El abogado de la alcaldesa de Candelaria intentó sacar a Sí Se Puede e IUC del proceso judicial por los vertidos industriales en el Valle de Güímar
Sí Se Puede e Izquierda Unida Canaria (IUC) han denunciado este miércoles obstáculos a su continuidad como acusación popular en el caso de los vertidos incontrolados de aguas residuales de origen industrial y sin depurar en el polígono de Güímar. La defensa de la alcaldesa de Candelaria exigió a ambas organizaciones el pago de una fianza de 12.000 euros para poder seguir en la causa, con el claro objetivo de dificultar su derecho a acceder a la justicia en materia ambiental.
“Nos ha sorprendido que el abogado de la alcaldesa de Candelaria nos haya reclamado por vía judicial que abonáramos una fianza de 12.000 euros para poder seguir personados como acusación popular en el procedimiento judicial abierto en el Juzgado de Güímar referido a los vertidos ilegales que, durante muchos años, llevan realizándose en el polígono industrial”, asegura la portavoz del grupo de Sí Se Puede en el Ayuntamiento de Candelaria, Mayca Coello.
Ambas organizaciones han reunido el dinero que finalmente ha exigido el juez tras considerar la petición de la alcaldesa. “Pagamos los 3.000 euros que estableció el juez porque nada nos va a impedir estar en este proceso, aunque, por supuesto, presentamos un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial y estamos a la espera de su resolución”, detalla Coello.
“Otros tribunales no han establecido este tipo de fianzas para la acusación popular en casos similares y el propio fiscal consideró que no era necesario”, explica el concejal de IUC en el Ayuntamiento de Arafo, Francis Hernández. Asimismo, “la petición de una fianza de estas características contradice directivas comunitarias que protegen el acceso a la justicia ambiental”, añade el portavoz de Sí Se Puede en el Ayuntamiento de Güímar, Ruyman Expósito.
“Resulta que no se pueden generar costes que pongan en riesgo el derecho de las organizaciones en defensa del medio ambiente para su intervención ante los tribunales para denunciar infracciones ambientales, tal como establecen el Convenio de Aarhus y otras directivas de la Unión Europea -abunda Coello-; en cualquier caso, a Sí Se Puede e IUC nos ha costado 3.000 euros la defensa de los intereses de la ciudadanía y del Valle de Güímar”.
