La Fiscalía pide tres años de cárcel para un hombre acusado de apropiarse indebidamente de 208.078,24 euros de la empresa del agua de varios municipios de Tenerife en la que era administrador y contable, y que será juzgado la semana que viene en la Audiencia Provincial.
En el escrito de calificación, el representante del ministerio público recoge que el acusado realizó “múltiples traspasos” desde la cuenta corriente de la empresa, con implantación en Candelaria, Güímar, Arafo y Tegueste, a varias de su titularidad y en las que familiares suyos o su expareja figuraban como autorizados.
Para evitar ser detectado realizaba apuntes contables a cargo de la empresa y en favor de terceros proveedores que nunca recibían los supuestos pagos.
Para llevar a efecto los traspasos de efectivo elaboraba órdenes de pago simuladas a nombre de la entidad y dirigidas al banco donde tenía abierta la cuenta, incluyendo en las mismas las firmas mancomunadas de dos empleados de la empresa autorizados para estas operaciones.
Firmas que el acusado había previamente escaneado y guardado en sus archivos informáticos “con el objeto de garantizar el éxito del plan trazado”, señala el escrito de calificación de la Fiscalía.
A través de diferentes movimientos el acusado ingresó 107.648,95 euros a una cuenta en la que su madre constaba como persona autorizada.
También transfirió a una cuenta suya, en la que su padre figuraba como autorizado, otros 28.699,61 euros, y al menos 41.122,81 euros en una cuenta en la que su entonces pareja sentimental constaba como autorizada
En otras cuentas fue metiendo en diferentes movimientos durante varios meses consecutivos 9.016,94 euros y 13.026,91 euros.
En paralelo, el acusado, según sostiene la Fiscalía, aprovechó su condición de administrador-contable para cumplimentar de su puño y letra y presentarlos al cobro en el banco seis cheques pertenecientes a una cuenta de la empresa por 1.384,13, 1.643,78, 1.482,34, 1.318,48, 1.582,12 y 1.113,42 euros.
Para ello, falsificó las firmas de dos personas autorizadas por la empresa “para darles una apariencia de autenticidad” a los cheques.
Los hechos relatados son para el fiscal constitutivos de un delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso medial con un delito continuado de apropiación indebida.
Además de los tres años de cárcel, pide una multa de 12 meses con una cuota diaria de diez euros y en concepto de responsabilidad civil, la devolución de los 208.078,24 euros desfalcados, más los intereses legales correspondientes.