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Los areneros de Güímar tienen que aportar una fianza de 168 millones antes del lunes para eludir la cárcel

Banquillo de acusados en el juicio de los areneros, en la Audiencia Provincial tinerfeña

Tenerife Ahora

Santa Cruz de Tenerife —

Los empresarios condenados por el caso Áridos (la extracción ilegal de ese material destinado a la construcción en los barrancos del municipio tinerfeño de Güímar) Antonio Plasencia, José Enrique Morales y Pedro Sicilia (eran cinco: estos tres, uno encarcelado y otro fallecido antes de la celebración del juicio) pueden estar a pocos días de entrar en prisión si antes de este lunes, día 28 de enero, no afianzan 168,4 millones de euros entre los tres (66.422.000,46 euros, en el caso de Antonio Plasencia; 62.936.683,02 euros, para Morales, y 39.064.475,65 euros, para Sicilia), tras no poder cumplir en tres años la sentencia del 28 de enero de 2016 que los obliga a restaurar el daño medioambiental causado por aquella actividad en cuencas hidrográficas del mencionado municipio.

El letrado de la Administración del Estado (antes secretario judicial) será el encargado de poner fecha a la ejecutoria de entrada en la cárcel, siempre que no se produzca el reseñado afianzamiento, tal y como adelantó en su edición de este jueves el periódico Diario de Avisos.

Esos tres condenados rubricaron un sentencia de conformidad para evitar penas que supusieran la entrada en la cárcel, algo que no hizo el cuarto acusado, Francisco del Rosario, finalmente condenado a tres año y medio de prisión, privación de libertad que cumple en la actualidad tras tampoco ganar el recurso presentado ante el Tribunal Supremo.

Todas las partes recibieron este miércoles, según ha publicado Diario de Avisos, la desestimación del Tribunal Supremo tras la queja formulada por los abogados de Plasencia y Morales, un recurso más denegado después de que finalizara el año de prórroga concedido tras otorgar dos años iniciales para restaurar el daño ecológico.

El Supremo también señala que la situación económica de Pedro Sicilia, que se declara insolvente y pide turno de oficio, no es óbice para que cumpla los términos de la sentencia.

Este miércoles, el presidente de la sala de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, Joaquín Luis Astor Landete, dictó un auto en el que concede un plazo de tres días para que los condenados presenten alegaciones al informe remitido por la Dirección General de Industria y Energía del Gobierno de Canarias sobre el estado de proyectos o trabajos de restauración en el ámbito extractivo de los barrancos de Güímar y en el que da cumplimiento a la obligación de afianzamiento de las responsabilidades en los términos fijados en el auto de fecha 25 de enero de 2018.

El afianzamiento se puede hacer a través de una fianza bancaria (cheque) o peritación patrimonial avalada por técnicos del Estado, en cuyo caso sería estudiada por la Audiencia Provincial. El plazo vence el lunes 28 de enero. Si no lo consiguen, es muy probable que ya solo quede el camino de la cárcel.

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