La jueza del caso Grúas, Celia Blanco, ha citado a declarar al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, en calidad de investigado a las 9.30 horas del miércoles 17 de abril, miércoles santo.
La elección del día ha levantado suspicacias en la clase política por encontrarse en plena Semana Santa, cuando media Canarias está de vacaciones y desciende notablemente el consumo de medios de comunicación.
Hoy mismo, en un nuevo giro en la estrategia procesal de Clavijo en el caso Grúas, los abogados del presidente presentaban un escrito en los juzgados de La Laguna para que se citara a declarar a Clavijo “cuanto antes”. Si hace poco más de dos semanas, el 22 de marzo, pedía a la jueza instructora que dejara para el último momento de la instrucción su comparecencia como investigado, ahora clama por ser llamado a declarar lo antes posible. Así lo anunció anunció él mismo en todas las comparecencias en medios de comunicación de los últimos días, desde que se dieron por fracasados sus reiterados intentos de ser investigado en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), donde hasta noviembre pasado se residenciaban las causas contra altos cargo autonómicos aforados.
La jueza instructora de este caso sobre la presunta concesión irregular del servicio de recogida de vehículos de La Laguna, Celia Blanco, mantuvo el suspense sobre la causa hasta la semana pasada, cuando por fin emitió un auto asumiendo su competencia en la investigación al presidente de Canarias y aclarando a la ciudadanía que su situación procesal es la de “investigado”, en contra de lo difundido por algunos medios de comunicación que la rebajaron a la de “compareciente” aprovechando que en el juzgado, según la magistrada, se había producido un error informático.
En un escrito presentado por la representación procesal de Clavijo ante el juzgado el pasado 22 de marzo acusaba a los denunciantes del caso Grúas de estar movidos por “un interés espurio y ajeno a la averiguación de la verdad y a la conclusión de la instrucción” en su empeño por que el presidente del Gobierno fuera llamado a declarar como investigado. “Es evidente que la prioridad de los denunciantes es la toma de declaración del señor Clavijo en medio del largo proceso electoral en el que, unos y otro, participan”, añadía.
Hace dos semanas la declaración del presidente era para él “un indicativo del interés político de la causa” para luego de prestada “continuar con una larga y dilatada instrucción”.
El interés ahora ya no es exclusivo de las acusaciones, formadas por lo concejales de Por Tenerife y de Unid@s Podemos en La Laguna, sino también del presidente del Gobierno, que ha solicitado formalmente al juzgado su citación para declarar.
La primera declaración de Fernando Clavijo en Instrucción 2 de La Laguna estaba inicialmente prevista para el pasado 15 de marzo, pero la jueza decidió suspenderla al tener conocimiento de que la defensa del investigado había intentado interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra el auto del TSJC que le denegaba por segunda vez su petición de ser tratado como aforado, pese a la desaparición de tal figura al entrar en vigor el nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias.
El llamado caso Grúas gira en torno a una serie de decisiones que se tomaron en el Ayuntamiento de La Laguna cuando Clavijo era concejal de Seguridad de la ciudad, primero, y alcalde, después, respecto a la empresa que gestionaba el servicio de grúas municipales.
El caso llegó a los juzgados en 2017 y desde entonces ha vivido varias vicisitudes: primero la jueza que lo inició decidió archivarlo, luego la Audiencia de Santa Cruz la corrigió y ordenó investigar indicios complementarios que podían incriminar a Clavijo (ya presidente de Canarias), más tarde la jueza lo trasladó al Tribunal Superior de Justicia de Canarias y, finalmente, este último se lo devolvió, porque con el nuevo Estatuto de Autonomía el presidente del Gobierno ya no tiene la condición de aforado.
En las últimas semanas, la fiscal Anticorrupción se ha dirigido a la jueza encargada del caso para exponerle su análisis de todo lo instruido hasta la fecha, en un informe en el que apunta que Clavijo pudo haber cometido prevaricación al levantar dos reparos del interventor del Consistorio contra la concesión de un crédito a la empresa de la grúa y contra la decisión de prorrogarle el contrato.
Santiago Pérez: “Produce estupefacción e indignación escuchar a Clavijo”
El concejal de La Laguna y denunciante del caso Grúas, Santiago Pérez, destaca que el presidente del Gobierno y anterior alcalde, Fernando Clavijo, “se ha acostumbrado a decir en público exactamente lo contrario de lo que sus defensores piden a los juzgados, de manera que no solo falta a la inteligencia de los canarios, sino que miente como ha hecho cada vez que ha comparecido ante el Parlamento”.
Santiago Pérez añade que “produce estupefacción e indignación que diga que por fin sabe dónde tiene que ir a declarar y en qué condición. Al parecer, todos lo sabíamos menos él: tiene que declarar ante el Juzgado de Instrucción de La Laguna, desde que entró en vigor el Estatuto de Autonomía; y tiene que declarar como investigado. No ante el TSJC, al que se ha intentado aferrar como a un clavo ardiendo; ni como interviniente, que es otra invención de Clavijo y su aparato de propaganda que el propio Juzgado ha tenido que desmentir tajantemente”.
Sin embargo, “haciendo una nueva exhibición de falta de respeto a la inteligencia de los canarios, algo que se está convirtiendo en su modus operandi, ahora dice que está contento por saber dónde tiene que declarar, cuando todo el mundo sabe que se ha revuelto como gato panza arriba para tratar de quebrantar el nuevo Estatuto de Autonomía y aferrarse a un privilegio ya desaparecido (el aforamiento)”.
Santiago Pérez recuerda que Clavijo ha afirmado ante el Juzgado de Instrucción, apenas anteayer, el 22 de marzo, “que su propuesta era la de declarar al final de la investigación. Taxativamente decía: interesa a la defensa (de Clavijo) la práctica con antelación a su declaración como investigado de las diversas diligencias aún pendientes de proveer. Es decir, la práctica de las diligencias de investigación solicitadas por la Fiscalía y las acusaciones particulares”. Clavijo “pretendía hacer una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal a su medida, igual que quería disponer de un Tribunal (el TSJC) a su medida. Porque la declaración de Clavijo como investigado, igual que las de los demás, debe ser inmediata. No ha habido desde hace tiempo el menor fundamento jurídico objetivo para los sucesivos aplazamientos de la declaración de Clavijo como investigado que ha venido tratando de hacer utilizando todos los subterfugios a su alcance”.
“Parece que ahora –termina diciendo Pérez-- le han entrado a Clavijo unas prisas de modo súbito que contradicen completamente todo lo que ha hecho y firmado en los sucesivos escritos que ha presentado ante el Juzgado de Instrucción. Por tanto, estas nuevas afirmaciones son un nuevo ejemplo de su infinito desprecio a la inteligencia de todos nosotros, los canarios y las canarias de a pie”.