El empresario Evaristo González Reyes, cuyas actividades tienen como epicentro al municipio tinerfeño de La Laguna, nunca pasa inadvertido. Este viernes, durante la celebración de la tercera sesión del juicio por la pieza principal del caso Corredor, decidió adornar su ya de por sí llamativa imagen con una bufanda roja que resaltaba aún más su presencia entre el resto de letrados, según informa Mirametv.com
Sentado en la bancada de los abogados, a pesar de ser el principal acusado de una presunta trama dedicada a perpetrar supuestas estafas, escuchó con atención el anuncio de la Fiscalía, que reafirmó en sus conclusiones la pena que solicita para el dueño de numerosos locales de ocio de la ciudad de Aguere: 16 años de cárcel.
La Fiscalía, que también ratificó su escrito de acusación contra los otros siete encartados, considerados testaferros en la presunta red criminal tejida por González Reyes, describió al empresario lagunero como una persona “cuya dinámica era siempre la misma: obtener un beneficio ilícito a costa de lo que fuera”.
A lo largo de las cuatro horas que duró la sesión, celebrada en la Sección Quinta de la Audiencia Provincial, la representante del Ministerio Público aprovechó para apuntalar los indicios que han llevado al banquillo a la supuesta trama. La declaración de los agentes de la Policía Judicial que investigaron los hechos, en una instrucción que comenzó en 2010, ayudó este viernes a clarificar algunos aspectos que sustentan la causa.
Aunque el caso Corredor saltó a la primera plana con la detención en 2012 de González Reyes, que pasó varios meses en prisión provisional, y del resto de acusados; el momento álgido de la instrucción, que dirigió en su fase más decisiva el juez César Romero Pamparacuatro, se vivió con la imputación del entonces alcalde de La Laguna, hoy presidente del Gobierno autonómico, Fernando Clavijo.
La pieza separada que afectaba al líder de Coalición Canaria terminó archivada tras anularse gran parte de las intervenciones telefónicas. El procedimiento quedó entonces sustentado en solo cinco meses de pinchazos, tiempo más que suficiente para sostener la acusación de la causa principal y de otro procedimiento, pendiente de juicio, por un presunto fraude a la Seguridad Social.
La posición de la fiscal, que ha llegado sola a la primera vista oral del caso Corredor, tras la retirada de la acusación particular después del archivo de la pieza que afectaba a Clavijo, contrasta con el otro lado de la sala, donde se aprietan los abogados de los procesados.
Junto a González Reyes, que se representa a sí mismo por medio de su extensión jurídica y una de las personas de su máxima confianza, el abogado Santiago Martínez, se sientan el resto de representantes legales. Todos ellos pidieron la libre absolución de los encartados y, bajo una estrategia centralizada en el letrado del cabecilla de la presunta trama, intentaron desacreditar el trabajo policial y las intervenciones telefónicas en las que se basan gran parte de los indicios.
Delante de todos ellos, el tribunal encargado de enjuiciar la causa: la Sección Quinta de la Audiencia Provincial. Si hay un magistrado que se caracteriza por ser un martillo con las partes, ese es el presidente de la sala, Francisco Javier Mulero. Los tres responsables de juzgar el caso Corredor fueron recusados sin éxito por Evaristo González Reyes, que acabó sancionado por mala fe. El resultado es que hoy no se permitió ninguna de las numerosas preguntas “impertinentes” que realizó el abogado Santiago Martínez, aunque la fiscal también se llevó algún rapapolvo por no concretar algunas de sus intervenciones.
El momento más tenso de la tercera sesión del juicio se vivió con la declaración del instructor jefe de la Brigada de la Policía Judicial que llevó a cabo la investigación. Fue claro en su discurso, como transparentes eran las conversaciones telefónicas entre los acusados. “Daban muchos datos, nombres y fechas; no tenían ni idea de que estaban siendo intervenidos y dejaban indicios claros de las estafas”, exclamó el agente a preguntas del Ministerio Público.
Actuación policial
El abogado de González Reyes, cuando lograba superar las constantes reprimendas del tribunal, buscó lanzar barro sobre las actuaciones de la Policía. Para ello insistió en recalcar lo que considera vicios durante la instrucción de los agentes: no pidieron las imágenes de las cámaras de seguridad del Cuadrilátero lagunero, en referencia a una de las presuntas estafas, vinculada a un supuesto incendio provocado en la discoteca BB+ para engañar a una aseguradora; mostraron pruebas supuestamente precintadas a testigos sin estar presente la secretaria judicial o, aunque la pregunta no fue permitida por el presidente de la sala, permitieron que el principal acusado se fumara un puro en el registro de una de sus propiedades.
