La Audiencia Provincial ve imposible restaurar medioambientalmente las canteras de los barrancos de Güímar dañadas por la extracción ilegal de tierra, en el conocido como caso Áridos, y obliga a los tres empresarios condenados en enero de 2016 a abonar una indemnización por daños y perjuicios -el cuarto empresario cumplió condena en prisión-.
El auto, firmado por el presidente Joaquín Astor y hecho público este jueves, remite los hechos al Gobierno de Canarias, al Consejo Insular de Aguas y la acusación particular para que presentan una valoración de daños en los próximos diez días y se puedan fijar las indemnizaciones.
La Audiencia apoya su resolución en un informe de la Dirección General de Lucha contra el Cambio Climático y Medio Ambiente de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias que recoge que la actuación en las canteras, bien de forma coordinada o por separado, supondría un “impacto” sobre el territorio que superaría los posibles beneficios, que serían limitados.
Incluso, avanza que sería una “auténtica catástrofe ambiental con múltiples consecuencias”, en especial, lo que supondría en términos de contaminación atmosférica, aportación al cambio climático, desasosiego público y daños para la salud, pues se calculan más de 1,7 millones de viajes de camión para rellenar los huecos dejados en las seis canteras.
La Audiencia expone también que no hay disponibilidad de materiales con los que rellenar los huecos generados por las explotaciones aparte de que generaría consecuencias que se extrajera un volumen tan elevado como el exigido para la restauración.