La continuidad de los trabajos en esta nave, que también forma parte del corazón de esa ruptura del PSOE y de su pérdida del poder, ha sido denunciada ante la Agencia del Medio, el juzgado local número 4 y la Guardia Civil desde el pasado viernes. Lo han hecho los mismos denunciantes originales de esta reforma y ampliación de este inmueble, sin uso continuo según su versión y diversos informes de la Policía local (reforzados por testimonios de vecinos) desde 2012, aunque hay interpretaciones y documentos contrapuestos desde el área local de Urbanismo porque esto también desató una intensa polémica interna entre funcionarios (secretaria y secretario municipal en contra frente al arquitecto Damián Hernández por si se podía otorgar el uso comercial consolidado, lo que se hizo y se intentó revocar), así como entre Mena y el edil de Urbanismo con el PSOE y, ahora, con Más por Arona, Luis García. 

Este concejal, de hecho, declaró el pasado julio ante el juzgado número 4 y dijo no conocer los trabajos de reforma y ampliación en esta nave, aunque la parte denunciante sostiene que se desarrollan y denuncian desde 2021 por carecer de los preceptivos permisos y licencias, sobre todo la municipal de obra mayor, la causa principal de la resolución de paralización de la Agencia del Medio.

El edil “faltó a la verdad” en su declaración de julio, según los denunciantes

Los denunciantes del caso presentaron el pasado 17 de este mes un escrito en dicho juzgado (que completa otro del 27 de julio pasado) en el que aseguran que el concejal “faltó a la verdad” en su declaración al decir que desconocía las actuaciones. Además, recuerdan que, el 31 de marzo de este año, ya habían recalcado que estas obras no solo las consideran ilegales desde 2021 (año de sus primeras denuncias), sino “ilegalizables” por desarrollarse en un suelo rústico (más precisamente, y según la Agencia del Medio, en uno categorizado como “urbanizable no programado, equivalente a uno rústico de reserva). ”Por tanto -afirman-, el querellado faltó a la verdad, por cuanto tenía pleno conocimiento de que en las naves litigiosas se desarrollaban obras (ilegales), respecto de las cuales el querellado ha mantenido y mantiene una actitud de absoluta pasividad“. 

Asimismo, cuestionan su afirmación de que “no era su función la inspección de esas obras” porque, en una resolución de la actual alcaldesa, la conservadora Fátima Lemes (PP), del pasado 30 de junio de 2023, “delega en Luis García la inspección de obras y disciplina urbanística” del ayuntamiento como concejal de Urbanismo. Pese a esto, y según dicho escrito, “ha mantenido una actitud de absoluta pasividad, que choca con la inexcusable e ineludible obligación de ejercer las potestades de restablecimiento (art. 324 de la Ley del Suelo de Canarias)”. 

No obstante, y según los denunciantes, en esa misma declaración acaba reconociendo “que era conocedor (porque lo había consultado para preparar su querella) de que las obras en las naves de Guaza eran ilegales. A pesar de esto, las obras han seguido desarrollándose a pleno rendimiento desde su declaración hasta la fecha y el querellado (en una actitud presuntamente prevaricadora) omite el ejercicio de las potestades de obligado ejercicio”, según reza este escrito. Esta parte, por tanto, ha presentado una denuncia por un presunto delito de prevaricación, ha dado traslado de los hechos a la Agencia del Medio y reclama que se tomen medidas inmediatas ante la “inacción” del consistorio. De hecho, recuerda que el propio órgano regional constata la nula respuesta del ayuntamiento a sus solicitudes del pasado mes de julio (día 24).

Ante esta concatenación de hechos, los denunciantes piden al juzgado número 4 que declaren como testigos los siguientes funcionarios del área local de Urbanismo: el jefe de servicio de gestión y disciplina, Damián Hernández Fumero, la jefa de la sección jurídica de Ordenación, Yurena Noda García, el jefe de la sección de gestión, Sergio Martín, y la jefa de la sección técnica, Ruth Rodríguez Montañez. Asimismo, reclaman el testimonio de la secretaria municipal, Tania Rodríguez Reguiro, y del anterior edil de Urbanismo, Leopoldo Díaz Oda. Además, piden que el ayuntamiento remita toda la documentación de los expedientes incoados sobre las denuncias respecto a estas “obras ilegales”, los de disciplina urbanística y los de licencias, aparte de que la Policía local emita informe sobre el estado actual del inmueble y en los últimos años.

Estos hechos ya han sido llevados por la oposición local del PSOE a comisiones y órganos del consistorio, constatándose las lecturas claramente contrapuestas entre el edil de Urbanismo y los socialistas. La “guerra” aflorada en 2020 continúa y sin visos de tregua o relajación.