Aunque el instructor jefe llegó a reconocer que “las investigaciones nunca son perfectas”, se mostró tajante a la hora de ratificar el trabajo policial. “Todo lo que escuchábamos en las conversaciones telefónicas lo íbamos corroborando documentalmente”, explicó a preguntas de la fiscal.
En la que fue la declaración más larga de la jornada, relató que la presunta trama de Evaristo González pivotaba sobre “lo que en el argot llamamos testaferros y hombres de paja”, en clara alusión a los demás componentes del banquillo de los acusados. El resto de agentes que desfilaron este viernes ante la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife se manifestaron en la misma línea.
A Evaristo González Reyes se le acusa por varios delitos de estafa, de intento de estafa y de presentación de testigos falsos. Los hechos parten de los pinchazos que llenaron los oídos de los agentes de la Polícia Judicial entre los meses de abril y septiembre de 2010. El resto de intervenciones telefónicas, hasta enero del año siguiente, fueron anuladas tras no aparecer el auto judicial que tenía que haberlas autorizado.
Testaferros y hombres de paja
En el punto de mira del tribunal se encuentra la bautizada como estafa de Intermobil. Los hechos se resumen así: el cabecilla de la presunta trama inscribió los 4.800 metros cuadrados de la parcela que hoy ocupa una marca comercial de venta de muebles a nombre de un cliente suyo, al que solo le correspondía un local de 75 metros cuadrados.
Con un poder de su cliente, realizó gestiones para obtener un crédito hipotecario de más de dos millones, para lo que utilizó como garantía la nave de Intermobil, “a sabiendas de que nunca iba a devolver el importe de ese préstamo”, según el relato de la Fiscalía. Entre lo documentación encontrada por la Policía en los registros de las propiedades de González Reyes figura un supuesto contrato ficticio de arrendamiento, que habría sido usado para dar más credibilidad a la operación, entre el cliente y la empresa por 12.000 euros mensuales.
Otra de las presuntas estafas está relacionada con la compra de un Volkswagen Touareg, de los que nunca se abonaron 46.183 euros de los casi 52.000 euros que costaba el vehículo. Todo ello gracias a una operación de ingeniera patrimonial que describe la fiscal en su acusación. Un representante de los vendedores reclamó este viernes el pago de la cantidad adeudada como responsabilidad patrimonial de los acusados.
El reembolso de un billete de avión en la agencia de viajes de El Corte Inglés, mediante un parte hospitalario de un médico que estaba de vacaciones, y que este viernes no recordó casi nada durante su declaración como testigo; el presunto engaño a una aseguradora para cobrar la indemnización por un incendio provocado en la discoteca BB+, según una conversación telefónica en la que González Reyes afirma que “este sí me salió bien”; la compra fraudulenta de piezas de marfil a una pareja, valoradas en más de 20.000 euros; o el supuesto uso de testigos falsos en una causa judicial para ayudar a una amiga son el resto de hechos que conforman los miles de folios que se acumulan sobre la mesa de los tres magistrados de la Sección Quinta.
La fiscal repasó una por una todas las actuaciones que considera delictivas. “Hay pruebas suficientes para condenar a González Reyes”, destacó a lo largo de la hora casi exacta que duró su intervención final. El turno de las defensas fue más breve, sobre todo porque quedó en el aire por falta de tiempo la exposición del abogado Santiago Martínez, que se reanudará en la última sesión del juicio, fijada para el próximo 22 de abril.
Los letrados de los llamados testaferros también aprovecharon sus conclusiones para cuestionar las intervenciones telefónicas y los registros realizados. Cuando bajaron al fondo de los hechos, lo hicieron para insistir en el papel secundario y la debilidad de las pruebas contra sus representados. La Fiscalía no quiere dejar libre de responsabilidad a los que considera “los hombres de paja de los que se valía” Evaristo González Reyes. La última palabra la tendrá el tribunal que preside Francisco Javier Mulero, que antes de dejar la pieza principal del caso Corredor vista para sentencia tendrá que escuchar al abogado del considerado cabecilla de todo, aunque. eso ya será después de la Semana Santa.