“Nunca he recibido dinero por hacer los informes (para concesión de licencias urbanísticas)”. Así se defendió este lunes el ex arquitecto municipal del Ayuntamiento de Arona y jefe del servicio de Urbanismo, Eliseo de la Rosa, ante el tribunal de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife que juzga el caso Arona 1, una supuesta trama de corrupción municipal durante 2003 y 2007, años en los que el nacionalista José Alberto González Reverón y todo su equipo de Gobierno habrían concedido licencias para la construcción, derribo o primera ocupación fuera de la legalidad, además de contratar a dedo a empresas para la realización de obras o servicios públicos.
Tras las declaraciones de los siete acusados que conformaron la Junta de Gobierno en los primeros cuatro años de mandato de Reverón, llegó el turno a los técnicos municipales por el presunto cobro de comisiones ilegales para la elaboración de informes favorables que permitiesen la concesión de licencias urbanísticas.
Eliseo de la Rosa, funcionario interino desde 1996 y exjefe de la Oficina Técnica de Urbanismo, fue detenido en 2007 por orden del magistrado instructor del caso, Nelson Díaz. Fue a raíz de tomar declaración al constructor José Ramón Ansorena Ormazábal, quien pretendía construir primero un hotel y después una urbanización en Costa del Silencio. Ansorena aportó al juez una grabación en la que un intermediario, el acusado Arsenio Zamora, le habría pedido 45 millones de pesetas para obtener el informe favorable de los técnicos y el voto de la Junta de Gobierno para la concesión de la licencia.
Pero Eliseo de la Rosa, como era de prever, no solo ha negado el cobro de comisiones, sino que se defendió afirmando que carece de conocimientos jurídicos, aunque sí de Urbanismo, y que la concesión de licencias no dependía de él. “Nosotros no dábamos las licencias. Hacíamos los informes técnicos”.
De la Rosa admitió haberse reunido en las dependencias del Ayuntamiento de Arona con el empresario que le acusó. “Me reuní con él una vez para informarle de que el informe para su licencia era negativo”, dijo, aunque poco después apostilló que en esas dependencias “recibíamos a todos los arquitectos y promotores que nos lo pedían, porque tenían dudas de la normativa vigente o del Plan General de Ordenación”.
En relación a la grabación aportada a la investigación judicial por Ansorena Ormazábal, el arquitecto sostuvo que oyó hablar de ella al predecesor de González Reverón, el alcalde entre 1999 y 2003 Miguel Delgado, “pero no le di importancia porque pensé que era un farol”. Esta afirmación contrasta con lo que manifestó en su día al juez Nelson Díaz. “No sé qué le dije al juez porque m declaración fue después de pasar más de 24 horas en un calabozo sin dormir, comer ni beber”.
El acusado negó haber comido en 2004 con Ansorena para informarle de que debía cambiar el uso de hotelero a residencial para obtener la licencia (información por la que también habría cobrado), al igual que cargó sobre los servicios jurídicos del Ayuntamiento la responsabilidad en la denegación de las licencias.
Eliseo de la Rosa está acusado por cohecho y prevaricación urbanística y sobre el penden seis años de prisión y 20 de inhabilitación. No solo está relacionado con los informes negativos para la empresa de Ansorena, Proguito S.L, sino que a su vez lo está por haber firmado decenas de informes favorables para la concesión de otras tantas licencias de construcción, derribo, o modificación de uso con los informes en contra de los servicios jurídicos, lo que habría permitido a la Junta de Gobierno la concesión de licencias fuera de la legalidad.
“Sí se leían los informes en la Junta de Gobierno”
Otro cambio de tuerca vino de las palabras del ex edil de Infraestructuras, Alfonso Barroso, que fue quien inició la sesión de la vista oral de este lunes. Barroso admitió que sí se leían los informes de los técnicos y de los servicios jurídicos en la Junta de Gobierno, algo que habían negado tanto el ex alcalde Reverón como los ex concejales sentados en el banquillo.
Barroso, para quien se piden dos años de prisión y 10 de inhabilitación para cargo público por prevaricación urbanística, aseguró que los informes con advertencias de ilegalidad sí leían y luego se votaba, aunque minutos después intentó matizar esta aseveración. En cuanto a los contratos de obras mayores o paisajismo que habrían sido fraccionados para otorgarlos a las mismas empresas, sostuvo que se trataban de contratos con objetos diferentes, y que se otorgaban por “el interés social y para evitar males mayores”.
Así, defendió que la construcción de 40 nichos y 33 osarios en el cementerio se otorgó a la misma empresa “por el interés general y por salud pública. Para evitar que se crease un problema”. Preguntado por la fiscal dónde constaba el carácter de urgencia de las obras respondió de nuevo que se debía a un interés social y de salubridad y para evitar males mayores“.
“¿El interés general era de la Junta de Gobierno o de los ciudadanos?”, inquirió la fiscal. “De los ciudadanos, de los ciudadanos”, dijo Barroso.
“Nunca recibí presiones ni dinero para votar a favor de la concesión de licencias. Nunca pensé que podría estar prevaricando”, añadió.
La abogada que le representa, Olga López, volvió a la carga con su intención de achacar al juez instructor parcialidad en la investigación judicial. “¿Conoce usted al magistrado Nelson Díaz Frías?”. “Sí, claro, le he visto por Los Cristianos”.