La exconcejala de Hacienda en el Ayuntamiento de Puerto de La Cruz Sandra Rodríguez ha negado este miércoles que hubiese contratado “a dedo” a finales de 2015 a través de la empresa pública Pamarsa a una persona con la que entonces mantenía “una relación especial” y asegura que permaneció siempre al margen de todo el proceso.
En la vista oral celebrada este miércoles , Rodríguez, de CC y que asumió la alcaldía de este municipio tinerfeño tras el fallecimiento del alcalde Marcos Brito, rechazó también haber participado en el posterior nombramiento de este trabajador en indefinido, momento el que ya se había acabado la relación que, según dijo, “apenas duró un mes y medio”.
La Fiscalía no presentó escrito mientras que desde la acusación particular se apuntó que aunque en las empresas públicas el proceso de elección no es igual al de una administración en este caso “existió demasiada flexibilidad”, en cuanto que no hubo publicidad, ni una selección, ni imparcialidad.
La acusación pide la inhabilitación para Rodríguez, que actualmente es directora general de Infancia y Protección de la Familia del Gobierno de Canarias, para ocupar cargo público y pone bajo sospecha las sucesivas modalidades de contrato que pasaron de interino a eventual a tiempo completo y luego a indefinido, sin contar con la titulación requerida.
Actitudes todas ellas que son incompatibles con un empleo público en cuanto, según dijo la fiscal, había sido realizadas “a dedo” por “la amistad especial” que mantenían.
La defensa apuntó que no se dan las condiciones para concluir con que se está ante una prevaricación en la que la exconcejala actuó como cooperadora necesaria, entre otros extremos porque es el alcalde quien ejerce de presidente de la Corporación y de Pamarsa.
Rodríguez, según su defensa, no contaría con facultades para cometer este delito por las características de la empresa pública, a lo que se uniría que había otro concejal junto con el gerente que estaban al frente de este espacio.
Basó su defensa en que es una entidad ajena al Ayuntamiento que realizaba las contrataciones con su propio criterio.
Rodríguez indicó que cuando el gerente del Parque Marítimo le comunicaba que hacía falta personal ella se lo trasladaba a Pamarsa que realizaba las contrataciones sin que en ningún momento ella tuviera capacidad de influir ni de proponer a nadie.
Indica que las carencias de trabajadores también se las comunicaba al entonces alcalde, Lope Afonso quien intervino hoy como testigo.
En el caso particular del trabajador se tuvieron en cuenta sus conocimientos como socorrista y además luego sería propuesto coordinador y encargado de realizar unas obras especializadas en las piscinas.
El operario declaró que se enteró de que había una vacante porque se lo dijeron dos compañeros, que consiguió el puesto tras presentar su currículum, que siempre fue personal laboral no funcionario y que mantuvo con la exedil “una relación especial” que acabó en poco tiempo.
El entonces alcalde, Lope Afonso fue llamado a declarar como testigo por haber firmado el nombramiento, pero según dijo lo hizo, al igual que con los demás, una vez que se lo propuso Rodríguez pero negó cualquier participación directa en la elección del operario.
El exsecretario municipal desde 2012 a 2019 no recordaba que cuando compareció en sede judicial hace años advirtió sobre algunas “irregularidades” en el proceso y certificó que Pamarsa es una entidad cuyo capital es aportado en su totalidad por el Ayuntamiento bajo la forma de Sociedad Mercantil Pública.
El entonces gerente del Lago Martiánez desmintió que fuera el encargado de solicitar a la concejal personal para Pamarsa y que en su momento fue ésta quien le informó que éste operario había sido contratado.
El testigo dijo que llegó a protestar porque estaba realizando unos trabajos especializados sin contar con la cualificación precisa y que por lo tanto requerían contar con una empresa.