Fernando Clavijo quiere asumir la presidencia de Coalición Canaria sin imputaciones penales en los juzgados. Ante la inminencia del congreso nacional de su formación política (27, 28 y 29 de noviembre) y la evidencia de que la fiscal jefa de Santa Cruz de Tenerife, María Farnés Martínez, mantiene firmes sus cargos contra el expresidente de Canarias y exalcalde de La Laguna en el llamado caso Reparos, se han activado una batería de iniciativas destinadas a presentarlo ante la militancia como víctima del sistema judicial y de la “obsesión” del denunciante que lo ha conducido a los juzgados en dos ocasiones, una por el caso grúas y ahora por el caso reparos: el concejal de la ciudad de La Laguna Santiago Pérez.
La estrategia tiene dos frentes interrelacionados. En el mediático, Fernando Clavijo ha reanudado sus ataques a la fiscal María Farnés Martínez, ex responsable de la oficina Anticorrupción en Santa Cruz de Tenerife y ahora jefa provincial del Ministerio Público. En una reciente visita a Lanzarote, el expresidente la atacó sin miramientos por unas declaraciones a Televisión Canaria en las que insinuó estar en desacuerdo con el carpetazo dado por la Sala Segunda del Tribunal Supremo al caso Grúas, en el que estuvo involucrado Clavijo durante años y del que se libró después de adquirir la condición de aforado en su calidad de senador por la Comunidad Autónoma. En unas declaraciones recogidas por Crónicas de Lanzarote, el futuro jefe de Coalición Canaria dijo sentir “vergüenza” por esas manifestaciones de la fiscal, a lo que añadió que “el caso [Grúas] es inapelable y la sentencia [en realidad fue un auto] es contundente. No hubo que llamar a nadie [sic] y el tribunal ya dijo que lo que había no era indicado de ningún delito ni de nada”.
Para Clavijo “es extraño que una fiscal se dedique a conceder entrevistas cuando se le presupone que debe hacer su trabajo de una manera discreta”. En esa entrevista, la fiscal también se refirió al caso Reparos, en el que aparece clavijo como investigado en una pieza separada que la jueza de instrucción deberá enviar al Supremo en una exposición razonada si finalmente aprecia indicios razonables de delito en el levantamiento masivo de reparos del interventor para prorrogar millonarios contratos de servicios de empresas de distinto tamaño al Ayuntamiento de La Laguna. Martínez considera que esa causa está plenamente activa a pesar de algunas escaramuzas promovidas por los investigados y las explosivas afirmaciones de uno de ellos, el exconcejal socialista Javier Abreu, que acusó al denunciante de la trama, Santiago Pérez, de maquinar junto al interventor municipal para armar su denuncia y de presionarle para que en su declaración se “portara bien”.
En el plano jurídico, Clavijo ha promovido ante la jueza de instrucción el archivo de la causa en lo referido a los documentos que se investigan correspondientes a los primeros años de su mandato como alcalde, entre 2013 y 2015, por considerar que la jueza no ordenó ninguna diligencia de investigación durante los seis meses posteriores a la denuncia, plazo legal para una investigación penal. Pero en tal caso estarían vigentes los plazos para investigar algunos de los documentos que se incluyeron en la ampliación de la denuncia y en los que posteriormente incorporó la Fiscalía tras conocerlos por un procedimiento contencioso administrativo, cuando abandonó la alcaldía, y que aparecen en una ampliación de la denuncia a partir de la cual la jueza empezó a actuar.
De prosperar la pretensión de Clavijo, adelantada esta semana por el periódico El Día (Editorial Prensa Ibérica) sería la negligencia de la jueza instructora la que le beneficiaría en su intento por librarse de una investigación en la que se quedarían solos los demás imputados dado que sus actos se encuadrarían fuera del periodo que se pretende zanjar con esta iniciativa firmada por el abogado José Antonio Choclán.
Además, el abogado de otro de los encartados, el también exalcalde José Alberto Díaz, igualmente de Coalición Canaria, ha pedido a la instructora que imponga una fianza al denunciante para que pueda permanecer en los autos en calidad de acusación popular. La intención no es otra que dejar sola en la parte acusatoria a la Fiscalía Anticorrupción, contra la que hace tiempo existe una campaña de descrédito por parte de Coalición Canaria que tuvo un pequeño paréntesis el día en el que María Farnés Martínez pidió que se abriera una investigación por si el denunciante del caso pudiera haber cometido un delito contra la administración de justicia por tratar de influir en un investigado, el mencionado Javier Abreu.