El fiscal se ha ratificado este martes en pedir penas de 7,5 años de prisión para cada uno de los tres acusados por presuntos delitos de cohecho, fraude y prevaricación, el exconcejal de Arico Álvaro Arbelo y dos empresarios, durante la última jornada de celebración del juicio correspondiente.
Exige también que durante la ejecución de la sentencia se fije el dinero supuestamente defraudado, que la Guardia Civil cifra en 40.000 euros, y se proceda a su devolución al Ayuntamiento.
Los hechos se remontan a 2010 y 2011 cuando según el Ministerio Público los empresarios y el concejal se habrían puesto de acuerdo para adjudicar obras “a dedo” y luego quedarse con parte de las cantidades pagadas.
El supuesto delito de fraude se basaría en que los presupuestos de las obras se alargaban al máximo posible que permite la ley.
El de prevaricación sólo afectaría al concejal y se justificaría en que no estaba capacitado para llevar a cabo adjudicaciones.
En este momento existen, al menos, dos personas relacionadas con este caso que se encuentran en paradero desconocido, una mujer que controlaba una de las empresas de un acusado que lleva diez años desaparecida y otro tanto ocurriría con el trabajador de una asesoría.
El hijo de otro empresario que figuraba como apoderado aseguró que no desempeñaba ninguna labor, lo que ha llevado al fiscal a concluir con que los dos empresarios eran los que realmente controlaban estas cinco empresas calificadas de ficticias.
Y ello es así dado que carecían de personal y de medios materiales, por lo que debían recurrir constantemente a las subcontrataciones y realizar las obras con trabajadores autónomos.
En una ocasión la sede de una empresa era la casa particular y además las sociedades no cumplían con sus obligaciones fiscales, contables y carecían de inventario.
Lo cierto es que por aquellos años estaba prohibido subcontratar las obras y sólo permitía hacerlo en un determinado tanto por ciento.
Se da la “casualidad” de que cuando se abría un concurso, todas las empresas bajo sospecha presentaban sus propuestas el mismo día.
Los tres abogados de los acusados coincidieron en pedir la libre absolución en cuanto que todas las contrataciones fueron legales al estar avaladas por los funcionarios del Ayuntamiento y contaron con los informes preceptivos.
El letrado del exconcejal dijo que ninguna de la pruebas presentadas por la Fiscalía tenía fuerza y hay errores en las cantidades supuestamente defraudadas.
“Aquí no ha existido ninguna mano negra pero lo que sí hay son documentos manipulados que aparecen después de la instrucción”, dijo.