La tercera sesión del juicio por la construcción de El Trompo, en el municipio tinerfeño de La Orotava, sirvió este jueves para despejar algunas de las dudas planteadas en las dos primeras jornadas. Ocho peritos confirmaron que el centro comercial se construyó en un suelo clasificado como rústico potencialmente agrícola, tal y como establecía el Plan General de Ordenación (PGO) de 1990, vigente en el momento en el que se llevaron a cabo el grueso de las obras.
La declaración de los expertos afianza una parte importante de los argumentos de las acusaciones, que sostienen que el exalcalde Isaac Valencia, arropado por un informe del secretario municipal, Juan Carlos de Tomás, concedió en octubre de 2002 mediante decreto la licencia del centro comercial en contra del planeamiento en vigor. Para cada uno de ellos piden tres años de cárcel por delitos de prevaricación urbanística y contra la ordenación del territorio.
Los testimonios de los peritos judiciales Rubén Henríquez y Juan Jesús Cabrera, que realizaron tres informes durante la instrucción de la causa, incorporados como pruebas documentales, fueron claros en relación al uso de los terrenos donde se levantó el centro comercial. “Se ve claramente que era rústico potencialmente agrícola”, aseveró el primero. “En enero de 2002 hay una foto de Grafcan en la que aparece construida la planta baja en un suelo clasificado como rústico”, ratificó minutos después su compañero.
Juan Jesús Cabrera fue el encargado de realizar el dictamen pericial que concluyó que la edificación de El Trompo no solo incumplió el planeamiento de 1990, sino que también sobrepasa la superficie permitida en el nuevo PGO de 2004, que reclasificó el suelo a urbano no consolidado y legalizó la construcción. Según el experto, el centro comercial se excede en 2.137 metros cuadrados. La abogada del promotor acusado, Ambrosio Jiménez, para el que la Fiscalía solicita dos años de cárcel por un delito contra la ordenación del territorio, se esforzó en desacreditar la declaración del perito, al que recordó que “no aplicó en su informe el margen del error”. Cabrera explicó que la diferencia, en cualquier caso, “sería de un 1%, que puede ser por abajo o por arriba” del resultado obtenido.
La declaración más extensa fue la del técnico del Ayuntamiento Melecio Tomajón. El funcionario confirmó lo que poco a poco ratificaron el resto de peritos a lo largo de la mañana de este jueves. La construcción está legalizada desde que se aprobó el PGO de 2004, pero en el planeamiento de 1990 el suelo era rústico“, recalcó. ”Eso no lo discute nadie“, se le escapó al abogado del exalcalde, Esteban Sola.
Pero el testimonio de Tomajón cobró relevancia al entrar en otro de los terrenos pantanosos en los que se mueven los acusados. El técnico municipal fue el responsable del informe que en noviembre de 2001 provocó la paralización de las obras que se llevaban a cabo en la parcela donde posteriormente se edificó El Trompo, y que no tuvieron licencia hasta el decreto de Isaac Valencia de octubre de 2002. Las defensas intentaron reforzar la teoría de que los trabajos que se llevaron a cabo antes de la obtención del permiso del Ayuntamiento estaban relacionados con un muro para afianzar la carretera y no con el centro comercial.
Tomajón, que en más de una ocasión tuvo que acercarse a la mesa del juez para realizar aclaraciones sobre los planos, reconoció que observó la existencia de una “estructura de bajo rasante que ocupaba la misma superficie que el aparcamiento de El Trompo”, aunque insistió en que el ingeniero de la obra le dijo que “era para afianzar la vía”. Ante la insistencia de las preguntas, el técnico admitió que, según su criterio, “no era necesario, pero el ingeniero tiene una cualificación superior”.
A diferencia de los interrogatorios a los testigos, los abogados de las defensas no fueron este jueves especialmente insistentes con el que es uno de sus principales argumentos: la legalización de facto de las obras a través de la “cooperación interadministrativa” con el Gobierno de Canarias. Los peritos que fueron preguntados dejaron claro que las actuaciones de los viales no tenían nada que ver con el suelo donde se levantó el centro comercial. “Una cosa son las obras de urbanización y otra las de edificación”, explicó Argeo Semán, redactor del PGO de 2004.
Tampoco, a criterio de los expertos, tenía validez el convenio que el Ayuntamiento de La Orotava firmó con Ambrosio Jiménez en 1999, ya que para ser aplicable “tiene que estar aprobado en el planeamiento”, como especificó el arquitecto municipal Fernando Hernández. El técnico también realizó un informe en 2002, antes de la concesión de la licencia, en el que constató que tampoco existía la calificación territorial del Cabildo de Tenerife, así como como “otra serie de incumplimientos”, lo que impedía otorgar el permiso urbanístico.
En la mañana de este jueves también pasó por el Palacio de Justicia de La Laguna el que fuera director general de Urbanismo del Gobierno regional, Jesús Romero, que antes de dar el salto al Ejecutivo participó en la redacción del PGO de La Orotava, que entró en vigor en 2004 pero que estuvo suspendido hasta junio de 2005, según explicó el perito judicial Juan Jesús Cabrera. Como era de esperar, Romero explicó que “hasta que el planeamiento no está aprobado por la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac), el suelo no deja de ser rústico”.
El juicio por la construcción del centro comercial El Trompo celebrará su última vista este viernes si se cumplen dos requisitos: que dé tiempo de interrogar a varios testigos que faltan y de que todas las partes expongan sus conclusiones. Si no es así, será el lunes 27 de junio cuando el juez de refuerzo del Juzgado de lo Penal Número 5 de Santa Cruz de Tenerife deje el caso visto para sentencia.